En sus testimonios anticipados, en la Corte el exasambleísta Daniel Mendoza y su asesor Juan Carlos Benavides señalaron al a ministra de Gobierno, María Paula Romo.
La instrucción fiscal por la corrupción en el fallido intento de construcción del Hospital de Pedernales continúa. El 29 de septiembre de 2020, el juez Marco Rodríguez convocó a cuatro de los implicados a rendir su testimonio anticipado.
Según la teoría de la Fiscalía, una red delictiva dirigida por los exasambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, desvió los fondos públicos que estaban dirigidos a la edificación de la casa de salud.
Mendoza fue uno de los implicados que rindió su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia. Él ostenta la calidad de testigo protegido.
Reparto político
Daniel Mendoza empezó relatando que la construcción del Hospital de Pedernales, que es el punto principal del caso penal por presunta delincuencia organizada, “responde a un mecanismo de reparto político“.
Dijo que recuerda que cuando la Asamblea se disponía a elegir autoridades, en mayo de 2019, hubo una serie de reuniones para buscar consensos para llegar a tener una elección democrática y justa.
“Estas reuniones incluyeron -por parte del Ejecutivo- ofrecimientos para las diferentes bancadas y legisladores que eran designaciones en el sector público”
Daniel Mendoza, ex asambleísta.
En esas conversaciones, según Mendoza, su nombre nació como una opción para presidir la Asamblea, Sin embargo, la ministra María Paula Romo no apoyó su candidatura sino la del actual titular del Parlamento, César Litardo.
En medio de esas negociaciones, Eliseo Azuero, exasambleísta independiente por Sucumbíos y también procesado en este caso, creó el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), junto a otros legisladores también independientes o pertenecientes a minorías. Esa bancada apoyó a Litardo.
“Yo pregunté a Azuero cuál fue el compromiso que adquirió con el Ejecutivo y él me indicó que fueron muchos. Pasaron meses y Eliseo Azuero empezó a presionar porque no le cumplían dichos ofrecimientos”, relató Mendoza frente al juez Rodríguez.
Según el político manabita, uno de los compromisos era la designación de René Tamayo como director del Servicio de Contratación de Obras, quien también es procesado por la causa.
Cobro de cheques
En su testimonio, Mendoza ratificó lo que había contado en las ampliaciones de sus versiones libres y voluntarias ante la Fiscalía. Por ejemplo, volvió a contar cómo se acercó a Azuero para pedirle espacio para ubicar a gente de su confianza en la mano de obra del Hospital de Pedernales.
También relató que su entonces asesor, Jean Carlos Benavides, se encargó de coordinar el cobro de 10 cheques de USD 40.000, cada uno, para entregárselos a Azuero y que él los reparta entre asambleístas del BADI.
Este dinero era parte de los más de USD 8 millones que el Secob, bajo la administración de Tamayo, entregó al Consorcio Pedernales – Manabí en calidad de anticipo para la construcción del hospital.
Y desde la cuenta de esa empresa se desvió fondos hacia los exlegisladores.
También volvió a explicar como grabó audios de las conversaciones que mantenía con Azuero sobre el retiro de dinero y el pago a asambleístas. “En esta conversación menciona al asambleísta (Raúl) Tello, a María Mercedes Cuesta y a Freddy Alarcón“, dijo.
El ‘ok’ venía de Gobierno
Sobre el reparto político, Mendoza dijo que los legisladores recomendaron perfiles para puestos políticos en provincias.
“Algunos recomendamos perfiles por su calidad técnica, hay otros que recomiendan nombres relacionados a proveedores y eso viene acompañado de un rubro económico”.
Luego del testimonio, su abogada Gabriela Moreira, lo interrogó.
- ¿A qué se refiere usted con las cuotas de poder que tenían?
- Son las recomendaciones que siempre se realiza dentro de las instituciones. Son instituciones que nos entregaban.
- ¿Qué condiciones se daban antes de entregar las cuotas de poder?
- Disciplina parlamentaria, si alguien nos pedía una votación por alguna ley lo teníamos que hacer.
- ¿Quiénes estaban a cargo de este reparto?
- Siempre había un asesor que hacía de puente con el Ministro.
- ¿Quién autorizaba?
- Siempre se tenía que contar con el OK del Ministerio de Gobierno.
Pero Mendoza fue más allá en torno a la influencia del Ministerio de Gobierno, y su titular María Paula Romo, en el supuesto reparto a cambio de votos.
“Cuando se gestionaba el juicio político a María Paula Romo, fue la ministra la que me aseguró que la designación de Tito Nilton se daría luego de que en la Asamblea se archivará la causa en su contra. Entonces con mi voto se archivó el caso y se designó a Tito Nilton”, dijo.
Benavides también menciona a Romo
El segundo en rendir su testimonio anticipado fue Jean Carlos Benavides, quien fue asesor de Mendoza en la Asamblea Nacional y secretario de su movimiento político.
