Ocho funcionarios y exfuncionarios públicos, siete empresarios y tres familiares de los funcionarios están en la mira de la justicia. La Fiscalía y la Policía hicieron 25 allanamientos. Hubo nueve detenciones.
La investigación lleva 22 meses. En junio de 2019, luego de conocer la detención de dos funcionarios de Petroecuador en Estados Unidos, la Fiscalía empezó a indagar lo que ocurría.
Raúl de la Torre y Roberto Barrera, quienes eran asesores en Petroecuador fueron detenidos en Miami con dinero en efectivo. No pudieron comprobar ni justificar su procedencia ante las autoridades de ese país.
Fueron procesados y se declararon culpables de lavado de activos. Confesaron que recibieron USD 3,15 millones de un contratista de Petroecuador, a cambio de ayudarlo a conseguir contratos.
Por haber colaborado ambos recibieron penas reducidas. Para esto, además, tuvieron que hacer algunas delaciones ante la justicia estadounidense.
Declaraciones que ya están en manos de la Fiscalía ecuatoriana, que ha emprendido ya las indagaciones.
La madrugada del 13 de abril de 2021, la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron 25 operativos en Quito, Guayaquil y su exclusivo sector de Samborondón.
Había 14 órdenes de detención con fines investigativos y más de 20 órdenes de allanamiento. En total, hay 18 personas, entre funcionarios, exfuncionarios, empresarios y familiares de los protagonistas, que están siendo indagados por la Fiscalía.
¿Qué se investiga?
Según la hipótesis de la Fiscalía, Raúl De la Torre se encargaba de solicitar y recibir sobornos a contratistas de Petroecuador. Se menciona, por ejemplo, el caso de la empresa Nolimit.
Nolimit tuvo varios contratos con Petroecuador. Los últimos se firmaron en 2016. En esa época la petrolera estatal era dirigida por Carlos Pareja Yannuzzelli.
Actualmente Capaya, como se conoce popularmente a Pareja, está en la cárcel y acumula sentencias por corrupción cercanas a los 40 años.
Nolimit tiene relación con Álex Bravo, también exgerente de Petroecuador y sentenciado en varios casos de corrupción. En mayo de 2016, se conoció que Nolimit y otras dos empresas cercanas a la familia de Bravo acapararon 140 millonarios contratos con Petroecuador.
Según la Fiscalía, los funcionarios de Petroecuador recibían los pagos indebidos a través de terceras personas y de otras empresas. A cambio aseguraban el pago de facturas pendientes a empresas como Nolimit.
Entre las personas que entregaban esos pagos, los investigadores señalan cuatro nombres: Luis Agusto Briones, Giomara López, Ángelo Rodríguez y la empresa Fraxianer.
Agusto Briones es hermano de José Agusto Briones, exsecretario general de la Presidencia de Lenín Moreno y exministro de Energía.
Incluso, la Fiscalía dice que José Agusto Briones dispuso que De la Torre no fuera removido de su cargo en Petroecuador, con el fin de que siguiera cobrando los sobornos.
Giomara López, en cambio, según la Superintendencia de Compañías, tiene relación accionarial y laboral con cuatro compañías.
Una de estas es Amaenergy Service. Según el Sercop, esta entidad tiene cuatro contratos pendientes con el Estado. Tres de estos fueron firmados tras licitaciones con Petroecuador, entre 2011 y 2012.
Certificado de procesos pendientes de Amaenergy.
La empresa Fraxianer forma parte de un entramado societario liderado por Andrés Luque.
Luque es accionista en ocho empresas, además de Fraxianer. Y es directivo en otras cinco entidades.
Algo que llamó la atención a la Fiscalía es que Fraxianer es gerenciada por Néstor Medina, un hombre de 75 años que se dedica a la carpintería. Este nombramiento se repite en otras cinco empresas del entramado.
Relaciones societarias de Néstor Medina. Captura de pantalla
Los pagos de parte de Nolimit, según la Fiscalía, fueron exigidos por Pablo Flores, exgerente de Petroecuador. A cambio, Flores ofreció que se le pagarían planillas pendientes a Nolimit.
Ese pago fue gestionado por Natalia Cárdenas, una funcionaria con un amplio recorrido en el sector público, desde la época del correísmo (ver fichas al final de la nota) y quien fue asesora de gerencia de Flores.
En el ámbito jurídico, en cambio, la red habría sido asesorada y ayudada por Marco Prado, quien era procurador jurídico de Petroecuador.
Prado gestionó el pago de las planillas pendientes, a cambio de los sobornos.
También en la Contraloría
La red de corrupción no se quedó en los sobornos en Petroecuador. También se acordaron pagos a cambio del desvanecimiento de glosas en la Contraloría.
En esta parte también entra en escena Raúl de la Torre, quien es sobrino de Pablo Celi, actual contralor subrogante.
El Contralor habría autorizado a su hermano, Esteban Celi, para que negocie el desvanecimiento de cinco glosas por USD 13 millones que habían sido impuestas a Nolimit. Por ese ‘favor’ recibió dinero.
Esas glosas, inicialmente, habían sido establecidas por Luis Miño y Nelson Dueñas, funcionarios de carrera de la Contraloría, que actuaron como subcontralores al momento de firmar las glosas.
El 13 de abril, los dos fueron retenidos durante ocho horas para investigaciones.
¿Qué encontraron?
Computadoras, dispositivos de almacenamiento, celulares, una caja fuerte y documentación financiera. Esos fueron algunos de los elementos que la Fiscalía recopiló en los últimos allanamientos.
También se incautaron cerca de USD 100.000. De los cuales USD 19.500 se encontraron en la oficina de Esteban Celi, hermano del Contralor, que dirige un estudio jurídico.
Otros USD 9.145 se hallaron en el domicilio de Nelson Dueñas.
Y USD 38.037 fueron encontrados en la casa de José Agusto Briones, exsecretario de la Presidencia.
Los nueve detenidos fueron llevados a la Unidad de Flagrancia, en el norte de Quito, donde se les practicaron los exámenes médicos de rutina. Y esperaron hasta la formulación de cargos por delincuencia organizada.
Al lugar, durante el día, fueron llegando los abogados contratados por cada uno. El contralor Celi, por ejemplo, será representado en el proceso por Jorge Luis Ortega, exabogado del correísta Walter Solís en el caso Sobornos 2012-2016.
La audiencia de formulación de cargos contra los nueve detenidos empezó cerca de las 19:00 del 13 de abril. Y concluyó cerca de las 04:00 del siguiente día.
El juez nacional Felipe Córdova dictó prisión preventiva contra Pablo Celi, contralor General; José Agusto, exsecretario de la Presidencia, y contra cinco personas más.
Nota de la Redaccción: En una versión anterior de esta noticia publicada el 13 de abril de 2021 identificamos incorrectamente al señor Marco Prado, quien era procurador jurídico de Petroecuador, con el nombre de Mario Prado. Por lo anterior ofrecemos disculpas a los lectores. Este texto fue actualizado el 14 de abril de 2021.
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