Nadie aboga por la Asamblea, la vida sigue tras la muerte cruzada

La idea de una posible conmoción social o demostraciones de descontento en las calles contra la muerte cruzada fue solo eso: una idea. La ciudadanía siguió con su día a día, pese a que el presidente Guillermo Lasso tomó una medida drástica y sorpresiva: disolver la Asamblea Nacional.

En los alrededores del palacio legislativo había incertidumbre el 17 de mayo, pero la razón principal fue la presencia del cerco militar y policial que custodiaba las instalaciones.

Los únicos que demostraban una legítima preocupación eran los funcionarios legislativos que se enteraban de que ya no tendrían trabajo o que no sabían cuando retornarían a sus funciones o podrían ingresar a sus oficinas.

Las advertencias de grupos sociales y populares quedaron en el aire. Especialmente las del movimiento indígena, que amenazó con impedir que el presidente Guillermo Lasso mantenga el poder sin un contrapeso político en la Legislatura, no se concretaron.

La Conaie había resuelto, a finales de febrero, que no permitirían que el Presidente "pretenda disolver funciones del Estado y gobernar por decreto”. Que, en ese caso, “de manera inmediata" declararían un "levantamiento y paro nacional“.

Pero, una vez ejecutada la decisión del Mandatario, la reacción fue distinta. Leonidas Iza dijo que se mantendrán vigilantes y se limitó a pedir al Gobierno que se abstenga de emitir medidas "sensibles".

Mientras tanto, las centrales sindicales señalaron que sólo tomarán medidas de hecho, como el cierre de carreteras, si el presidente Lasso intenta introducir reformas laborales a través de un decreto ley.

Varios legisladores habían anunciado que la ciudadanía no permitiría que los destituyan y que saldría a defenderlos. Pero sus ilusiones se desvanecieron al ver que Quito y el resto del país continuaba con su jornada como si nada mientras la Asamblea era disuelta.

La sociedad civil se hizo presente a través de los comunicados de varias organizaciones. Por ejemplo, las de derechos humanos pedían observación internacional y que se garantice el respeto en esa temática, incluido el derecho a la protesta.

Por su lado, el sector productivo pidió tranquilidad, el respeto al orden democrático y que las fuerzas políticas no ahonden la crisis política.

¿Qué hay detrás de la apatía ciudadana?

Apenas el 17% de ecuatorianos está satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Así mismo, el 85,7% desaprueba la gestión del presidente Guillermo Lasso y el 79,2% desaprueba la de la Asamblea Nacional.

Las cifras del último estudio de opinión de Imasen, tomadas un mes antes de la decisión del Presidente de destituir a los asambleístas, son reveladoras.

Pese a que el 56,8% de encuestados pensaron que Lasso sería destituido por el Legislativo, solo el 11,6% sabían de qué se trataba el juicio político en su contra. Y solo el 48,6% hubiese votado a favor de su censura, si hubiesen sido asambleístas.

En abril, un 48,2%, de ciudadanos dijeron que no estarían de acuerdo con que el presidente Lasso ejecute la muerte cruzada, para que se convoque a elecciones extraordinarias. Pero un 41,1% apoyaba la iniciativa.

Gustavo Isch, vocero de Imasen en Ecuador y exsecretario de Comunicación, explica que la falta de credibilidad que la ciudadanía tiene sobre la política y los políticos "parece haber llegado a un tope".

A este clímax se suma la desmovilización forzada de la sociedad civil y debilitamiento del tejido social durante los 10 años de correísmo, la ausencia de liderazgos nacionales y el hecho de que las dos últimas grandes movilizaciones estuvieron relacionadas con actos de violencia.

Los políticos llegaron por fin a motivar en la mayoría de ciudadanos un hastío y un alejamiento.

Gustavo Isch, analista político

Isch apunta como problemas que la política partidista ha perdido el interés de los ciudadanos porque se ha vuelto costumbre que no cumplan sus promesas de campaña y tampoco resuelvan los problemas de la gente.

Pero también señala la responsabilidad de los electores, que "son quienes votan por las autoridades sin discernir la decisión". A la vez que las agrupaciones políticas insisten en poner candidatos "ineptos" con tal de llegar al poder.

Además, el analista sostiene que la legalidad de ganar unas elecciones no es suficiente. Tanto la Asamblea como la Presidencia se volvieron ilegítimas a través de su gestión y su fracaso en estos dos primeros años del periodo.

Sin embargo, Isch advierte que no se puede tomar este cansancio o ausencia de reacción a la ligera.

Todo dependerá de las decisiones que vaya tomando el presidente Lasso, un paso equivocado podría convertirse en un detonante para que el hastío de la ciudadanía se vuelque a las calles.