Dos exmilitares, que estuvieron en el proceso de compra de las aeronaves y el representante de la empresa que las vendió se suman a los procesados.
Nota actualizada el 13:00, del 12 de enero de 2022, con la decisión del juez Luis Rivera.
El juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, dictó -este miércoles 12 de enero de 2022- la prohibición de salida del país y presentación periódica contra los tres vinculados al proceso por presunto peculado: Alonso Espinosa, Juan Cortez y Antonio Puga.
Y, según la Fiscalía, el juez también dispuso la prohibición de enajenar bienes inmuebles por un monto equivalente a 500 salarios básicos (USD 212.000).
Y, como PRIMICIAS adelantó el martes, la instrucción fiscal del caso se alargará 30 días más. En este periodo, por decisión de Rivera, continúa la prohibición de enajenar los tres helicópteros Dhruv.
Luego de eso la Fiscalía deberá presentar su dictamen acusatorio o abstentivo contra los 18 sospechosos.
¿Cómo se llegó a esta etapa?
El 7 de octubre de 2021, la Fiscalía formuló cargo contra 15 personas por presunto peculado en el contrato para adquirir los helicópteros Dhruv, con la empresa india Hindustan Aeronautics Limited (HAL), por un valor de USD 45,2 millones.
El juez Luis Rivera abrió la etapa investigativa por 90 días, que culminaron el 7 enero de 2021. Sin embargo, antes de que esa fase concluya la Fiscalía solicitó la vinculación de tres personas más a la instrucción.
Inicialmente, la audiencia fue citada para el 5 de enero de 2022, pero no se instaló debido a la falta de notificación a los tres nuevos procesados.
La diligencia fue reagendada para la tarde del lunes 10 de enero de 2022, pero tampoco se instaló porque, a última hora, uno de los procesados cambio de abogado. El juez Rivera volvió a convocar para las 09:00 del miércoles 12 de enero.
Los nuevos procesados
Con la vinculación de tres personas más, la Fiscalía espera reforzar su teoría del caso. Según la investigación fiscal, el proceso estuvo plagado de irregularidades que empezaron en la fase precontractual. El Ministerio de Defensa hizo tres intentos fallidos de adquisición.
En el tercero, incluso, ya hubo una recomendación para adjudicar el contrato a HAL, pero se volvió a declarar desierto por problemas técnicos.
Entre las pruebas que la Fiscalía tiene el oficio No. 787-EE-0-2008, del 1 de abril de 2008, suscrito por Jorge Gabela, excomandante de la FAE, y dirigido a Carlos Morales San Martin, exdirector Ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional.
En ese oficio, entre otras cosas se adjuntó, el proyecto de contrato para la adquisición de siete helicópteros, suscrito por la Comisión de Proyecto de Adquisición de Helicópteros integrada por Antonio Puga Dávila en calidad de Jefe y cuatro personas más.
El informe de la necesidad para la adquisición de los helicópteros Dhruv fue suscrito también por Puga Dávila.
En ese documento, según la Fiscalía, “no se evidencia una justificación técnica o estadística que defina específicamente que la necesidad del Ala de Combate No. 22 debería haber sido de siete helicópteros, que tengan una capacidad de transporte de entre ocho y 20 personas”.
El caso Dhruv
Entre los 15 funcionarios que ya están procesados están dos conocidos exministros de Defensa de la administración de Rafael Correa, además de tres exjefes militares.
A ellos se suman cuatro integrantes del Comité de Contrataciones de la Fuerza Aérea del Ecuador (FAE) y seis miembros de la Comisión de Análisis de Ofertas.
13 años después de la compra de siete helicópteros por parte del gobierno de Rafael Correa, la Fiscalía general persigue a los presuntos responsables de un perjuicio millonario en contra del Estado Ecuatoriano.
Una compra de aparatos inadecuados que costó tres vidas de militares y causó heridas a otras siete personas.
Además de los USD 45,2 millones que costaron las aeronaves Dhruv, el pago por seguros de los helicópteros, que están parados. Así como las reparaciones a las familias de las víctimas mortales y de los heridos ha significado al Estado el pago de otros USD 11,7 millones.
Por esto, la Fiscalía, a través de una pericia, ha cifrado en USD 63,2 millones el perjuicio causado al país por este caso.
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