71 gobernadores ha necesitado el Ejecutivo para las 23 provincias

El presidente Lenín Moreno nombró este 24 de noviembre a dos nuevos gobernadores. A uno de ellos le pidió la renuncia por haber denunciado a un periodista en Napo. Según el primer mandatario, esto va en contra de los principios del Gobierno.

Ellos se suman a una larga lista de representantes del Ejecutivo en el territorio. Desde mayo de 2017, el Mandatario ha designado a 71 gobernadores para las 23 provincias. Y la que más inestable resulta, por los constantes cambios de autoridad, es Sucumbíos.

Ninguno de los seis funcionarios que han ocupado el cargo en aquella provincia han cumplido el año. El promedio de ocupación de la oficina en Lago Agrio es de siete meses y el actual gobernador, Álbaro Beltrán, está por cumplirlos.

Sucumbíos tiene dos características particulares. Primero, más allá de estar en la frontera norte, colinda precisamente con el departamento colombiano de Putumayo y es uno de los puntos de paso de droga con mayor dominio del narcotráfico.

Y, segundo, tiene 12 bloques petroleros funcionando en su territorio. Uno de esos el bloque 43, más conocido como Yasuní ITT. Sin embargo, la renuncia del anterior gobernador, Toni Rojas, fue por la pandemia de covid-19: dijo que no había articulación oportuna para la atención en la provincia.

Las otras dos provincias con menor estabilidad política para el Ejecutivo son Guayas en Imbabura. En ambas el presidente Moreno ha nombrado cinco gobernadores en 42 meses de gestión.

En el caso de Guayas, fue la primera gobernación ocupada de inmediato. El Mandatario llegó al cargo y al día siguiente nombró a José Francisco Cevallos como su representante en la provincia, quien estuvo 15 meses en el cargo.

Aunque la conflictividad política con las autoridades del Puerto Principal disminuyó durante este Gobierno, después de Cevallos el cargo también ha resultado movido. Juana Vallejo lo ocupó por cuatro meses, Raúl Ledesma dos meses, Pedro Pablo Duart un año y, desde hace tres meses, la autoridad ejecutiva es Luis Chonillo.

En la provincia costera también ha resultado difícil manejar el tema de la seguridad ciudadana, los conflictos por asentamientos irregulares y, durante este año, la pandemia tuvo ahí su epicentro.

Y en Imbabura sucede algo similar. A los problemas locales se suman las disputas políticas, que restan estabilidad. La provincia solía ser bastión de Alianza PAIS y Avanza, pero tras el rompimiento con el morenismo las fuerzas quedaron divididas.

Además, la provincia tiene muchos problemas con el comercio que ingresa por la frontera norte, ya que el agro y la industria textil son parte importante de su economía; y los conflictos por la minería ilegal.

Y a esto se suma el impacto que ha tenido la crisis migratoria en la zona, que presentó uno de los momentos más críticos de xenofobia en el país tras el asesinato de una mujer embarazada frente a las autoridades que no pudieron neutralizar al atacante.

La estructura de las gobernaciones

Las gobernaciones responden al Ministerio de Gobierno y tienen por tarea velar por la gobernabilidad y la seguridad ciudadana en lo que la administración central denomina "el territorio".

Y la existencia de estas entidades ha sido cuestionada en varias ocasiones porque, a excepción del Archipiélago de Galápagos, cada provincia tiene dos autoridades del mismo nivel: el gobernador y el prefecto. Aunque sus competencias sean distintas.

Las gobernaciones representan un egreso promedio para el fisco de USD 38,7 millones anuales, el 91% de ese presupuesto se destina a pagar salarios de los 2.990 funcionarios que laboraban, hasta 2019, en las 23 instituciones provinciales.