Los testimonios anticipados de cuatro de los implicados, entre ellos Daniel Mendoza, revelaron más detalles. La Fiscalía está con el tiempo en contra para vincular a más personas.
La red de corrupción que involucra a los exasambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero tiene más implicados.
Los testimonios anticipados de Daniel Mendoza y sus colaboradores cercanos (Jean Carlos Benavides, Franklin Calderón y José Véliz) dieron nuevas pistas del funcionamiento de la estructura en, al menos, seis instituciones públicas:
- Servicio de Contratación de Obras (Secob)
- Asamblea Nacional
- Ministerio de Gobierno – Gobernaciones
- Agencia Nacional de Tránsito (ANT)
- Ministerio de Salud (MSP)
- Secretaría de la Reconstrucción
Las versiones de los implicados se juntan a otras dadas de manera libre y voluntaria desde que se inició el caso.
Modus operandi
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Servicio de Contratación de Obras (Secob)
El terreno donde se tiene previsto construir el hospital de Pedernales, el pasado 5 de junio de 2020. Cortesía
Eliseo Azuero era quien tenía el poder político en esta institución. Así lo han asegurado Daniel Mendoza y René Tamayo, quien fue recomendado por el propio Azuero para dirigir esta entidad.
Además, Azuero impulsó el nombramiento de Jorge Jalil como subdirector del Secob. Según los testimonios, Jalil coordinó la adjudicación de la obra del Hospital de Pedernales al Consorcio Manabí – Pedernales, cuyo representante es José Véliz, amigo cercano de Mendoza.
Y la red también tenía a sus delegados en la Comisión Técnica que revisó las ofertas y recomendó la adjudicación.
Entre Jalil, Juan Carlos Guerra, presidente del Colegio de Ingenieros de Manabí; José Véliz, representante del Consorcio; y Franklin Calderón, hombre de confianza de Mendoza; acordaron el reparto de sobornos por el 12% del total de la obra.
- 3% para Mendoza.
- 3% para Jalil.
- USD 90.000 para cada asambleísta del BADI.
- USD 180.000 para Eliseo Azuero.
- USD 80.000 para José Véliz.
Además de la obra de Pedernales, Azuero y Mendoza también participaron en la adjudicación de la fiscalización del hospital de Bahía de Caráquez. En esa transacción recibieron USD 350.000 en coimas.
Tamayo también indicó que entregó cargos en el Secob a los legisladores Washington Paredes y Freddy Alarcón.
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Asamblea Nacional
En la Asamblea Nacional, según Daniel Mendoza, era dónde se repartían los espacios políticos a cambio de votos para aprobar leyes, tratar juicios políticos y nombrar dignidades.
Por ejemplo, para apoyar la elección de César Litardo como presidente de la Asamblea, Azuero y los legisladores del BADI recibieron el Secob.
Antes y después de la reuniones de bloque donde se definía la agenda legislativa y las votaciones orgánicas se dialogaba sobre el reparto, dijo Mendoza.
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Ministerio de Gobierno – Gobernaciones
El Gobernador de Manabí, Tito Nilton (i) y los ministros de Transporte, Gobierno y Salud analizaron en Portoviejo este 18 de agosto la situación de los hospitales en esta provincia. El Diario
El Ministerio de Gobierno, según Mendoza y Benavides, tenía una doble función en la red de corrupción.
Primero, sus funcionarios eran los que acordaban el reparto con los legisladores.
Cuando el titular de la Cartera era Paúl Granda, su asesor Paúl Bejarano estaba a cargo de esas coordinaciones. Y en la época de María Paula Romo esa responsabilidad recayó en Fausto Holguín.
El Ministerio de Gobierno, además de esa coordinación, también otorgaba posibles cargos para el reparto, según Mendoza.
A él, por ejemplo, se le asignó un espacio en la Gobernación de Manabí por un voto de rechazo en un juicio político en contra de Romo.
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Agencia Nacional de Tránsito
Daniel Mendoza y Jean Carlos Benavides detallaron con lujo de detalles como operaba la red en la ANT.
Cada Dirección Regional, Provincial o Cantonal de la entidad se entregaba a un asambleísta o funcionario de Gobierno.
Así habría sido el reparto en Manabí.
- Chone: Ricardo Zambrano.
- Jipijapa: Primero, Teresa Benavides. Luego, Karla Cadena. Y, finalmente, a Andrés Madero cuando era Ministro de Trabajo.
- Bahía de Caráquez: Carlos Vera.
- El Carmen, Portoviejo y Manta: Daniel Mendoza.
Los asambleístas que recibían la cuota se encargaban de nombrar alguien de su confianza en la Dirección de la Agencia.
Esta persona cobraba entre USD 50 y 60 por cada trámite, que eran la obtención de licencias sin prueba o sin turno.
De ese dinero, entre USD 30 y 40 llegaba a los legisladores. Es decir, un promedio diario de USD 2.500.
Según Mendoza, el reparto de las agencias de la ANT empezó apenas iniciado el Gobierno. Incluso dijo que se las ofrecieron cuando Paúl Granda era ministro de Transporte.
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Ministerio de Salud
Imagen referencial del Hospital de Portoviejo, en Manabí. El Diario
Jean Carlos Benavides, asesor de Mendoza, indicó que parte del dinero que se incautó en su arresto también respondía al pago anticipado de insumos médicos de los Hospitales de Bahía y Portoviejo.
Según Mendoza, en medio de las coordinaciones con el Gobierno, los legisladores recomendaban nombres para las gerencias de las casas de salud.
Los asambleístas proponían a personas cercanas a las empresas proveedoras de insumos médicos. Eso les significaba un rédito económico periódico.
Además, en su testimonio anticipado, Benavides aseguró que tenían espacios políticos en la Secretaría de la Reconstrucción de Manabí. Pero no dio detalles de cómo operaba la red en esa dependencia.
¿Más vinculados?
En el caso de delincuencia organizada por el caso del Hospital de Pedernales ya hay 19 procesados.
En la lista están dos exasambleístas, dos exdirectivos y cuatro exfuncionarios del Secob y tres representantes del Consorcio al que se le adjudicó la obra. Así como ocho personas más cercanas a los exlegisladores.
Sin embargo, en las versiones voluntarias y en los testimonios anticipados de los 19 procesados, se han nombrado a 17 personas más que aún no forman parte del caso. Aunque, varios ya rindieron su versión.
En la lista, entre otros están, la ministra María Paula Romo, los exministros Andrés Madero y Paúl Granda, el presidente de la Asamblea, César Litardo; el gobernador Tito Nilton y ocho asambleístas en funciones.
El sábado 3 de octubre de 2020 se cumplirán los 120 días de instrucción fiscal en este caso. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este plazo es improrrogable.
Es decir, la Fiscalía ya debe presentar al juez del caso los indicios que recopiló en la investigación y hacer una acusación formal. Con base en ese dictamen, la justicia definirá a cuántos de los 19 procesados llama a juicio.
El Ministerio Público tiene tres días para pedir la vinculación formal al caso de algunos de los 17 nombrados en los testimonios. Sin embargo, con tan poco tiempo sería imposible recabar pruebas para presentar una acusación formal.
Además, a estas personas se las vincula en supuestos hechos que van más allá del Hospital de Pedernales.
Por esta razón, el camino que le queda a la fiscal Diana Salazar es iniciar una nueva investigación en contra de estas personas.
Incluso, el 31 de agosto la Fiscalía ya anunció la apertura de una indagación previa por el presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el llamado “reparto político”.
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