Luego de la audiencia de formulación de cargos del caso Las Torres, Petroecuador reúne los indicios necesarios para acusar particularmente a los procesados.
La estatal petrolera se considera una de las víctimas del caso Las Torres. No es un detalle menor, el estatus de víctima le daría derecho a pedir una reparación integral.
Por eso los abogados de Petroecuador acudieron a la audiencia de formulación cargos del caso Las Torres, la noche del 13 de abril y la madrugada del 14 de abril, y el juez Felipe Córdova le reconoció a la empresa petrolera estatal esa condición.
Ahora el equipo jurídico de Petroecuador presentará una acusación particular.
La empresa aún evalúa contra quienes de los nueve procesados presentará la acusación, en un caso de supuesta delincuencia organizada que ha puesto de rodillas a poderosos funcionarios estatales.
De la lista resaltan los nombres del Contralor General, Pablo Celi y del ex secretario general de la Presidencia de la República y exministro de Energía, José Agusto Briones, así como el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, quien no fue detenido.
El caso Las Torres investiga una supuesta red que operó para exigir sobornos a proveedores de Petroecuador con dos objetivos:
- Agilizar el pago de facturas pendientes a proveedores de la empresa, al menos desde 2019.
- Desvanecer glosas de la Contraloría General del Estado contra algunos de esos proveedores.
El delator
La información que sirvió de base para construir esta investigación está en manos de la Fiscalía, que la recibió el 27 de febrero de 2021 de manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Se trata de una asistencia penal internacional en la que constan las delaciones de Raúl de la Torre, un exasesor de Petroecuador y sobrino de Pablo Celi.
También están en esos archivos las declaraciones de los accionistas y de los representantes de empresas como Nolimit, una proveedora ecuatoriana de Petroecuador, que habría pagado sobornos para cobrar sus facturas pendientes por la provisión de equipos para la refinería de Esmeraldas.
De la Torre fue apresado en Estados Unidos con dinero en efectivo, en 2019.
Se declaró culpable de lavado de activos y delató a otros integrantes de la red. A cambio de una pena reducida de un año, que ya cumplió en Miami.
Según lo que se conoce hasta el momento de las delaciones, De la Torre ha aceptado que exigió y recibió sobornos de Nolimit para el pago de facturas y el desvanecimiento de glosas.
Pero Nolimit no sería la única empresa involucrada en esta trama. Es decir, podría haber más empresas que pagaron sobornos.
En la audiencia de formulación de cargos se nombró, por ejemplo, a MMR Group, otra de las contratistas de la fracasada 'repotenciación' de la refinería de Esmeraldas.
Una obra emprendida en el gobierno del expresidente Rafael Correa y en la que el país perdió USD 2.200 millones.
El peaje de 15%
En 2016, la Fiscalía ya descifró una relación ilícita entre MMR Group, Nolimit y una empresa más con Petroecuador.
Estas compañías tenían un nexo familiar con el exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, hoy sentenciado y preso por corrupción.
Con base en esa relación familiar, estas entidades acapararon 140 contratos millonarios.
Según conoció la Fiscalía, De la Torre exigía a las empresas hasta el 15% de cada factura pendiente como soborno para agilizar el pago.
Mientras que José Agusto, desde la Secretaria General de la Presidencia, se aseguraba que De la Torre mantuviera su cargo en Petroecuador.
Agusto a la cabeza
Y es que según la formulación de cargos de la Fiscalía, a la cabeza de esta estructura de delincuencia estaban José Agusto Briones, quien ese entonces era secretario General de la Presidencia de Lenín Moreno y el propio Raúl de la Torre.
Con base en su jerarquía, Agusto exigió la permanencia de De la Torre en Petroecuador. Y De la Torre se encargó de seguir cobrando los sobornos.
A continuación, un diagrama de los integrantes y de la estructura de este caso (acerque y aleje la imagen para mirar a todos los integrantes y sus relaciones):
¿Qué se viene?
Con la formulación de cargos, la Fiscalía tiene 90 días para investigar y acusar formalmente a los nueve procesados. Sin embargo, es probable que el tiempo se extienda a 120 días.
Esto porque todavía hay cinco personas que tienen orden de detención con fines investigativos y con su vinculación el plazo se alargará.
Entre estos están Pablo Flores y su padre, Marco Flores Troncoso.
Luego de la investigación, la fiscal Diana Salazar deberá presentar una acusación ante el juez Felipe Córdova. Y, con base en los indicios que se recojan en ese dictamen, el magistrado definirá si los acusados pasan a juicio.
Finalmente, en caso de que los llame a juicio, los procesados se exponen a una pena de cárcel de cinco a siete años.
Aunque haya una sentencia, para que sea definitiva deberán agotarse primero las instancias de apelación y casación. No hay un plazo determinado para todo este proceso.
Mientras tanto, los detenidos permanecerán en la Cárcel 4 de Quito.
Solo Pablo Celi ostenta actualmente un cargo público. La Contraloría informó que mientras esté preso sus funciones se le encargarán a Valentina Zárate.
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