La definición de reformas legales para enfrentar la corrupción, la impunidad y recuperar el dinero robado es un tema que aún se encuentra en fase de construcción, a pesar de existir 15 prófugos de la justicia del más alto nivel y 22 procesados por delitos de corrupción.
El contralor Pablo Celi; el fiscal subrogante, Wilson Toainga; el secretario Nacional Anticorrupción, Iván Granda; el coordinador residente en Ecuador de Naciones Unidas, Arnaud Peraud; y, Andrea Agudelo, de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StaR), visitaron la Asamblea Nacional este lunes 24 de junio de 2019.
Ellos fueron convocados por la Comisión de Justicia, para realizar aportes a las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que servirán de insumo en la elaboración del informe para segundo debate, indicó Ximena Peña (AP), presidenta de la mesa.
No obstante, Peña evitó señalar una fecha para la presentación del informe.
Además de los integrantes de la Comisión, el encuentro realizado en el Salón de Presidentes de la Asamblea interesó a varios legisladores de distintas bancadas que acudieron para escuchar las propuestas y ofrecer sus puntos de vista.
Barreras para iniciar procesos penales
Toainga, que acudió en representación de la fiscal general, Diana Salazar, destacó las barreras que enfrenta su institución al momento de iniciar procesos penales.
Por ejemplo, en los delitos de peculado y de enriquecimiento ilícito es requisito esencial contar con el informe de la Contraloría respecto de indicios de responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.
“Esto va en contravía y es un obstáculo al principio establecido en el artículo 195 de la Constitución”, lamentó.
La norma establece que “la Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal”.
La respuesta llegó de Henry Cucalón (PSC), quien habló de la necesidad de introducir nuevamente la obligación de contar con informes de Contraloría y Procuraduría antes de realizar un contrato público. Como antes.
El asambleísta también es de la idea que el informe con indicios de responsabilidad penal (examen a un contrato ejecutado) no sea requisito obligatorio para iniciar un proceso penal, sino que pase a formar parte de la etapa intermedia del juicio. Celi estuvo de acuerdo.
Entre los aportes, Iván Granda planteó una política pública de coordinación en temas de prevención y nombrar jueces nacionales anticorrupción.
Celi dijo que las instituciones deben actuar de forma integral, abarcando cinco ejes: control preventivo, procesos de investigación, tipificación de infracciones, procesamiento judicial y la acción unitaria estatal frente al sistema judicial y resarcimiento de las lesiones irrogadas.
Arnaud Peraud dijo que es indispensable romper la falta de transparencia y darle prioridad a la materia del financiamiento de las campañas electorales.
Arnaud Peraud llamó a despolitizar la agenda anticorrupción, centrándose en aspectos técnicos que estén a la altura de las expectativas de la ciudadanía. Es necesario romper la falta de transparencia, en particular en las compras públicas y darle prioridad a la materia de financiamiento de campañas electorales, subrayó.
Andrea Agudelo, representante de StaR, manifestó que no hay un modelo de lucha contra la corrupción, sino que cada país construye el suyo, acorde con su realidad.
Al finalizar el evento, Granda destacó ante los medios la recuperación de USD 18,5 millones de dinero robado. El funcionario dijo que gracias a los procesos iniciados hay 22 procesados por delitos de corrupción y 15 prófugos.
Exfuncionarios prófugos
- Rafael Correa
- Pedro Delgado
- Carlos Pólit
- Walter Solís
- Ramiro González
- María Christiansen
- Eduardo Naranjo
- Pablo Romero
- Carlos Pareja Cordero
- Carlos Pareja Dassum
- Fernando Alvarado
- Carlos Ochoa
- Ricardo Patiño
- Sofía Espín
- Pedro Merizalde
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