A cinco días de su posesión, el CPCCS habla de persecución

El nuevo Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) denunció una supuesta persecución por parte de la Fiscalía a los siete consejeros de la entidad, a través de una indagación previa, por un presunto intento de robo de documentación de la entidad.

El exabogado de Rafael Correa y actual presidente del CPCCS, Alembert Vera, hizo la denuncia en su primera rueda de prensa. Y dijo que este 19 de mayo, la Fiscalía les notificó con el inicio de las investigaciones.

Calificó el acto como repudiable e innecesario y contó que la solicitud del Ministerio Público es para que se entreguen las acciones de personal de los consejeros y la información del concurso público en el que participó la fiscal Diana Salazar.

Vera dijo que la documentación está completa en el Consejo y que bastaba una llamada para entregarle la información del concurso por el cual se la designó. Por lo que, agregó que "no se puede utilizar a la Fiscalía para amedrentar".

Los antecedentes

La Fiscalía advirtió de un supuesto intento de robo o alteración de documentos de los archivos del Consejo de Participación Ciudadana el 18 de mayo de 2023.

Según la Fiscalía, se trataría de documentos que respaldan el concurso de designación de la Fiscal Diana Salazar.

"Este hecho es parte de una serie de acciones con las que personas inescrupulosas intentan impedir la permanencia de Diana Salazar en sus funciones", dice el comunicado de la Fiscalía.

La entidad pidió al CPCCS copias certificadas de los documentos del proceso de designación de la Fiscal, para que "no se altere la información que ahí reposa".

La respuesta del CPCCS

De ahí que el CPCCS respondió que toda la información y documentos de respaldo de cada proceso de designación de autoridades, están archivados en la Secretaría General del Consejo.

El CPCCS aclaró que el archivo cuenta con "seguridades técnicas necesarias para evitar cualquier tipo de interferencia interna o externa".

Además, en un comunicado, el CPCCS rechazó "la infundada acusación".

El CPCCS también "recordó muy respetuosamente" a la Fiscalía que "pretender imputar la comisión de un delito" a personas, empresas o instituciones públicas, está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.