Tres pronunciamientos o decisiones del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) parecen prever una disputa política con el Gobierno.
El 17 de mayo de 2023, casi seis horas después de que el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea y pidió llamar a elecciones anticipadas -a través de la muerte cruzada-, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) anunciaba que "ocupará el rol de fiscalizador".
Tres días antes, el CPCCS había sido renovado y en su nueva conformación resalta una mayoría combinada entre simpatizantes de la autodenominada Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano (PSC).
Incluso, Alembert Vera, exabogado personal del expresidente Rafael Correa, fue designado como presidente de la institución.
Ante la ausencia de la Asamblea Nacional, que fue disuelta por Lasso, el Consejo informó que ejercerá todos los procesos de fiscalización que permiten la Constitución y las leyes.
Y el ofrecimiento no se hizo esperar. El 23 de mayo de 2023, el CPCCS convocó a Juan Zapata, ministro del Interior, a rendir cuentas de la ejecución presupuestaria de su Cartera de Estado, durante 2022.
Según el Consejo, esta rendición de cuentas debía darse en el marco de una audiencia pública, que fue solicitada por un ciudadano y para la que el CPCCS prestaría el espacio físico.
El ciudadano en mención es Juan Pablo Jaramillo, exasesor legislativo de Mireya Pazmiño, una de las asambleístas que impulsaron del juicio político fallido contra el presidente Guillermo Lasso.
Jaramillo también fue funcionario de la Prefectura de Picincha, durante la administración de la correísta Paola Pabón.
Al día siguiente, el 24 de mayo, el Consejo de Participación volvió a aparecer. Esta vez, anunciando la conformación de una veeduría ciudadana para vigilar los decretos ley emitidos por Lasso.
Según la Constitución, una vez disuelta la Asamblea Nacional y mientras se realizan las elecciones extraordinarias, el presidente Lasso tiene la facultad de gobernar a través de decretos ley en materia económica urgente, que deberán ser avalados por la Corte Constitucional (CC).
Hasta el momento, Lasso ha enviado dos decretos ley: una reforma tributaria y un proyecto de inversiones y zonas francas. La Corte aún no se ha pronunciado sobre ninguna de las dos iniciativas.
La respuesta del Ejecutivo
La misma mañana del 17 de mayo, después de la declaratoria de muerte cruzada y del primer anuncio del CPCCS, Henry Cucalón, ministro de Gobierno, respondió.
En una rueda de prensa, recordó que, si bien hasta ahora y desde su creación, el Consejo de Participación Ciudadana ha sido noticia y ha generado polémicas por la designación de autoridades; realmente tiene otras dos funciones.
Cucalón se refirió a la promoción de la participación ciudadana y a las investigaciones sobre actos de corrupción en cualquier Función del Estado. Aunque recordó que esas investigaciones no son vinculantes.
Tras la convocatoria a Zapata y el anuncio de la veeduría a los decretos ley, en una entrevista con la revista Plan V, Cucalón explicó que la Ley de Participación Ciudadana contempla las veedurías y que, incluso, el CPCCS puede solicitar información a cualquier funcionario.
Pero, aclaró Cucalón, el rol llega hasta ahí. Y pidió a los vocales de Participación Ciudadana que no se confundan con la facultad fiscalizadora política, que es privativa de la Asamblea.
"La palabra comparecencia no aplica, esa figura no pueden utilizarla. Solo invitar", dijo Cucalón.
Por esta razón, Zapata no acudió a la audiencia pública para exponer la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior.
Zapata dijo a PRIMICIAS que el procedimiento legal planteado no es el correcto, por lo que únicamente respondió al solicitante.
Y añadió que cuando la Asamblea lo convocaba a comparecer siempre cumplió. Asistió en 36 ocasiones a diferentes instancias legislativas. Incluso, tuvo cuatro en un mismo día.
Por ahora, el Ejecutivo cumplirá con los requerimientos de información legales del CPCCS. Pero se mantiene vigilante sobre cualquier arrogación de funciones.
La arrogación de funciones es un delito castigado con penas de uno a tres años de cárcel, según la legislación penal.
CPCCS versus Fiscalía
El recientemente renovado Consejo de Participación Ciudadana no solo ha puesto sus ojos en el Ejecutivo. A cinco días de su posesión, los vocales también abrieron otro frente con Diana Salazar, fiscal General del Estado.
Salazar denunció que al interior del CPCCS hubo un intento de robo o alteración de documentos referentes al concurso con el que ella fue nombrada Fiscal General.
“Este hecho es parte de una serie de acciones con las que personas inescrupulosas intentan impedir la permanencia de Diana Salazar en sus funciones”, dijo un comunicado de la Fiscalía.
Incluso, Alembert Vera indicó que el Ministerio Público abrió una investigación previa en contra de los siete consejeros.
La Fiscalía solicitó copias certificadas de todos los documentos relacionados con el proceso de designación de su autoridad. Y el Consejo de Participación cumplió con ese pedido. Sin embargo, el tema no quedó ahí.
2) Al @CpccsEc solicitamos audiencia pública, para exponer los hallazgos del plagio de la Tesis de la Fiscal General y la falta de calidad académica del “libro” q le sirvió como mérito para llegar a Fiscal @DianaSalazarM2, Art. 74 núm 2 Ley Orgánica de Participación Ciudadana
— Priscila Schettini (@PrisSchettini) May 22, 2023
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El 22 de mayo de 2023, la organización Acción Jurídica Popular, liderada por Priscila Schettini, pidió al CPCCS una audiencia pública para exponer los hallazgos sobre un supuesto plagio de la tesis de titulación de la fiscal Salazar.
También solicitó a la Judicatura que suspenda y destituya a la Fiscal Salazar.
Schettini es esposa de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo, quien está en prisión por un presunto delito sexual.
La esposa de Carrión ha acusado en reiteradas ocasiones a la fiscal Salazar de supuestas violaciones en el proceso penal de su marido.
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