Ecuador con problemas, otra vez, para elegir a sus jueces nacionales

Si bien, en un inicio, el Consejo de la Judicatura había previsto designar a sus nuevos 16 jueces hasta el 15 de enero de 2021, ahora la selección se alargará hasta el 4 de marzo de ese año.

Este ajuste de fechas significará, además, que los actuales jueces se prorroguen en funciones por cerca de dos mes.

La normativa ecuatoriana dice que los magistrados nacionales son elegidos para un período de nueve años, pero deben ser renovados parcialmente cada tres. Ese plazo se cumple en enero de 2021.

¿Por qué entonces se alarga el proceso? El retraso se debe, según la información oficial, a una falla técnica.

Un recalentamiento en el data center de la Función Judicial provocó un apagón de ciertos equipos y servidores.

Entre ellos está el repositorio Hadoop, que almacena la información del concurso y también del Sistema Automático de Trámite Judicial (Satje) y del Sistema de Pensiones Alimenticias

Por ese motivo, por ahora, es prácticamente imposible acceder a documentos que están en el sistema sobre el proceso.

Al momento, la Judicatura ha avanzado con seis de las 14 actividades del concurso. Y están pendientes, entre otras, la calificación de méritos, las pruebas psicológicas, teóricas y prácticas y las audiencias públicas de impugnación.

Otras observaciones

Además de los problemas técnicos que la Judicatura dice que está enfrentando, el concurso para la Corte Nacional atraviesa por otras coyunturas que lo hacen aún más polémico.

Por ejemplo, la Comisión Nacional Anticorrupción había anunciado una veeduría al proceso. Pero, se retiró tempranamente alegando falta de transparencia e información.

Pero, ese no es el único problema.

• Jueces temporales

En esta ocasión se reemplazarán 16 jueces nacionales aunque la norma establece que las renovaciones se deben hacer de tres en tres.

Esto se debe a que 16 jueces fueron destituidos en 2019 después de una evaluación realizada por el Consejo de la Judicatura.

Mientras se realiza el concurso, los despachos judiciales están a cargo de conjueces temporales que fueron extraídos de las cortes provinciales.

Sin embargo, esos reemplazos han generado una sensación de inestabilidad jurídica. Por ejemplo, en el área penal, el juez temporal Iván León ha presidido el tribunal de juzgamiento de tres de los casos más importantes de la actualidad: Sobornos, Secom I y Singue.

En el caso Singue que está en etapa de juicio, por ejemplo, la defensa de Silvana Pástor, una de las procesadas, ha conformado un equipo de abogados que ya delinea una estrategia internacional con base en el juzgamiento con un tribunal que no fue designado legalmente.

A eso se suma que, el mismo conjuez León es uno de los postulantes para obtener la titularidad de uno de los despachos de la Corte Nacional.

• Tiempos políticos

El máximo organismo de la justicia ecuatoriana se acerca a su tercera transición en 10 años. En 2011, el entonces presidente Rafael Correa "metió la mano a la justicia" a través de una consulta popular que le permitió reorganizar la Judicatura y la Corte Nacional.

En 2018, ya con Lenín Moreno en el poder, otra consulta popular dio paso a un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, con poderes extraordinarios.

Esta entidad destituyó a la Judicatura, que había sido nombrada por el correísmo y nombró a un nuevo Consejo Transitorio. Luego se vino la evaluación a la CNJ y la destitución de 16 magistrados.

Ahora, la elección de la nueva Corte coincide, otra vez, con una recambio político en el país.

El 7 de febrero de 2021 será la primera vuelta electoral para elegir al nuevo presidente de la República. El 4 de marzo se elegirá a los jueces nacionales y el 11 de abril se daría una eventual segunda vuelta electoral.

Es decir, los magistrados serán electos en medio de los comicios nacionales y empezarán sus funciones casi a la par del nuevo gobierno.

La influencia política, además, toma relevancia porque los nuevos jueces se encargarán de juzgar los sonados casos de corrupción relacionados con la emergencia de Covid-19 y el actual Gobierno.

Malos antecedentes

Desde el regreso a la democracia, en 1979, la Corte Nacional antes llamada Corte Suprema ha tenido cuatro tipos de nombramientos.

• Entre 1979 y 2005, la Función Legislativa fue la encargada de nombrar a los más altos magistrados del país.
• En 2005 se nombró una nueva Corte a través de una comisión calificadora nombrada por el Ejecutivo y supervisada por la Organización de Estados Americanos y la Comunidad Andina.
• Para 2008, luego de la aprobación de la Constitución de Montecristi, los jueces fueron nombrados a través de un sorteo.
• En 2011, finalmente, la facultad de nombramiento pasó al Consejo de la Judicatura a través de concursos públicos de oposición y méritos.

El concurso, que es el mecanismo que está vigente, tiene malos antecedentes. Los tres procesos anteriores, para renovación y elección de jueces nacionales fueron observados por participantes, veedores y actores políticos.

Y, posteriormente, esas observaciones fueron ratificadas por la propia Contraloría General del Estado.

• Concurso 2011

En agosto de 2011, el Consejo de la Judicatura de transición, presidido por Paulo Rodríguez, inició un concurso para la designación de los nuevos jueces de la Corte Nacional.

Sobre ese concurso se identificaron, al menos, 12 irregularidades, entre las que destacan:

• Pese que se detectó el 40% de los postulantes tuvo inconvenientes con la experiencia laboral, el 30% con la declaración juramentada, el 20% con la experiencia académica y el 20% con otros requisitos se permitió que esos postulantes continúen en el proceso.
• En la fase de recalificación de méritos, se otorgaron entre 0,5 y seis puntos más a varios postulantes con base en documentos que no cumplían con los requisitos.
• No hay documentación para verificar si los resultados de las pruebas de oposición fueron reales.

• Concurso 2014

En 2014, ya siendo Gustavo Jalkh el presidente de la Judicatura, se convocó a un concurso de renovación de la Corte Nacional. Entonces ya habían transcurrido tres años desde el nombramiento inicial, como lo establece la ley.

También en este proceso se detectaron anomalías:

• Pese a contar con el Sistema Sisperfuj, para la selección de personal judicial, el proceso se llevó de forma manual.
• No se publicaron resultados de todas las fases del concurso.
• Los documentos entregados por los postulantes para la fase de méritos, fueron puntuados de manera discrecional.

• Concurso 2017

Tres años después, en agosto de 2017, nuevamente se puso en marcha la renovación parcial de la Corte. Todavía al frente de la Judicatura estaba Jalkh.

En ese proceso se detectaron, al menos, 14 irregularidades procesales y administrativas. A continuación las más relevantes:

• Calificación de méritos no se sujetó al puntaje establecido en la normativa.
• Se permitió que dos postulantes que no cumplieron con requisitos mínimos, pasen a la siguiente fase.
• El 32% de los jueces designados en las renovaciones de 2014 y 2017, tuvieron relación de dependencia con la Judicatura pese a la prohibición legal.

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