El Gobierno está atorado entre la CIDH y sus propias promesas

Las decenas de consensos pactados entre el Gobierno y las organizaciones indígenas incluyen el compromiso de cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Conaie, Feine y Fenocin, lograron incluir tres puntos al respecto en el acta de la mesa de seguridad y justicia, que alcanzó 33 puntos en común:

• Socializar información sobre la implementación de las recomendaciones de la CIDH.
• Cumplimiento de las disposiciones de la CIDH de enero de 2020.
• Socializar la implementación de recomendaciones de la CIDH, con relación a PPL (personas privadas de la liberta).

Los dos informes en los que mayor hincapié hacen las organizaciones indígenas, especialmente la Conaie, son los relacionados con el paro nacional de octubre 2019 y con la crisis carcelaria.

Y el Ejecutivo se comprometió a que la Secretaría de Derechos Humanos presente un informe sobre la implementación de las recomendaciones, en el plazo de 30 días. Es decir, hasta el lunes 31 de octubre.

Medidas parciales o en espera

Sin embargo, en general, al Estado ecuatoriano no le ha ido del todo bien con el cumplimiento de las recomendaciones. E, incluso, a veces tampoco con las sentencias de la Corte IDH.

Según los datos de la misma CIDH, Ecuador ha cumplido parcialmente las recomendaciones del organismo en cinco casos y en otros cuatro hubo un cumplimiento "parcial sustancial".

A la vez, 25 casos están a la espera de que se cumplan las recomendaciones y en ocho casos estas fueron incumplidas.

Especialmente, durante el correísmo, el Gobierno decidió que las recomendaciones no eran vinculantes y no las acató. Ni siquiera había participación del Estado en las sesiones del organismo.

Con Lenín Moreno esto cambió y Ecuador retomó su participación en las sesiones de la CIDH. Lo mismo con el actual gobierno de Guillermo Lasso.

Precisamente, este 24 de octubre, los ministros de Gobierno, Francisco Jiménez, de Educación, María Brown, y de Derechos Humanos, Paola Flores, participaron en el 184 periodo de sesiones, en la audiencia sobre "Protestas sociales y pueblos indígenas en Ecuador".

En la cita, el comisionado Stuardo Ralón, relator de la CIDH para Ecuador, aprovechó para ofrecerse a hacer un seguimiento sobre la aplicación de las recomendaciones hechas al Estado e, incluso, a los acuerdos de las mesas de diálogo.

Pero todo parece apuntar que esta vez no será diferente. Aunque el Gobierno de turno sostenga que cumplirá con las recomendaciones y se comprometa a ello, además, con las organizaciones indígenas.

Las últimas recomendaciones

Por ejemplo, la segunda recomendación posterior al paro de octubre de 2019 señala "establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias".

Y, el 30 de septiembre, los representantes del Ejecutivo aceptaron cumplir con las recomendaciones de ese informe del 14 de enero de 2020. Pero también sería de manera parcial.

Los ministros descartaron de entrada la reparación integral a las víctimas de los enfrentamientos entre manifestantes y uniformados.

Lo que sí aceptaron fue "identificar a las personas que requieren una atención inmediata", afectadas durante las movilizaciones de 2019 y 2022. Y "definir el tipo de asistencia que requiere cada una".

Por ejemplo, otra de las recomendaciones establecía fortalecer las medidas adoptadas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas.

En cuanto al informe sobre las cárceles, las masacres no se han detenido y el Servicio Nacional de Atención Integral (Snai) tampoco ha logrado fortalecerse o estabilizarse. Aunque el Gobierno aseguraba que había cumplido con el 99% de recomendaciones, los hechos lo contradicen.

Por ejemplo, la primera recomendación mandaba recuperar la administración y seguridad de los centros carcelarios. Otra pedía evitar "de manera efectiva" el ingreso de armas, drogas, alcohol y de otras sustancias u objetos prohibidos por la ley.

Así como también investigar de oficio y con la debida diligencia las muertes violentas, y actos de tortura y malos tratos, ocurridos al interior de centros de detención de manera seria, exhaustiva, imparcial y ágil. La mayoría siguen esperando respuesta.