El exfuncionario relató que, por pedido de Mendoza, efectivizó unos cheques y entregó el dinero a Eliseo Azuero en su casa, en una maleta. Él estaba con René Tamayo y lo recibieron juntos.
Para efectivizar los cheques pidió ayuda a su vecino, ya que él no tenía movilización propia. Se trata de Miguel Ganchozo, quien es otro de los implicados. “Los cheques de Eliseo Azuero eran parte de una negociación por una ley que se tramitaba“, dijo.
El 14 de mayo, en el operativo Fortuner, Benavides fue detenido con USD 40.000 que correspondían a un cheque cobrado del dinero del anticipo del Hospital de Pedernales.
Pero, además, en su casa se encontró cerca de USD 500.000. Benavides confesó que este dinero “se gestionó a través de cuotas políticas de Mendoza, por medio de recaudaciones“.
Según Benavides, a Mendoza le dieron la Dirección Regional de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de Manabí, que comprendía: El Carmen, Portoviejo y Manta. El dinero fue recaudado a través de la emisión de licencias.
Esa dependencia de la ANT habría sido asignada a Mendoza a finales de 2018, según Benavides. El asambleísta recibía cerca de USD 2.500 diarios, entre USD 30 y 40 por cada trámite.
Pero, según el exasesor, esa cuota política la perdieron por no apoyar la postura del Gobierno en el juicio contra Diana Atamaint, presidenta del CNE. En esa oportunidad, Mendoza no se presentó a la votación. Pero su alterna votó en contra del enjuiciamiento.
Según Benavides, Mendoza tenía otras cuotas políticas que le generaban recursos como la Secretaría de Reconstrucción, la Gobernación de Manabí y Senplades.
“Por la cercanía con Daniel Mendoza sé que todas las cuotas políticas fueron aprobadas por la ministra de Gobierno, María Paula Romo“, dijo.
Calderón detalló los montos
El tercero en rendir su testimonio fue Franklin Calderón, constructor manabita. Una empresa cercana a él obtuvo el contrato de fiscalización del Hospital de Bahía de Caráquez. Para eso entregó una coima de USD 350.000 a Azuero y Mendoza.
En su testimonio anticipado, Calderón dijo que la adjudicación de la obra del Hospital de Pedernales se fraguó entre Juan Carlos Guerra, presidente del Colegio de Ingenieros de Manabí; Jorge Jalil, exsubsecretario del Secob; y José Véliz, representante del Consorcio, que recibió la adjudicación.
Jalil y Véliz son parte del proceso. Guerra no ha sido vinculado. Pero su nombre ya apareció en el caso.
En uno de los chats encontrados en el teléfono de Calderón, él le envió un documento con la denuncia de la Comisión Anticorrupción por la obra de Pedernales. Junto a Jalil diseñaron la estrategia de defensa.
Según Calderón, se acordó entregar a manera de coimas el 12% del monto total de la obra que ascendía a un poco más de USD 16 millones.
“Parte de esa suma fue recaudada a través de cheques y dinero en efectivo, y entregada a varios asambleístas. ‘Los niños’, como denominaba José Véliz a los legisladores del BADI, dijo el constructor manabita.
La repartición se hizo así:
- Daniel Mendoza recibió el 3%.
- Jorge Jalil recibió otro 3%.
- Cada asambleísta del BADI recibió USD 90.000.
- Eliseo Azuero recibió USD 180.000.
- José Véliz recibió USD 80.000.
Calderón, además, contó como entregó personalmente dinero a varios legisladores del BADI. “Entregué USD 360.000 a cuatro asambleístas: Raúl Tello, Washington Paredes, María Mercedes Cuesta y Franco Romero“.
Además, USD 320.000 a Azuero en Guayaquil, USD 80.000 al padre de Mendoza y transfirió USD 80.000 más a Jalil, a través de la empresa Mercapac.
El procesado aseguró tener respaldos de todas las conversaciones que mantuvo con las personas que mencionó en su relato.
El constructor pidió disculpas
El último en declarar fue José Véliz, representante del Consorcio Pedernales – Manabí.
Él aceptó que fue parte de una red de corrupción alrededor de la obra del Hospital de Pedernales. Pero aclaró que nada tiene que ver con el caso Tania Cedeño, su esposa y también vinculada al proceso.
En su testimonio, el constructor dijo que ha sido proveedor del Estado desde 2016 y nunca ha quedado mal en una obra. Según reportó PRIMICIAS, el grupo empresarial de los Véliz tuvo más de 200 obras en Manabí.
Dijo que en relación con el Hospital de Pedernales, Calderón y Guerra le ofrecieron que participe en el concurso, pese a que él no cumplía con la experiencia específica que estaba detallada en los pliegos del proceso.
Él accedió y entregó cuatro cheques por USD 2,2 millones para la garantía del caso. Finalmente, en diciembre de 2019 Calderón le informó que el contrato ya se encontraba adjudicado y en marzo de 2020 que ya se había depositado el anticipo de USD 8,2 millones.
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