El informe DPPch-0029-2021 da cuenta de las irregularidades en la entrega de las pruebas Covid-19 y en la forma en que se terminó el contrato con la empresa Salumed.
Dos decisiones del alcalde Jorge Yunda hicieron que la Alcaldía de Quito sufriera un perjuicio en la compra de pruebas para la detección de Covid-19.
Así lo concluye la Fiscalía en su investigación. Alberto Santillán, fiscal de Pichincha, detalló las decisiones al presentar la acusación formal por peculado en contra del Alcalde de la capital.
Yunda, según la hipótesis fiscal, permitió que, pese a los incumplimientos, la empresa Salumed no pagara ninguna garantía ni penalización al Municipio. Y esa teoría fue comprobada por la Contraloría.
El 16 de abril de 2020, Salumed y el Municipio de Quito firmaron un contrato por USD 3,7 millones para la adquisición de:
- Kits de detección molecular y extracción RNA para 100.000 pruebas.
- 100.000 hisopos más el transporte y la extracción.
- Tres equipos de determinación molecular.
Pero el 13 de julio de 2020 el contrato se terminó por mutuo acuerdo. A la fecha solo se habían entregado 88.500 kits. El monto se redujo a USD 3,3 millones.
No se recibió lo que se compró
La Contraloría concluye que los kits de detección molecular que recibió el Municipio no cumplían con las especificaciones establecidas en el contrato.
Según las especificaciones técnicas, los kits debían tener ciertos componentes y características. Pero los productos que se recibieron eran diferentes.
Sin embargo, la comisión de recepción de la Alcaldía dejó constancia de que Salumed, supuestamente, había cumplido con la entrega de los reactivos.
La Contraloría pidió el apoyo de los técnicos del Hospital Carlos Andrade Marín del IESS. El informe de esta entidad concluyó que “la entrega difiere de lo solicitado“.
Otra anomalía fue el tiempo de cumplimiento. El plazo del contrato concluía el 25 de mayo de 2020, pero los productos se entregaron con un retraso de 56 días.
Culminación ‘amistosa’
Otro hallazgo del informe es que los funcionarios de la Alcaldía firmaron un acta de terminación del contrato, por mutuo acuerdo, sin que hubiera fundamentos técnicos y económicos.
El 12 de julio de 2021, dos servidores del Municipio recomendaron la terminación por mutuo acuerdo del contrato debido a “circunstancias técnicas y económicas imprevistas”.
Pero, según la Contraloría, esa figura de terminación no procedía, ya que hubo incumplimientos por parte de Salumed.
Pese a esos incumplimientos, y luego de firmar la terminación por mutuo acuerdo, el 31 de julio de 2020, el Municipio devolvió a Salumed la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
Según la Fiscalía, la instrucción de concluir el contrato de esa forma fue dada por Yunda a Ximena Abarca, secretaria de Salud del Municipio. Los investigadores lo comprobaron en mensajes que ambos intercambiaron.
“Estimada doctora. Hablé con Linda (Guamán) y quedamos en aceptar los argumentos y darle uso a estas pruebas”.
Yunda a Abarca, a través de un chat
Salumed, por su parte, deja toda la responsabilidad de lo ocurrido en manos del Municipio.
“… se puede apreciar que Salumed, desde el inicio del proceso fue transparente respecto a los productos y fue la entidad requirente quien aprobó la propuesta presentada sin observación alguna en relación con el requerimiento técnico inicial …”, respondió el representante de la firma a la Contraloría.
De esta manera, la Fiscalía señala a Yunda como autor mediato del peculado. Es decir, no cometió el delito, pero sus decisiones permitieron que sus subordinados lo concretaran.
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