Caso Las Torres: Defensa de Pablo Flores consiguió postergar testimonios

Horas antes de su instalación, la audiencia fue diferida a una fecha por definir. Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, solicitó ampliar pericias a chats.

El juez Felipe Córdova dirige la audiencia de vinculación en el caso Las Torres, el 17 de mayo de 2021.

CNJ

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22 jul 2021 - 11:04

La decisión se tomó a último minuto. Cerca de la medianoche del miércoles 21 de julio de 2021, el juez Felipe Córdova difirió la audiencia en la que se debían tomar seis testimonios anticipados del caso Las Torres.

La audiencia estaba fijada para las 08:00 del 22 de julio. Se escucharía, entre otros, a Raúl De la Torre, sobrino del excontralor Pablo Celi, y a José De la Paz, accionista de Nolimit.

Ambos testificarán en calidad de testigos protegidos desde los consulados de Ecuador en Miami y Washington, en Estados Unidos. Sin embargo, esos testimonios deberán esperar a una nueva fecha todavía por definirse.

El diferimiento se debe a una solicitud realizada por Pablo Encalada, abogado del exgerente de Petroecuador, Pablo Flores.

Encalada no solo solicitó el diferimiento, sino que se revoque la convocatoria para los testimonios anticipados. Esto porque, según esta defensa, los convocados no están imposibilitados de asistir a un juicio, es decir, no se justifica que testifiquen anticipadamente. Pero esto no fue aceptado por el juez.

El argumento que sí fue aceptado por el juez para diferir la audiencia tiene que ver con pericias pendientes. La defensa de Flores solicitó la ampliación de los informes sobre los chats que involucran a De la Torre y De la Paz.

En estos chats, De la Torre y De la Paz involucran a Pablo Flores en la estructura delictiva. Incluso, De la Torre se identifica como emisario de Flores para solicitar sobornos a la empresa Nolimit.

Una vez que se cumpla con estas pericias, Córdova volverá a convocar a los testimonios anticipados.

En este caso, la Fiscalía intenta probar un caso de delincuencia organizada. Según la teoría fiscal, en la Contraloría, Petroecuador y en la Secretaría de la Presidencia se montó una estructura que exigía sobornos a cambio de desvanecer glosas y pagar facturas atrasadas.