Presidente de la Judicatura: Corte escuchó justificaciones para la demora en la selección

La audiencia se realizó el 10 de enero de 2023 y duró tres horas y media. Los jueces constitucionales escucharon a los representantes del Consejo de la Judicatura (CJ), del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Esta diligencia constituyó un seguimiento a una sentencia dictada por la CC el 26 de septiembre de 2022. Con ese fallo, la Corte Constitucional aceptó parcialmente una acción extraordinaria de protección presentada por Álvaro Román.

Román era suplente de María del Carmen Maldonado, quien renunció a la presidencia del CJ en febrero de 2022. Sin embargo, Román no pudo asumir la titularidad del Consejo porque su postulación no provenía de la Corte Nacional, como lo ordena la Constitución.

La Corte dispuso que Román asumiera de forma temporal una vocalía. También ordenó al CPCCS que eligiera "de manera célere" al nuevo titular de la Judicatura.

Sin embargo, tres meses después la designación no se ha concretado. Por esta razón, la Corte Constitucional pidió explicaciones a los involucrados.

El primer en intervenir fue Fausto Murillo, presidente temporal de la Judicatura. El funcionario explicó que su entidad ha cumplido todas las partes de la sentencia que le correspondían:

• Envió al CPCCS una comunicación solicitando el nombramiento del nuevo presidente.
• Pagó USD 5.000 de reparación a Álvaro Román.
• Posesionó a Román como vocal suplente.

Tras la audiencia, la Corte deberá determinar si el CPCCS, la Judicatura y la Corte Nacional cumplieron con la sentencia . Y en caso de que alguna no lo haya hecho, sus autoridades se exponen a una eventual destitución.

Las justificaciones del CPCCS

En el centro de esta polémica aparece el CPCCS, que debe encargarse de nombrar al nuevo presidente de la Judicatura. La Corte Nacional ha enviado cuatro ternas de candidatos para ese proceso, pero ninguna ha finalizado con éxito.

Las dos primeras no fueron tratadas porque estaba en trámite la acción de Román.

Sobre la tercera terna, Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, dijo que no se pudo completar la designación, ya que dos de los tres candidatos fueron descalificados porque llenaron mal el formato de declaración juramentada solicitado.

Luego de esa descalificación, la CNJ envió la cuarta terna, conformada por tres jueces nacionales. Todos sobrepasaron las fases de verificación de requisitos y de impugnación ciudadana. Pero no hubo consenso para el nombramiento.

El 2 de enero de 2023, el CPCCS se reunió para la designación, pero solo cuatro de los siete consejeros de Participación Ciudadana asistieron a la sesión: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

Aunque se necesitaba el voto positivo de todos los presentes para consagrar la selección.

Bravo mocionó a Wilman Terán; Rivadeneira a Mercedes Caicedo, y Estupiñán a Luis Rivera. Pero ninguna de las tres mociones logró sumar cuatro votos afirmativos.

Ahora, según Ulloa hay dos escenarios frente a la cuarta terna:

• Cómo no hubo los votos para designar a uno de los candidatos, según el reglamento del concurso, el proceso se agotó y habría que requerir una quinta terna.
• Sin embargo, el reglamento de las sesiones del CPCCS abre la posibilidad de una reconsideración de las votaciones en la siguiente sesión. Pero, actualmente, el Consejo no tiene suficientes vocales para sesionar y que esto suceda.

María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del CPCCS, y el vocal Francisco Bravo manifestaron que se cumplieron todas las etapas legales en los tratamientos de la tercera y cuarta terna enviadas por la Corte Nacional.

Rivadeneira añadió que se demoraron los procesos, en el caso de la tercera, porque no estaba conformada aún la veeduría ciudadana. Mientras que en la cuarta, la CNJ se demoró 37 días en enviar la lista de postulantes.

La consejera Sofía Almeida, en cambio, aseguró que "si la Corte declara que el CPCCS ha incumplido la sentencia, tendría toda la razón". La funcionaria dijo que, por ejemplo, las reformas al reglamento para el concurso entorpecieron y alargaron el proceso. El consejero Juan Javier Dávalos coincidió con esta postura.