Las espectaculares denuncias que amenazan con desvanecerse

Nota actualizada a las 10:34 del 21 de enero de 2020, con la decisión del caso de personas detenidas en el aeropuerto.

A través de la Secretaría Anticorrupción, de varios de sus ministros o, incluso, del propio presidente Lenín Moreno, el Gobierno ecuatoriano ha planteado un serie de denuncias ante la Fiscalía y la opinión pública.

Los procesos, por la urgencia y euforia con la que son presentados, alcanzan generalmente un alto impacto mediático. Pero hasta la fecha casi ninguno -o ninguno- ha culminado en una sentencia penal o en la recuperación de recursos para el Estado.

Una de las denuncias más vistosas del Gobierno tiene que ver con el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro, que fue creado por el correísmo.

En marzo de 2019, en un Foro regional que se desarrolló en Chile, el presidente Moreno aseguró que esa organización se financiaba con dineros públicos de Venezuela.

Cinco días después, Iván Granda, entonces secretario Anticorrupción, puso una denuncia en la Fiscalía. Pero esta entidad replicó que "los hechos no configuran indicios de presencia de una conducta típica y antijurídica".

En julio de 2019, finalmente, el Instituto fue disuelto de oficio por la Cancillería por haber incumplido la normativa sobre la elección de su directiva.

Otra denuncia que acaparó titulares ocurrió durante las protestas de octubre de 2019. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que fueron detenidas 17 personas en el Aeropuerto de Quito, supuestamente por tener en su poder cuchillos, un tolete, un bate y conocer información sobre las rutas del Presidente y el Vicepresidente.

Dos días después, 15 fueron liberados porque no se encontraron indicios para calificar una flagrancia. Los otros cuatro se debieron presentar pasando un día ante la Fiscalía, pero tampoco han sido acusados de nada.

Finalmente, el 14 de enero, el juez Miguel Narváez ratificó la inocencia de todos los involucrados. Además, certificó que todos los detenidos son conductores de taxis de aplicaciones móviles.

En febrero de 2019, en cambio, Iván Granda habló de 17 testaferros del correísmo con los que tenían un acuerdo para cooperar, en caso de que se aprobará la Ley Anticorrupción, y puedan acceder a beneficios

La Fiscalía abrió una instrucción fiscal y citó a Granda para que hablará de esos acuerdos. Él dijo que entregó la lista de los supuestos testaferros, pero hasta el día de hoy no se conoce quienes son ni a quienes, presuntamente, prestaron sus nombres para delinquir.

El caso Rivadeneira

La denuncia la interpusieron Iván Granda, como secretario Anticorrupción; y Marisol Andrade, como directora del Servicio de Rentas Internas (SRI).

En medio de un convenio de cooperación entre la Secretaría Anticorrupción y el SRI, la Secretaría emitió una alerta tributaria sobre los contratistas de la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.

Entre los contratistas aparece Worley Parsons Internacional, que está involucrada en irregularidades en la fiscalización de la Refinería de Esmeraldas y en la gerencia de la Refinería del Pacífico.

En la denuncia se habla de Jorge Antonio Alcívar Piña, un esmeraldeño que se dedica al alquiler de bienes inmuebles. Durante el período 2012-2016, el principal cliente de Alcívar fue Worley Parsons. En total recibió USD 673.187,87.

Dentro de este caso Pedro Rivadeneira, padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, fue detenido el 9 de enero de 2010.

La vinculación de Rivadeneira tiene que ver con su actividad laboral. El padre de la legisladora correísta trabajó desde el 18 de agosto de 2017 para Alcívar.

Pedro Rivadeneira se desempeñaba como administrador del edificio Flamingo, propiedad de Alcívar, que dio nombre al caso y que funciona como un lugar de hospedaje.

En la denuncia se establece que Rivadeneira aparece como firma autorizada de una cuenta de Alcívar. Y que por la relación laboral y financiera con Alcívar era sujeto de investigación.

Horas después de su detención con fines de investigación, Rivadeneira fue liberado y tendrá que presentarse una vez a la semana en la Fiscalía de Otavalo, durante los 90 días de instrucción fiscal.

Junto a Pedro Rivadeneira fue detenido Mauro Flores, pero a él se le ratificó la prisión preventiva. Él aparece como vendedor de automóviles de manera irregular y deberá justificar la posesión de USD 5 millones.

Durante los 90 días de instrucción fiscal, la Fiscalía continuará las investigaciones para descubrir si Rivadeneira y Flores cometieron un delito y así acusarlos.

Además, tendrá que identificar la relación de los dos con el dinero que Alcívar recibió de Worley Parsons y no declaró, según la denuncia del Gobierno.