Fausto Camacho: hay una carencia de cultura democrática en el país

En el segundo programa Hable con el experto, de PRIMICIAS, Fausto Camacho, analista político y exvocal del Consejo Nacional Electoral, respondió a las inquietudes ciudadanas sobre las elecciones del 7 de febrero de 2021.

¿Ecuador había pasado por un proceso electoral con tantos candidatos, tropiezos y retrasos, en la historia política del país? 

Con una papeleta de esa naturaleza, con tantas candidaturas presidenciales, no. 

Hemos tenido papeletas de hasta 400 candidatos para la Asamblea Nacional, cuando se llamaba Congreso. Se presentaron 20 listas, con lo cual eran 400 candidatos. 

Era la papeleta de 1998, cuando se abrió esta posibilidad de votar entre listas. La papeleta medía 1,30 por 0,90 metros, un pliego de papeleta. Además estaban los nombres y fotos de los suplentes. 

Es el recuerdo de una experiencia terrible, porque adicionalmente era la primera vez que se abrían las listas, y por tanto, la primera vez que se hacía una papeleta de esa naturaleza. 

Era la antesala de una crisis que devino en el aparecimiento del Mesías de 2006, que se instaló en el poder en 2007. 

Ahora tenemos un antecedente parecido. Una crisis institucional muy grave, una autoridad electoral deslegitimada, como resultado de un proceso de transición encabezado por Julio César Trujillo, quien en este caso, al parecer, se equivocó. 

A eso añadimos una crisis de partidos. Hay un sistema de partidos políticos fragmentado, disperso, que no funciona, que no responde a intereses legítimos desde la perspectiva de ideologías, de políticas de propuestas.

¿Cuál es el origen de esta crisis?

No creo que esté en el diseño institucional, creo que está en la carencia de cultura democrática de los actores. 

Me refiero a los partidos, a los candidatos, por un lado. Y por el otro, a la autoridad electoral. Si todos nosotros nos acogemos a los mandatos de la Constitución y la ley, tenga la certeza que las cosas funcionarían bastante mejor. 

El hecho de que tengamos un organismo electoral con representación partidaria o ciudadana no es el problema, sino que quienes llegan se olvidan de su razón de ser y prevalecen intereses de toda índole.

La Constitución dice independencia, transparencia, que no se puede representar a partidos políticos dentro del CNE, y luego la ley habla de varias cosas, que el Consejo Electoral no cumple y los actores tampoco. 

Por ejemplo, la ley dice que está prohibido entregar dádivas y regalos; es una infracción grave y no hay casi candidato en este país que no entregue dádivas y regalos. 

Entonces ¿es la falta de control?

En parte sí. Pero es como la ley de tránsito, que dice que cruzarse en rojo es una infracción. Y no se puede culpar a la Policía de que permita que se crucen en rojo, porque no se puede poner a un policía en cada semáforo. 

Y no se puede poner un delegado del CNE en cada una de las campañas. 

Pero en este caso es obvio, porque los candidatos lo hacen público.

Así es, con ninguna vergüenza se cometen esos hechos que están en contra de la ley. Y con igual desparpajo, la autoridad de control no controla. 

Aquí hay dos actores que están fallando, se trata de que eso se debió haber planificado para ejecutarse meses atrás. 

Existieron denuncias que terminaron en llamados de atención. Sin embargo, no hubo consecuencias.

En algunos casos podría suceder siempre y cuando se propongan las acciones a tiempo. 

Hay una deficiencia en el diseño de la ley en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral no puede tomar decisiones de sanciones administrativas en este tipo de casos. 

El único que puede tomar las decisiones, solo en el ámbito jurisdiccional, es el Tribunal Contencioso Electoral.

Siempre he sostenido, y la práctica me da la razón, de que la autoridad administrativa, es decir el CNE, debe tener la capacidad sancionatoria. 

¿El CNE pudo sancionar y no lo hizo?

El hecho de la entrega de dádivas, hubiese sido advertido y suspendido a tiempo, para que luego, si el actor se siente perjudicado, intervenga en un proceso jurisdiccional ante el Contencioso Electoral. 

El CNE pudo hacerlo en el momento de la calificación, si este candidato no puede ser calificado porque incumple requisitos. 

También pudo haber dicho que esta propaganda, con este personaje con derechos políticos suspendidos, no puede salir al aire.

Finalmente se revirtió más por una presión social que por una decisión administrativa del Consejo Electoral y no hubo sentencia alguna del Tribunal Contencioso Electoral.

Otro ejemplo. Dos candidatas que encabezan dos importantes listas para el Parlamento Andino, Cristina Reyes y Verónica Arias, fueron asambleístas de 2013 a 2017 y lo siguen siendo de 2017 a 2021.

Tienen una licencia sin sueldo por ser candidatas, pero son candidatas a una dignidad diferente. Entonces debieron renunciar a sus cargos, como manda la Constitución. 

Pero el argumento asumido por el CNE fue que las funciones del parlamentario Andino y del legislador son las mismas, por lo que no es una candidatura diferente. 

Si ese alegato es cierto, entonces no debieron calificar las candidaturas porque no hay tres reelecciones posibles, la Constitución lo prohíbe. 

¿Quién es el responsable de eso? Los partidos que postulan a esas personas y la autoridad electoral que se hace la vista gorda y las califica.

¿Es posible regular el número de candidatos? 

Por supuesto que sí, es posible. La norma constitucional dice que los partidos y movimientos podrán ser a escala nacional y que los movimientos, adicionalmente, podrán constituirse en las provincias, cantones y parroquias.

Lo cual hace una dispersión gigantesca. Pero se puede resolver si se cumple irrestrictamente el proceso de calificación de los partidos políticos.

Por ejemplo, en 2012, debemos recordar la crisis de las firmas falsas. Había miles de firmas falsas en todos los partidos. 

Los partidos y movimientos presentaron 11,5 millones de firmas, cuando el padrón electoral en ese entonces era de 10,5 millones de electores. 

¿Hubo más firmas que electores?

Y quienes lo presentaron fueron los partidos. Pero el CNE no tuvo la capacidad de poner en orden todo eso y, por más que se armó el escándalo, ahora el CNE dice que somos 6,5 millones de ecuatorianos que militamos en los partidos.

Es decir, la mitad de los electores, según el CNE, estamos afiliados a algún partido político. 

Si no hay la voluntad política de depurar esa mentira, en la cual se basa este sistema de partidos políticos, no se va a poder resolver.

Ojalá haya un acuerdo entre todos los partidos, los movimientos, la autoridad electoral y la sociedad, para que una vez que hayan terminado estas elecciones, se pueda poner en orden este proceso de partidos.

Borrón y cuenta nueva.

Correcto, borrón y cuenta nueva, con mi huella dactilar, como dice la ley, y el que no cumple, afuera.