Pese a informes negativos, FF.AA. utilizarán fusiles chinos para entrenamiento

Nota actualizada a las 14:30 del 10 de junio de 2021 con la decisión del Ministerio de Defensa.

A través de cooperación internacional, durante el gobierno de Rafael Correa, Ecuador recibió la donación de 10.000 fusiles AK47 tipo 56-2 por parte del Gobierno de China.

Esas armas presentaron varios problemas. Nunca pudieron ser utilizadas y, cinco años después, se ha decidido darles un fin educativo.

El 26 de mayo de 2021, la Contraloría aprobó el informe DNA1-0026-2021. El organismo auditó el proceso de donación, recepción, registro, control, uso y destino de las armas por parte del Ministerio de Defensa y otras entidades.

Según el examen, los fusiles están en custodia de las unidades militares. Se encuentran en buen estado de conservación, almacenados en sus empaques propios, con la grasa original y mantenimientos preventivos.

Pero, el 7 de abril de 2021, Oswaldo Jarrín, entonces ministro de Defensa del gobierno de Lenín Moreno, anunció la chatarrización de los 10.000 fusiles chinos.

Sin embargo, la Contraloría determinó que las Fuerzas Armadas no cuentan con normativa interna que establezca procedimientos y acciones a tomar, para los casos de material bélico que se encuentra inservible y no es usado.

Luego de la publicación del informe de la Contraloría, la tarde del 8 de junio de 2021, el ministro Fernando Donoso se reunió con Chen Guoyou, embajador de China en Ecuador, y con el agregado militar de esa delegación diplomática.

Tras la reunión, los gobiernos de Ecuador y China acordaron utilizar los 10.000 fusiles para entrenamiento militar.

Esta decisión se toma pese a la existencia de dos informes sobre los problemas técnicos que presenta ese armamento.

Problema tras problema

Los inconvenientes con los fusiles empezaron a detectarse el 3 de octubre de 2017, en el gobierno de Lenín Moreno. Ese día, el comandante del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de las Fuerzas Armadas suscribió el informe FT-GEO-P-3-053-2017.

Ese documento decía, entre otras cosas, que la munición existente para esos fusiles era insuficiente: no había balas para capacitar sobre su uso a las tropas ecuatorianas y mantener operativas las armas.

El problema se agravó porque la empresa pública Santa Bárbara, dedicada a la producción de municiones, no fabricaba ese tipo de balas.

El informe del GEO, además, detalló que los fusiles estaban diseñados para personas zurdas. Y que el personal ecuatoriano, en su mayoría, es diestro.

La tercera conclusión del comandante del GEO fue que armas no eran las mejores para los uniformados de su grupo. Los uniformados del GEO realizan misiones que requieren fusiles precisos a corto y largo alcance. Así como accesorios como miras, linternas y apoyos de guardamanos.

Entonces, el Grupo de Especial de Operaciones recomendó que se analice si estos fusiles eran factibles para ser utilizados para conocimiento general de armamento, instrucción básica o para uso en paradas militares.

El 10 de octubre de 2017, el Comandante del Comando de Operaciones Terrestres (COT) emitió otro informe. En ese documento, finalmente, se resolvió que los fusiles debían ser utilizados para instrucción y no como arma de dotación.

Tampoco para entrenar

Días después, empezando noviembre de 2017, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) firmó un contrato por USD 11.602 con Santa Bárbara EP para realizar pruebas de evaluación a los fusiles y al lote de munición 7.62x39mm.

Ese estudio, con base en pruebas de condiciones extremas (arena - polvo y agua - lodo), determinó que los fusiles tenían problemas de trabas en el gatillo disparador y, por lo tanto, su funcionamiento no era aceptable.

Además, en la prueba de caída hubo problemas de desarme de la alimentadora, del seguro de disparo. Y, al impacto de la caída, se dispararon fortuitamente dos de cinco fusiles probados.

Con este resultado se consideró que el estado de las armas era crítico. En una situación real, decía el estado, debido a las fallas que provocaban una caída, los soldados iban a quedar desprotegidos. O, en un caso peor, se podían disparar accidentalmente.

Pese a esos informes, el 13 de marzo de 2018, el Comaco dispuso enviar los fusiles a las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). Entre el 4 y el 11 de abril de ese año, el armamento se distribuyó así:

• 7.000 fusiles para la Fuerza Terrestre
• 2.000 fusiles para la Fuerza Naval
• 1.000 fusiles para la Fuerza Aérea

Y entre mayo y junio de 2018, los fusiles fueron divididos ente cinco unidades del Ejército, una de la Armada y siete de la Fuerza Aérea para su custodia, almacenaje y mantenimiento.

El 7 de agosto de 2018, el Ministerio de Defensa informó al Comaco que, con base en el informe de Santa Bárbara, por seguridad no era prudente entregar el armamento en calidad de dotación para instrucción del personal que cumplía el Servicio Cívico Militar Voluntario.

Y el 22 de octubre de 2017, finalmente, se dispuso que en un plazo de 24 horas los fusiles debían ser separados por componentes, mecanismos de rastrillaje y otros y embodegados en instalaciones diferentes.

La Contraloría verificó que los fusiles fueron desarmados y están almacenados en bodegas de Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Sucumbíos, Manabí y Guayas.

La cronología de la donación

El 3 de septiembre de 2014, María Fernanda Espinosa, entonces ministra de Defensa, y el embajador chino en Ecuador, Wang Shi Xiong, firmaron el Acuerdo 2013-031-JY418.

Con ese documento, China ofreció la entrega de materiales militares por 30 millones de yuanes (USD 4,7 millones según el cambio actual).

Las especificaciones y cantidades de esos materiales debían definirse según un común acuerdo de los estados. Y con base en las necesidades ecuatorianas.

El 27 de julio de 2015, los representantes de los ministros de Defensa de Ecuador y China definieron la lista que incluyó los 10.000 fusiles AK47 tipo 56-2.

El 9 de agosto de 2016, el Ministerio de Defensa ecuatoriano recibió las armas en el Puerto Marítimo de Guayaquil. Y fueron trasladadas al Comando Logístico Huancavilca, ubicado en esa misma ciudad. Esa donación fue parte de la cooperación tras el terremoto de abril de 2016.

El gobierno ecuatoriano debió pagar USD 6.540 por la desaduanización, gastos de transporte y demás trámites.

El 1 de junio de 2017, ya en el gobierno de Lenín Moreno, los fusiles fueron entregados al Comando de Apoyo Reino de Quito. Esa dependencia firmó un contrato con Engineering Center.

Por USD 33.060, esa compañía se encargó de grabar el escudo de Ecuador y los números de series en las armas.