Caso Las Torres: tres testigos protegidos confirman esquema de sobornos

Con la incorporación de tres testimonios anticipados, el viernes 27 de agosto de 2021 concluyó la fase investigativa en el denominado caso Las Torres.

Como parte de este caso, la Fiscalía intenta demostrar que en la Contraloría General del Estado, en la Secretaría de la Presidencia y en Petroecuador existió una estructura de delincuencia organizada entre 2012 y 2019.

Según la Fiscalía, funcionarios de estas entidades gestionaron y cobraron sobornos a cambio de desvanecer glosas y agilizar pagos atrasados a la empresa Nolimit, proveedora de la estatal petrolera.

Precisamente, dos de los tres testimonios anticipados fueron de Sebastián Saa Guarderas y Sebastián Robles, extrabajadores de Nolimit. Ambos rindieron su versión ante el juez Felipe Córdova de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). También acudió Luis Miño, funcionario de la Contraloría.

Pero Córdova declaró reservados los testimonios y por ello no fueron de libre acceso.

PRIMICIAS conoció que los tres testigos protegidos confirmaron que hubo un esquema de sobornos, algo que ya habían dicho en sus versiones libres y voluntarias:

• Sebastián Saa Guarderas, gerente de Nolimit: conoció a Raúl de la Torre y Roberto Barrera, emisarios de Petroecuador. Supo de la solicitud de una comisión del 20% para el pago de facturas.
• Sebastián Robles, gerente de Procura de Nolimit: realizó transferencias, desde una empresa en Estados Unidos, a pedidos de los dueños de Nolimit.
• Luis Miño, funcionario de carrera de la Contraloría: fue designado como subcontralor por Pablo Celi. En ese cargo, recibió órdenes verbales de Celi para desvanecer glosas, entre esas las de Nolimit.

La etapa intermedia

Una vez concluida la instrucción fiscal, el caso pasa a la denominada etapa intermedia, que se realiza con la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

Esta diligencia está convocada para el 7 de septiembre de 2021, y allí la fiscal Diana Salazar expondrá todos los indicios recabados durante los 120 días de investigación.

Las principales pruebas que Salazar expondrá llegaron de Estados Unidos. A través de asistencias penales internacionales, la Fiscalía recolectó las delaciones de Raúl De la Torre y Roberto Barrera.

De la Torre y Barrera fueron detenidos y juzgados en Estados Unidos por lavado de activos. En ese país se les encontró dinero efectivo proveniente de los sobornos de Petroecuador.

Luego de escuchar los indicios recolectados por la Fiscalía, el juez Córdova recibirá los descargos de los 15 procesados. Con base en ambas partes, definirá quienes irán a juicio.

Para un eventual juzgamiento, la Fiscalía ya ha asegurado seis testimonios. Además de Saa Guarderas, Robles y Miño, anteriormente rindieron versión Raúl De la Torre y los dueños de Nolimit: José Luis De la Paz y Pedro Crespo.

Tres acusaciones

Si bien la Fiscalía presentó la acusación oficial, en las etapas preparatoria y de juicio, el caso Las Torres también tendrá dos acusaciones particulares. Se trata de la Procuraduría General del Estado y de Petroecuador.

Ambas entidades presentaron su acusación al cierre de la instrucción fiscal. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), esta condición les permitirá reclamar indemnizaciones en el caso de que haya una sentencia condenatoria.

Por su parte, la Fiscalía acusa a 15 personas, y a la cabeza de este grupo están el excontralor Pablo Celi y su hermano Esteban. También constan Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, el padre y madre de este último funcionario. Y por último se acusa a Adolfo Agusto, hermano del exsecretario de la Presidencia en el gobierno de Lenín Moreno.

Mientras que la Procuraduría acusará a 13 personas. En relación con la lista de la Fiscalía, la entidad excluirá a Elsie Cueva, madre de Pablo Flores, y a Andrés Luque, un empresario presuntamente involucrado en el movimiento de los sobornos.

En tanto que Petroecuador acusará a 11 personas, pero aún no ha hecho públicos los cuatro nombres que excluirá, con relación a la acusación fiscal.

Uno de los Celi acepta el delito

Previo a la instalación de la audiencia preparatoria de juicio, en la misma Corte Nacional se instalará una audiencia de procedimiento abreviado y solicitada por Esteban Celi, hermano del excontralor.

Según el COIP, para someterse a este procedimiento, Celi debe admitir el cometimiento del delito que se le atribuye.

En este caso, la Fiscalía señala a Esteban Celi de gestionar, a nombre de su hermano, el pago de sobornos a cambio del desvanecimiento de glosas en la Contraloría General del Estado.

Con la aceptación del delito, Celi esquivará el juicio y recibirá una pena reducida. Según la ley, la rebaja no podrá ser menor al tercio de la pena mínima.

En este caso, las penas por delincuencia organizada van de siete a 10 años; es decir, Celi podría obtener una pena rebajada de hasta dos años y cuatro meses de cárcel.

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