Tres casos penales por la disputa entre la Fiscalía y el CPCCS
La pugna política entre la Fiscalía y el CPCCS desencadenó la apertura de investigaciones por destrucción de datos, fraude procesal y tráfico de influencias.
Alembert Vera, presidente del CPCCS, y Diana Salazar, fiscal General del Estado.
Fotos: API
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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lleva 112 días en funciones. En este tiempo, los nuevos vocales del organismo han mantenido una disputa pública con la Fiscalía General del Estado.
Esta pugna se ha caracterizado por un constante cruce de acusaciones. Y ha desembocado en la apertura de tres investigaciones previas en la misma Fiscalía.
El CPCCS, presidido por el abogado correísta Alembert Vera, ha denunciado que el Ministerio Público inició una supuesta persecución política a sus vocales.
Desde la Fiscalía, en cambio, Salazar ha planteado que el CPCCS busca sacarla del cargo con el objetivo de alcanzar "la impunidad" para los líderes políticos del correísmo, que han sido sentenciados con sus investigaciones, como Rafael Correa y Jorge Glas.
Las denuncias
En los tres meses y medio que llevan la Fiscalía y el CPCCS en disputa, estas son las tres investigaciones que se abrieron. Dos apuntan a la Fiscalía y la restante a los vocales de Participación Ciudadana.
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Destrucción de datos
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El 19 de mayo de 2023, cuatro días después de su posesión, la Fiscalía abrió una investigación previa contra los siete vocales del CPCCS por el presunto delito de destrucción de registros. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este tipo penal se configura cuando una persona destruye registros originales de una autoridad pública o judicial. Se castiga con penas de siete a 10 años de cárcel. La causa se originó en un parte policial, según Alembert Vera. Un agente informó que en redes sociales se conoció que los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana estaban destruyendo los documentos del concurso con el que Diana Salazar fue seleccionada como Fiscal General.
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Fraude procesal
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En medio de la investigación previa por destrucción de registros, Alembert Vera, titular del CPCCS, acudió a la Fiscalía a revisar el expediente de ese caso. Según el relato del funcionario, en medio de la documentación judicial encontró una hoja en blanco que estaba numerada, lo que a su visión podría considerarse como un fraude procesal. Por esta razón, en ese momento llamó al ECU-911 para comunicar el posible cometimiento de ese delito. Además, el 15 de julio de 2023, el CPCCS interpuso una denuncia por fraude procesal en contra del despacho de la Fiscalía a cargo de ese proceso.
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Tráfico de influencias
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La tercera causa penal abierta por la pugna entre la Fiscalía y el CPCCS tiene que ver con el supuesto plagio del que se acusó a Diana Salazar, fiscal General, respecto a su trabajo de titulación como abogada que presuntamente contiene parte de un artículo científico ajeno. Esta denuncia fue presentada públicamente por el colectivo Acción Jurídica Popular. No obstante, la Universidad Central, centro académico donde Salazar se graduó de abogada, descartó el plagio. Sin embargo, el Consejo de Participación realizó su propia investigación. Y aprobó un informe en el que se recomendó denunciar a Salazar por un supuesto tráfico de influencias, ante el Fiscal General subrogante, Wilson Toainga. Según el informe del CPCCS, Diego Rodríguez, funcionario de la Fiscalía, habría recibido ascensos a cambio de permitirle a Salazar copiar un artículo suyo, previo a su publicación, y utilizarlo para su tesis de grado.
Sin Asamblea no hay destitución
Si bien tanto la Fiscalía y el CPCCS se señalan mutuamente por supuesta persecución y denuncian que el objetivo sería su destitución, al momento esto no es posible.
Según el artículo 131 de la Constitución del Ecuador, solo la Asamblea Nacional puede destituir tanto a la Fiscal General del Estado como a los vocales del CPCCS, a través de un proceso de juicio político.
Pero en este momento, el país no tiene una Asamblea en funciones. El 17 de mayo de 2023, el presidente Guillermo Lasso decretó la denominada muerte cruzada. Con esta figura, el Presidente disolvió al Legislativo y dio paso a elecciones extraordinarias.
Según el cronograma aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los nuevos legisladores recibirán sus credenciales el 26 de octubre de 2023.
Es decir, solo a partir de esa fecha, los asambleístas podrían plantear el inicio de juicios políticos, ya sea en contra de los vocales del CPCCS o de la fiscal Salazar, y buscar su destitución.
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