Con nueva mayoría, Judicatura evaluará fiscales mientras pelea por recursos

La disputa con el Ejecutivo por el presupuesto asignado a la Función Judicial, no es el único frente que Terán se ha abierto en los 52 días que lleva en la titularidad de la Judicatura.

Wilman Terán asumió la entidad luego de un año de inestabilidad, en el que no hubo un presidente titular y esa posición la asumieron temporalmente el vocal titular, Fausto Murillo, y el vocal suplente, Álvaro Román.

Al ser consultado por su relación con el resto del Consejo, Terán dice que es netamente profesional y que no puede responder si hay o no gobernabilidad.

Pero se ha asegurado una mayoría.

Desde que Terán se posesionó, el 13 de febrero de 2023, la Judicatura ha aprobado 36 resoluciones. Si bien la mayoría se ha decidido de manera unánime, hay un 47% de casos en el que ha actuado una nueva mayoría en la Judicatura.

En las 17 votaciones que se decidieron solo por mayoría de votos, junto a Wilman Terán votó el vocal Xavier Muñoz, que fue nombrado como delegado del expresidente Lenín Moreno y que no tiene el respaldo del gobierno de Lasso.

Así como la consejera Ruth Barreno, quien es la delegada de la Fiscalía. En diciembre de 2021, la funcionaria se alejó de su entidad de origen después de que Ministerio Público le pidiera que dejará la vocalía y regresara a su trabajo como fiscal. Ella se negó.

Esta mayoría actuó, sobre todo, en las decisiones para reestructurar la Judicatura. Ejecutaron los cambios en direcciones nacionales y provinciales del organismo.

En una de las 17 veces que hubo votación dividida, Juan José Morillo se sumó a esa mayoría. Morillo fue el vocal más cercano a Murillo, cuando presidió la Judicatura.

Murillo, en cambio, se opuso las 17 veces a la mayoría de Terán.

Evaluación a fiscales desde cero

Una de las decisiones polémicas que ha tomado la Judicatura, durante el mandato de Terán tiene que ver con la evaluación a los agentes fiscales.

Ese proceso se había anunciado en 2019. Aunque por la contingencia de la pandemia del Covid-19, se inició formalmente en 2020. En medio de la evaluación, ya se habían aprobado reglamentos y varias resoluciones administrativas.

Sin embargo, el 28 de marzo, los cinco vocales actuales de la Judicatura derogaron todos esos instrumentos. Esto se debió a que se detectaron problemas en la información cuantitativa y cualitativa de la evaluación.

El reclamo económico

La pugna entre el Gobierno de Guillermo Lasso y la Judicatura tiene un nuevo capítulo. A las discrepancias por polémicos fallos judiciales, a favor de personas vinculadas al crimen organizado, se sumó un problema económico.

Wilman Terán, presidente de la Judicatura, presentó una acción de protección en contra del presidente Lasso, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, y el procurador Juan Carlos Larrea.

El funcionario exige, por la vía judicial, una mayor asignación de recursos para la Función Judicial. Terán asegura que presentó la acción de protección como ciudadano porque conoce de primera mano las vulneraciones al derecho a la justicia de la ciudadanía.

La audiencia sobre esta causa se realizará el lunes 10 de abril de 2023, en Quito.

El debate

Pablo Arosemena, ministro de Economía, dijo en una entrevista con Radio Centro que el Gobierno garantiza los recursos a todas las Funciones del Estado. "El CJ tiene un presupuesto de USD 348 millones", insistió.

Y precisó que la mayor parte de esa asignación (USD 319 millones), está destinada al gasto corriente para pagos al personal: hay cerca de 12.000 funcionarios y 1.927 son jueces. El personal administrativo llega a unas 5.000 personas.

"Tienen a 5.000 personas en el área administrativa para administrar o controlar a 6.200 servidores jurisdiccionales", resumió.

En contraposición, Terán aseguró que el gasto corriente no engloba solo el pago del personal, sino el mantenimiento de la infraestructura y los servicios básicos.

En cuanto a la inversión, Arosemena dijo que la Judicatura presupuesto USD 7,5 millones, pero hasta la fecha solo ha ejecutado el 2% pese a tener los recursos. Por lo que calificó las exigencias como un show porque las autoridades judiciales son incapaces de ejecutar el dinero recibido.

Aunque, Terán responde que ese 2% se ha ejecutado porque es el único dinero que se ha asignado. "Presten el otro 98%", dijo en una entrevista con Radio Sonorama.

Con la misma resolución, el Pleno del CJ resolvió que las direcciones del organismo preparen nuevos reglamentos e insumos para que el proceso comience desde cero.

La Fiscalía respondió a través de un comunicado. La entidad indicó que respetará esa decisión, pero demandó objetividad y transparencia en el nuevo proceso.