El Gobierno hace frente a la inseguridad sin una estrategia clara

Ecuador atraviesa el peor momento, en materia de seguridad y violencia, de los últimos nueve años.

El país registró 1.061 muertes violentas entre enero y el 6 de julio de 2021, un aumento de 41% frente al mismo periodo de 2020, un año de confinamiento por la pandemia de Covid-19, cuando ocurrieron 618 asesinatos

Según la Oficina de la ONU sobre Crimen Organizado (Unodc), las cifras de muertes violentas son el mejor reflejo de lo que pasa en un territorio con relación a la inseguridad y la violencia.

Este indicador ha sido inestable en el país. Antes de 2010, Ecuador tenía una de las peores cifras de inseguridad de la región. En los siguientes años empezó una reducción notable: el punto más bajo se alcanzó en 2016. Pero a partir de 2017, las cifras empezaron a subir.

Para tener una imagen real de lo que ocurre, el cálculo se hace con base en una tasa por cada 100.000 habitantes. En lo que va de 2021, la tasa ya es de 6,06 muertes violentas. Esa cifra no había subido tanto desde 2012.

Desde la Policía Nacional, se atribuyen estas cifras -sobre todo- al incremento del crimen asociado relacionado con el narcotráfico. Las bandas criminales disputan una guerra por apropiarse de las actividades relacionadas con esa economía delictiva.

Eso se refleja, además, en la localización de las muertes: Guayas es la provincia con más casos. Y es justamente una de las que se encuentran en la ruta del narcotráfico.

Estrategia poco clara

Desde que se posesionó como presidente, Guillermo Lasso mencionó a la seguridad ciudadana como uno de los objetivos principales de su gestión. Incluso, la misma noche del 24 de mayo de 2021, encabezó la primera reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe)

Y esa prioridad ha sido recalcada en varias de sus intervenciones públicas. El 15 de julio de 2021, Lasso acudió a la ceremonia de ratificación del mando policial y volvió a hablar de su predisposición para mejorar la seguridad ciudadana.

Sin embargo, todavía no se han dado pasos claros y concretos en ese camino. No se conocen aún las estrategias del Gobierno para disminuir la delincuencia y atacar las estructuras de delincuencia organizada.

La seguridad, al interior del Gobierno, está a cargo del Ministerio de Gobierno. En esta Cartera de Estado ya hubo un cambio de titular. Por cuestiones de salud, César Monge dejó el cargo y lo reemplazó Alexandra Vela, especialista en temas políticos.

La parte de seguridad está a cargo Joel Loaiza, viceministro de esa rama. El funcionario aseguró que las decisiones se empezarán a tomar luego de que concluya la fase de diagnóstico.

Sin nuevos proyectos

Por el momento, siguen operando los proyectos y planes que fueron aprobados por el Gobierno anterior.

El más ambicioso fue el del Fortalecimiento de la Policía Nacional para operaciones del orden público y seguridad ciudadana, que tiene un costo de USD 15,8 millones y se ejecutará hasta finales de año.

En la parte contractual, el Ministerio de Gobierno ha ejecutado cuatro procesos en régimen normal, desde que se posesionó el nuevo Gobierno. Estos suman USD 102.977.

Pero, no están relacionados con temas de seguridad. Se contrató mantenimiento informático, transporte de correspondencia, mantenimiento de data center y embarque de sustancias sujetas a fiscalización.

A través de régimen especial, en cambio, Gobierno hizo cuatro contratos más. De estos, dos sí están relacionados más con el área de seguridad ciudadana.

• Plataforma del sistema de botones de seguridad para las Unidades de Policía Comunitaria UPC (USD 248.777).
• Fiscalización de la construcción de 100 UPC y seis UVC (USD 3,1 millones).

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