Cambios a la Ley Humanitaria comienzan su análisis en la Asamblea

El legislador independiente Roberto Gómez presentó en el anterior período de la Asamblea una propuesta de reforma a la Ley Humanitaria en diciembre de 2020, pero recién fue aprobado por el CAL en junio de 2021. Su propuesta plantea que la Ley Humanitaria se olvidó de incluir facilidades para el pago de la Seguridad Social. Por ello, plantea que las personas o empresas que no hayan podido realizar el pago de sus obligaciones con la seguridad social entre los meses de marzo y  diciembre de 2020, puedan hacerlo sin generación de intereses, multas, ni recargos, y sin que se genere responsabilidad patronal.  

La legisladora correísta Victoria Desintonio propuso un solo cambio a la Ley Humanitaria: que se deroguen los artículos del 16 al 23 de esta normativa. Estos artículos están agrupados en el capítulo 3 de la ley, llamado "medidas para la sostenibilidad del empleo". Este creó el contrato especial emergente, que permite contrataciones a tiempo parcial o completo con un mínimo de 20 y un máximo de 40 horas semanales, y su remuneración proporcional a las horas trabajadas. En este capítulo también se permitió la reducción de la jornada de los trabajadores, bajo acuerdo con los empleados, en hasta el 50% de su jornada, con la respectiva reducción de su salario. A criterio de la legisladora, estas medidas no ayudaron a enfrentar el desempleo, que incluso ha seguido subiendo en los últimos meses.

El legislador por Pachakutik, Mario Ruiz, propuso 21 cambios en la normativa. Los principales serían:

• Que las instituciones educativas otorguen rebajas de hasta el 50% a los alumnos que hayan perdido familiares por Covid-19 hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
• Que la suspensión al alza de los costos de los servicios básicos se mantenga hasta que el país supere la crisis sanitaria.
• Que la reprogramación del pago de cuotas al sistema financiero se mantenga hasta el fin de la crisis sanitaria. Y que las entidades bancarias y emisoras de tarjetas de crédito suspendan los cobros a las personas que hayan perdido un familiar por Covid-19 hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Esta iniciativa es la única que aún no ha sido calificada por el CAL, pues aún está en revisión en la Unidad de Técnica Legislativa. Si supera este paso, el proyecto también deberá entrar en la Comisión de Garantías Constitucionales. Esta propuesta de reforma plantea lo mismo que la de la asambleísta Desintonio: derogar los artículos del 16 al 23 de esta normativa, que hablan de los contratos emergentes y la reducción de la jornada. Pero también propone derogar nueve disposiciones transitorias y una general.