Caso Las Torres: empresas cercanas a los procesados firmaron contratos con el Estado

El caso Las Torres es el más reciente escándalo de corrupción pública del país. En este proceso penal de delincuencia organizada, la Fiscalía investiga una red de corrupción que operaba en la Secretaría General de la Presidencia, en la Contraloría y en Petroecuador.

Según la teoría de la Fiscalía, funcionarios exigían sobornos a contratistas a cambio del pago de planillas atrasadas y el desvanecimiento de glosas.

Por este proceso, siete personas cumplen prisión preventiva. Los más conocidos son el contralor Pablo Celi, y José Agusto Briones, exsecretario de la Presidencia. Además están tras las rejas los hermanos de ambos.

Inicialmente, la Fiscalía habló únicamente de contratistas de Petroecuador involucrados en la trama de corrupción.

Pero luego de una revisión en el Servicio de Contratación Pública (Sercop), se evidencia que hay más empresas vinculadas a los acusados. Y estas compañías también accedieron a más contratos con entidades públicas.

Según la Superintendencia de Compañías, nueve de los 14 involucrados en el caso tienen participación en 52 empresas registradas en Ecuador, como accionistas o como administradores.

De estas 52 compañías, cinco empresas tienen 22 contratos con el Estado por USD 21,7 millones. Además, las firmas se relacionan con cinco involucrados.

Estos USD 21,7 millones se unen a los USD 50,3 millones de los contratos que la empresa Nolimit firmó con Petroecuador. Es decir, las compañías vinculadas al caso Las Torres suman USD 72 millones en contratos pendientes con el Estado.

Nolimit fue la primera empresa que investigó la Fiscalía para formular cargos contra Celi y Agusto Briones.

La red llegó a más entidades

Por este nuevo caso de corrupción, que se tramita en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), hay un total de 14 involucrados. En este grupo hay cinco personas con orden de detención con fines investigativos, como Pablo Flores, exgerente de Petroecuador.

Por otra parte, entre las cinco empresas vinculadas en la trama hay contratos que se suscribieron entre 2011 y 2021.

Entre las entidades públicas que contrataron están Ecuador Estratégico, Petroecuador, el Servicio de Contratación de Obras (Secob), el Ministerio de Educación, el IESS, la CNEL, entre otras.

Luis Agusto Briones, hermano del exsecretario de la Presidencia, es el acusado con contratos pendientes por más dinero. A través de dos empresas, su grupo suma USD 12,9 millones.

Estos no son -necesariamente- los únicos acuerdos del hermano de Agusto Briones con el Estado. Más bien, son aquellos que hasta el 16 de abril de 2021 están pendientes de cierre. Eso puede deberse a diversos motivos.

Por ejemplo, el Consorcio Ama & Gakk Wiring, ligado a los procesados Giomara López y Ángelo Rodríguez, tiene tres procesos pendientes con Petroecuador por USD 5,8 millones.

La estatal petrolera explicó a PRIMICIAS que los trabajos están terminados y se ha firmado un acta de recepción provisional.

Sin embargo, existe un proceso de mediación en la Procuraduría General del Estado por reclamación de gastos en periodos de suspensión requerido por la contratista. Y, por esta razón, aún aparecen como pendientes en el sistema.

Nolimit pagaba comisión del 15%

Aunque se conoce que los sobornos, para cobro de planillas y desvanecimiento de glosas, no involucran a una sola empresa contratista, la Fiscalía utilizó un solo ejemplo para formular cargos y empezar el caso Las Torres.

Se trata de la empresa Nolimit. Raúl de la Torre, sobrino del contralor Pablo Celi, habría exigido pagos indebidos a esta compañía a cambio de que Petroecuador le cancele algunas planillas atrasadas en 2019. La comisión habría sido del 15%.

Pero, además, De la Torre sirvió de nexo entre Nolimit y la Contraloría para acordar el desvanecimiento de cinco glosas por USD 13 millones.

Según el registro del Sercop, Nolimit todavía tiene tres contratos pendientes de finalización con Petroecuador. Todos suman USD 50,3 millones.

Por su parte, Petroecuador explicó que los contratos con Nolimit se encuentran pendientes de suscripción de actas de entrega-recepción definitiva y tienen saldos por cancelar.

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