Conaie pide a Lasso que se abstenga de emitir medidas sensibles

Los exasambleístas Virgilio Saquicela, Esteban Torres, Mireya Pazmiño y Yeseña Guamaní, cuestionaron que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a elecciones mientras no exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre si la muerte cruzada que aplicó el Presidente Lasso fue constitucional o no.
"Si el CNE resuelve, en cualquier tiempo, convocar a elecciones generales, dicha convocatoria quedará insubsistente y sin eficacia jurídica", en caso de que la Corte Constitucional declare que la muerte cruzada es inconstitucional, dijeron los exlegisladores en un comunicado.
Según los exasambleístas, la convocatoria a elecciones para el 20 de agosto de 2023 es "un acto politizado" del CNE.
"Están cediendo a presiones del Gobierno", agrega el documento.
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La Conaie dio a conocer las resoluciones que tomó luego de que Lasso aplicó la muerte cruzada.
En un comunicado, el movimiento indígena advirtió al Presidente Lasso que se "abstenga de emitir medidas" que afecten los derechos humanos, los bolsillos de los ecuatorianos y relacionadas con temas sensibles que puedan "convulsionar al país".
Según la Conaie, entre los temas sensibles están: la ampliación de la frontera petrolera y minera, leyes que impulsen la privatización de instituciones públicas.
En el comunicado, el movimiento insiste en que la muerte cruzada es un "modelo dictatorial", proclamado por Lasso.
La Conaie además definió que el 25 de mayo de 2023 convocará a un Consejo Ampliado presencial, para tomar nuevas decisiones tras la muerte cruzada.
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Según el sistema de la Corte Constitucional, dos demandas más contra el decreto de muerte cruzada han sido presentadas.
La primera, de manos del expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, argumenta que no hay grave crisis o conmoción interna, por lo que pide declarar inconstitucional el decreto.
La segunda fue presentada por el abogado Jorge Sosa, asegura que el decreto contraviene "la garantía de la debida motivación de las resoluciones del poder público".
Estas causas ya fueron sorteadas. La de Saquicela recayó en el despacho de la jueza Alejandra Cárdenas y la de Sosa, donde Carmen Corral.
Adicionalmente, la exasambleísta Yeseña Guamaní aseguró que presentará otra demanda, adicional a la que ya firmó junto con el PSC.

Un día después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea y declarara la muerte cruzada, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) se pronunció sobre la posibilidad de que el Gobierno emita leyes y reformas vía decreto ejecutivo.
Tras la firma del decreto con la muerte cruzada, Patricio Donoso, ministro del Trabajo, indicó que el Gobierno analiza enviar una reforma laboral a la Corte Constitucional. Ya que según la Constitución, el Ejecutivo puede legislar en materia económica urgente, vía decreto, mientras se realizan las nuevas elecciones.
José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, dijo que a partir de la declaratoria de muerte cruzada, las centrales sindicales del país se declaran en sesión permanente para vigilar las acciones del Ejecutivo en este período sin Asamblea Nacional.
Si bien no convocó a manifestaciones, Villavicencio explicó que el 3 de junio de 2023, en Quito, se realizará una convención nacional de todas las organizaciones sociales para definir cuáles serán las acciones para enfrentar al Gobierno de Lasso, al que lo calificó como dictatorial.
Mesías Tatamuez, dirigente sindical, aclaró que los trabajadores están de acuerdo que se vayan tanto las autoridades del Ejecutivo como del Legislativo, pero que esto no significa que durante la transición el Gobierno pueda actuar como una dictadura.
Pidió que las Fuerzas Armadas se dediquen al control de armas y fronteras. Mientras que la Policía debe precautelar la seguridad. Y no reprimir las protestas sociales que podían originarse por los decretos ley anunciados por el Gobierno.
Sobre una posible reforma laboral, Tatamuez explicó que los trabajadores han pedido que sea discutida desde mayo de 2021, cuando se posesionaron las autoridades del Gobierno y de la Asamblea disuelta.
"Pero no vamos a permitir que se envíen a la Corte, ahí si vamos a cerrar carreteras".
Las centrales sindicales piden que se organicen mesas de trabajo entre el Ejecutivo y las organizaciones de trabajadores para acordar una eventual reforma laboral.
Además, Villavicencio recordó que antes de declarar la muerte cruzada, el Ejecutivo emitió otro decreto sobre la lucha contra el terrorismo. Y que para las organizaciones sociales ese es el preámbulo para que las Fuerzas Armadas puedan reprimir a los grupos sociales, en eventuales protestas

Una nueva demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 741, con el que el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea, llegó a la Corte Constitucional la mañana del 18 de mayo de 2023.
Esta vez, la acción es impulsada por el movimiento Unidad Popular y por la Unión Nacional de Educadores (UNE).
Geovanny Atarihuana, representante de Unidad Popular, dijo que la demanda se fundamenta en que "en el país no existe conmoción social, por lo que no hay razón para la disolución de la Asamblea".
Además, detalló que también piden que la Corte Constitucional emita medidas cautelares para que suspenda la vigencia del decreto presidencial.
Nelson Erazo, dirigente de Unidad Popular, adelantó que su movimiento participará en las elecciones, si el decreto ejecutivo 741 pasa los filtros de la Corte Constitucional.
"Participaremos sin alianzas con el correísmo ni con la derecha"
Y amenazó con movilizaciones que estarán en las calles si se "pretende privatizar el sector de hidrocarburos o si el Gobierno envía una reforma laboral que elimine derechos de los trabajadores"