Primeros casos de corrupción de la emergencia llegan a fase decisiva
La incursión de la Policía el pasado 16 de junio de 2020 en el hospital básico de Durán del IESS.
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Entre mayo y junio de 2020, cuando el coronavirus golpeaba más fuerte al Ecuador, el país miró con asombro como se iban descubriendo millonarios casos de corrupción -justamente- en la compra de insumos para paliar los efectos de la pandemia.
La corrupción alcanzó tal magnitud, que la Fiscalía General del Estado (FGE) creó una Fuerza de Tarea Multidisciplinaria para que se encargara de todos los casos de corrupción relacionados con la emergencia.
Según lo previsto, a inicios de octubre, los primeros casos que llegaron a esta instancia especial están cumpliendo los primeros plazos del proceso penal.
Es decir, se han cumplido los 120 días de la instrucción fiscal. Ahora, los investigadores deben presentar a la justicia los indicios encontrados y una acusación formal para que los jueces decidan quienes van a juicio.
Hernán Ulloa, abogado penalista, explica que el plazo original es de 90 días para las instrucciones fiscales. Pero en la mayoría de procesos, cuando se vincula a alguien más o se reformulan los cargos iniciales, el plazo se incrementa a un plazo improrrogable de 120 días.
Los tres primeros casos
En medio de la pandemia hubo tres casos que llamaron particularmente la atención de la población.
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Fundas de cadáveres
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A inicios de mayo, Guayaquil soportó la parte más fuerte de la pandemia. Cientos de muertos provocaron el colapso de los servicios médicos y funerarios.
Incluso, cuatro meses después, decenas de familias siguen en la búsqueda de los cadáveres que fallecieron por Covid-19.
En medio de ese drama humano, se destapó el primer caso de corrupción de la pandemia.
El Hospital Los Ceibos del IESS adquirió 4.000 bolsas para cadáveres con un 1.311% de sobreprecio.
Según los registros de la Fiscalía, la instrucción de este culmina, justamente, a inicios de octubre. Es decir, ahora solo está pendiente la convocatoria del juez para la siguiente etapa.
Entre los principales indicios encontrados durante las investigaciones están:
- Las bolsas para embalar cadáveres se adquirieron con una diferencia de, al menos, USD 137 cada unidad.
- Los funcionarios responsables no justificaron por qué no se buscó a otros proveedores del Estado, para garantizar calidad y mejores costos.
- Los funcionarios no consideraron que en el portal de compras públicas constan adquisiciones realizadas por otras entidades con precios muy inferiores a los propuestos por el proveedor.
En este caso, además de tres exfuncionarios del hospital, están procesados cuatro empresarios. Uno de estos es Daniel Salcedo, relacionado con la familia del expresidente Abdalá Bucaram.
Empleados de una funeraria recogen al ataúd con un fallecido por Covid-19, en el hospital Ceibos del IESS, el 1 de abril de 2020.Reuters - 2
Kits alimenticios
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Es el único caso en el que la Fiscalía declaró formalmente el cierre de la instrucción. Incluso, la jueza Daniella Camacho ya había convocado a la preparatoria de juicio para el 5 de octubre.
Sin embargo, por solicitud de uno de los procesados se difirió para finales de octubre.
Este caso, que fue revelado por PRIMICIAS a mediados de mayo, investiga un posible tráfico de influencias cometido por el Servicio de Gestión de Riesgos en la compra de kits alimenticios.
El 1 de abril de 2020, en Samborondón, la entonces titular de la entidad, Alexandra Ocles, firmó un contrato por USD 1.055.740 más IVA.
El objeto fue la adquisición de 7.000 kits alimenticios. Es decir, cada canasta tuvo un precio de USD 150,82, más IVA.
La Contraloría confirmó que la principal irregularidad detectada en la contratación de 7.000 kits alimenticios fue el sobreprecio del 40%.
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Mendoza y el lío de Pedernales
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Aunque no es un caso relacionado directamente con la emergencia sanitaria, explotó justo en esas fechas y tiene relación con los servicios de salud.
Por esta razón, el proceso y las investigaciones fueron asumidos por la Fuerza de Tarea.
Se trata del caso por presunta delincuencia organizada en la fallida construcción del Hospital de Pedernales.
Según la teoría de la Fiscalía, la empresa Consorcio Pedernales-Manabí, que recibió la adjudicación y un anticipo por USD 8 millones, desvió esos fondos hacia una red de corrupción comandada por los exasambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero.
La instrucción fiscal terminó oficialmente el sábado 3 de octubre y, ahora, el juez Marco Rodríguez tiene pendiente la convocatoria a la preparatoria de juicio.
El tiempo de la instrucción impidió que la fiscal pueda ahondar en las investigaciones y vincular a más personas.
Los testimonios de varios de los procesados dieron cuenta de una posible red que llegó más allá de pedernales.
Se mencionaron, al menos, 17 nombres de funcionarios y exfuncionarios de la Asamblea y el Ejecutivo. Así como a seis instituciones públicas.
María Paula Romo, Eliseo Azuero y Daniel Mendoza durante la comparecencia de la ministra a la Comisión de Fiscalización, en el tratamiento del juicio político en su contra, el 2 de diciembre de 2019.Flickr / Asamblea
Plazos y etapas
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece los plazos y etapas del proceso.
A continuación PRIMICIAS le presenta una síntesis de un caso penal (pulse en las flechas para conocer más etapas).
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