2.990 funcionarios trabajan en estas instituciones cuya misión es "direccionar y orientar la política del Gobierno Nacional en la provincia". Estas entidades existen solo a nivel reglamentario.
Las gobernaciones tienen un objetivo: velar por la gobernabilidad y la seguridad ciudadana en lo que la administración central denomina "el territorio". Es decir, las provincias que no son Pichincha.
Estos organismos, tal como se conocen hoy, fueron creados por el presidente Gustavo Noboa en 2002, con el Decreto Ejecutivo No. 2428, que dio forma al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
Ese estatuto fue modificado después por Rafael Correa, en 2013, cuando creó los extintos Ministerios del Interior y Secretaría de la Política, para que las gobernaciones respondan a esa entidades.
Ese mismo reglamento establece, sin embargo, en su artículo 24 que "las competencias de los gobernadores podrán ser delegadas a los gobiernos seccionales mediante Decreto Ejecutivo".
La existencia de estas entidades ha sido cuestionada en varias ocasiones porque, a excepción del Archipiélago de Galápagos, cada provincia tiene dos autoridades del mismo nivel: el gobernador y el prefecto. Aunque sus competencias sean distintas.
En un escenario de austeridad fiscal -promovido por el gobierno del presidente Lenín Moreno, afectado por fenómenos como la pandemia de Covid-19 o la caída del precio del petróleo que aceleraron, por ejemplo, decisiones sobre los combustibles y las empresas públicas- PRIMICIAS revisa el peso de las gobernaciones en el gasto estatal.
Las gobernaciones representan un egreso promedio para el fisco de USD 38,7 millones anuales, el 91% de ese presupuesto se destina a pagar salarios de los 2.990 funcionarios que laboran en las 23 instituciones provinciales.
Pichincha no tiene gobernación por ser la sede del Ejecutivo y, por lo tanto, del Ministerio de Gobierno y también de la Policía Nacional.
¿Qué exactamente hace un gobernador?
Los gobernadores son los representantes del Ejecutivo en las provincias, designados por el Presidente de la República y cuyas funciones dependen del Ministerio de Gobierno.
Estas autoridades provinciales tienen 10 atribuciones específicas, según el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Gobierno. Entre ellas:
- Supervisar la actividad de los órganos de la Administración Pública Central en la provincia.
- Cuidar de la tranquilidad y orden públicos, exigiendo el auxilio de la Fuerza Pública.
- Prevenir los conflictos sociales en el territorio de su competencia.
- Cooperar a la correcta realización de las elecciones.
- Expedir los instructivos e impartir las órdenes necesarias para proteger el medio ambiente en los casos de emergencia.
- Promover la difusión de la cultura en todas sus áreas; supervigilar todo lo relativo a los ramos de educación, asistencia, bienestar social, vivienda, sanidad y obras públicas; y poner en conocimiento de los respectivos ministros las irregularidades y deficiencias que observare, así como fomentar la agricultura, la industria, el comercio y el turismo.
- Nombrar bajo su responsabilidad a los Intendentes de Policía, Jefes Políticos, Comisarios y Tenientes Políticos.
En febrero, el viceministro de Gobernabilidad, Felipe Abril explicó a PRIMICIAS que la relación con las gobernaciones es muy directa: "el trabajo político es de una retroalimentación permanente. Porque no se trata de dar sólo disposiciones nacionales, sino de saber qué pasa en las provincias, donde hay distintas dinámicas".
El funcionario dijo que el primer contacto con la ciudadanía y la comunidad son los tenientes políticos en las parroquias, para alertar de dificultades y posibles conflictos, seguidos de los jefes políticos que se mueven a nivel cantonal y, finalmente, los gobernadores.
Según los datos proporcionados a PRIMICIAS por el Ministerio de Gobierno, la representación más grande está en Galápagos con 360 funcionarios, pese a que es la provincia más pequeña con alrededor de 33.000 habitantes, según las proyecciones del INEC. Oficialmente, no se denomina Gobernación sino Consejo de Gobierno de Galápagos.
Le sigue, por ejemplo, la Gobernación de Guayas con 288 funcionarios para 4,3 millones de habitantes.
No existen en la Constitución y son poco transparentes
Al ser instituciones que no existen en la Constitución ni en las leyes orgánicas, pueden ser reformadas solamente con un decreto presidencial, es decir, vía reglamento.
La Constitución y el Código de Ordenamiento Territorial sí reconocen a los gobiernos regionales, dirigidos por "gobernadores", pero aquellos electos en las urnas. Es una instancia de gobierno descentralizado, de regiones autónomas, que nunca llegó a conformarse.
Las Gobernaciones, además, no se distinguen por cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. De acuerdo con una revisión hecha por este medio, no todas las páginas web institucionales de las gobernaciones sirven y las que sí funcionan no tienen información completa, especialmente la que se refiere a transparencia.
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