Si bien la corrupción ocurrió sobre todo en Petroecuador, con el pago de sobornos, documentos en manos de la Fiscalía muestran que la red llega más arriba en la jerarquía estatal.
Aunque no son procesados en el caso Las Torres, hay dos nombres clave para entender la corrupción en Petroecuador y la Contraloría General del Estado.
Estos nombres son Raúl De la Torre, exfuncionario de Petroecuador y sobrino del contralor Pablo Celi (ahora en la cárcel 4). Y Roberto Barrera, un empresario inmobiliario de Manabí.
Ambos, según la información en manos de la Fiscalía, eran los emisarios de Pablo Flores, el exgerente de la petrolera estatal Petroecuador.
Flores se encuentra en la lista de 14 personas a las que la Fiscalía investiga por el llamado caso Las Torres, tiene orden de captura con fines investigativos, pero no ha sido localizado aún.
De la Torre y Barrera se encargaban de gestionar y exigir sobornos a empresas contratistas de Petroecuador, a cambio de abrirles el paso para que cobraran facturas pendientes con la petrolera.
Los dos fueron atrapados y sentenciados en Estados Unidos, donde delataron al resto de los integrantes de esta trama.
Mi amigo ‘Capaya’
Entre los documentos que forman parte del expediente de la Fiscalía está la declaración de Pedro Crespo, uno de los accionistas de la empresa Nolimit.
Esta compañía es proveedora de Petroecuador y, según la Fiscalía, entregó sobornos para que Petroecuador le pagara sus facturas atrasadas y también sobornó para que la Contraloría le retirara varias glosas.
A cargo de Crespo, quien era accionista y director de proyectos de Nolimit, estaba a la ejecución de todos los contratos que la empresa tenía con Petroecuador.
La relación de Nolimit con Petroecuador empezó en 2012, cuando Nolimit envío una carta a la Gerencia de Refinación para que le autorizara el ingreso a las refinerías de Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi con el fin de elaborar una informe técnico sobre el estado de los equipos.
La respuesta fue positiva y, durante dos meses, Nolimit levantó la información y presentó un informe. Sin embargo, Petroecuador no le dio ninguna respuesta.
A mediados de 2012, Crespo aprovechó que conocía a Carlos Pareja Yannuzzelli (Capaya), quien era gerente de refinación de Petroecuador, para volverle a presentar el informe.
Alex Bravo pronuncia un discurso durante la inauguración de la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, el 17 de diciembre de 2015. Entre los asistentes están el el exvicepresidente Jorge Glas y el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli. Vicepresidencia, Flickr
Y en agosto de ese año Petroecuador invitó a Nolimit, como representante de la empresa japonesa-alemana especialista en sellos EagleBurgmann, a una licitación internacional para la provisión de sellos mecánicos y de bombas para refinerías.
‘Capaya’ le pidió a Crespo que negociara la contratación con Marcelo Reyes y Armengol Cevallos, sus asesores. Gracias a estas ‘gestiones’ Nolimit finalmente se quedó con un contrato de USD 35 millones.
Un mes después de la adjudicación, Cevallos y Reyes exigieron a José Luis de la Paz, otro accionista de Nolimit, una comisión del 14% del total del contrato.
La comisión era a cambio de que “se desarrolle el proceso con normalidad y no se termine de manera unilateral”.
Nolimit pagó entonces los más de USD 4 millones que le estaban exigiendo.
Presos por lavadores
Cuando intentaban lavar el dinero de las coimas que consiguieron en Petroecuador, usando el sistema financiero de Estados Unidos, Armengol Cevallos y Marcelo Reyes cayeron.
Armengol Cevallos fue sentenciado en Estados Unidos por lavado de activos en enero de 2021. Mientras que Marcelo Reyes fue sentenciado también en estados unidos por el mismo delito en julio de 2018.
El expediente en manos de la Fiscalía dice que, entre 2013 y 2015, Nolimit firmó otros dos contratos con Petroecuador.
Y que Nolimit volvió a pagar coimas. Pero, en esos casos los cobradores fueron Álex Bravo y Arturo Escobar, ambos actualmente sentenciados por corrupción en Ecuador y Estados Unidos, respectivamente.
El ‘número uno’ quiere 20%
Para finales de 2018, cuando Pablo Flores llegó a la gerencia de Petroecuador, aparecieron otras dos figuras: Raúl de la Torre y Roberto Barrera, quienes decían que pedían los sobornos a nombre de Flores, a quien se referían como ‘el número uno’.
Con la misma modalidad con la que lo hicieron Armengol Cevallos y Arturo Escobar en 2012, De la Torre y Barrera se contactaron con De la Paz.
En este caso no había contratos de por medio sino el pago de unas facturas pendientes. Para esto, De la Torre y Barrera, que eran asesores en Petroecuador, solicitaron el 20% de cada factura como ‘comisión’.
Nolimit accedió y ofreció hacer el pago a través de transferencias en el exterior.
En mayo de 2019, se organizó una reunión en Miami. Asistieron De la Torre, Sebastián Saa, otro directivo de Nolimit, Crespo y De la Paz.
El objetivo de la cita fue ultimar los detalles de las transferencias. De la Torre entregó -por escrito- el detalle de las cuentas y de las personas que recibirán los pagos indebidos.
Además, De la Torre les dijo que había llegado sin dinero a Estados Unidos y les pidió USD 30.000 en efectivo.
Crespo le prestó a De la Torre su tarjeta de crédito para que se fuera de compras.
El resultado fue que De la Torre se hizo con un reloj Rolex de USD 13.000, se gastó USD 5.000 en artículos en un Apple Store y aprovechó para comprar otros USD 5.000 en artículos de cuero de la tienda de lujo Luis Vuitton.
El rabo de paja
Los sobornos de Nolimit para los funcionarios ecuatorianos se pagaron a través de cuentas en el extranjero. Así se evidencia, por ejemplo, en los chats que Pedro Crespo mantenía con Roberto Barrera.
En esos mensajes se mencionan cuentas en entidades bancarias de Estados Unidos. Sus propietarios son Roy Calero y Roberto Lavin.
El primero es investigado por el caso Las Torres y tiene una orden de detención con fines investigativos.
Los verdaderos jefes
Si bien la corrupción ocurrió sobre todo en Petroecuador, con el pago de sobornos, los documentos muestran que la red llega más arriba en la jerarquía estatal.
En el expediente están las transcripciones de horas conversaciones entre De la Torre, Barrera y los empresarios de Nolimit, que fueron grabadas por los propios implicados y por la justicia estadounidense.
En esas conversaciones aparecen nombres de más alto nivel que ocuparon cargos en el gobierno del presidente Lenín Moreno.
“Es cuenta americana para ver cómo puedes transferir. El José Agusto te dio a ti disposiciones“, se lee en una de las transcripciones.
Los implicados hablan del pago de sobornos. Debían hacerse a una cuenta en Estados Unidos, según la disposición de José Agusto Briones, entonces secretario de la Presidencia de la República.
Agusto está detenido en la Cárcel 4 de Quito y es procesado como parte del caso Las Torres.
En otra parte de la conversación, uno de los empresarios trata de convencer al emisario de Petroecuador sobre su compromiso de pagar los sobornos a cambio de los beneficios ofrecidos.
“Yo necesito es que confíe José Agusto, que confíe en mí”, dice uno de los representantes de Nolimit.
La pelea con Flores y Cuesta
Y en medio de esas pláticas aparece otro nombre. El de Santiago Cuesta, exconsejero presidencial de Lenín Moreno. En medio del caso Las Torres, su domicilio fue allanado.
En un diálogo, uno de los emisarios de Petroecuador dice que las cosas estarán bien “mientras José Agusto está contento”. Porque sino “simplemente se acaba todo y se cierran las puertas”.
Esto porque quien habla en la grabación, aparentemente Raúl de la Torre, dice que se peleó con Pablo Flores, entonces gerente de Petroecuador, pero que se mantuvo en el puesto porque Agusto lo defendió ante Flores y ante Santiago Cuesta.
Y otro pasaje de las conversaciones, cuando De la Torre le dice al empresario que Agusto y otros involucrados estaban quejándose de la demora en los pagos, menciona “hasta están hablando con Santiago Cuesta. Santiago Cuesta también ha estado en esto y el man ha dicho ya les vieron la cara”.
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