Plan de seguridad del Gobierno avanza lento y sin contratos realizados

La nueva iniciativa del Ministerio de Gobierno se llamó Fortalecimiento de la Policía Nacional para operaciones del orden público y seguridad ciudadana. Se inició oficialmente el 26 de junio y debe terminar el 31 de diciembre de 2020.

Esta es, además, la apuesta de inversión del Gobierno más agresiva en este año, en cuanto a seguridad ciudadana. El presupuesto es de USD 15,8 millones.

Para justificar ese gasto, el Ministerio de Gobierno aseguró que los escenarios de seguridad no eran favorables. Y, por esta razón, se necesitaba que la Policía tenga una dotación logística adecuada para mitigar las amenazas y, sobre todo, reforzar el eje preventivo.

El proyecto asegura que por la pandemia, el país no solo necesitaba servicios de seguridad durante la emergencia, sino luego, ya que la desaceleración económica mundial causaría un incremento en los niveles de pobreza y desempleo. Lo que, a su vez, aumentaría los índices delincuenciales y problemáticas de orden público.

También se recordó que existe el anuncio gubernamental de ejecutar un plan de focalización de subsidios de combustibles y recortes del gasto público, lo que podría generar manifestaciones pacíficas y violentas, influyendo en el incremento de la violencia y la delincuencia.

Hasta el 7 de diciembre de 2020, la iniciativa lleva 164 días de ejecución. El 87,23% del total de días proyectado. Sin embargo, todavía no se ha podido ejecutar ninguna de las compras de armamento o de medios de transporte.

Pese a la ola de inseguridad que vive el país, debidos a las muertes y los asaltos violentos, la iniciativa no avanza.

Pero la pandemia no fue la única alerta que recibió el Gobierno sobre la ola de delincuencia. Desde el cierre de 2019, las cifras alertaban una tendencia creciente de violencia, según la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes.

2019 cerró con 179 muertes violentas más que 2018. La tasa fue de 6,78 versus la de 5,82, con la que terminó 2018. Y en 2020, según los datos recolectados en el proyecto, hasta el 10 de mayo hubo 423 homicidios, 17 más que en el mismo período de 2019.

Los números siguieron creciendo pese al confinamiento por el Covid-19. Del 11 de marzo al 10 de mayo hubo 161 muertes violentas. El 71% de estos crímenes se concentraron en Guayaquil, el resto en otros cantones de Guayas, luego en Quito, y las provincias de El Oro y Los Ríos.

El gobierno de Lenín Moreno se había planteado reducir la tasa muertes por cada 100.000 habitantes que era de 5,83, en 2017; a 5,2 en 2021. Esto será difícil porque para 2020 la proyección realizada por el propio gobierno dice que podría llegar a 7,2.

¿Qué se buscaba?

En el proyecto se asegura que la Policía está -prácticamente- desarmada. Y por esta razón el objetivo principal de la iniciativa era comprar armamento y medios de transporte.

Esta es la descripción que se hizo:

Pertecho

• El 62% de la munición calibre 9x19 milímetros caducó en 2019, lo que hace que disminuya la efectividad de las armas de dotación de los uniformados. Se solicitó reemplazar todas esas municiones.

Material CS (gas lacrimógeno)

• En octubre 2019, durante las violentas manifestaciones, se usaron 38.634 unidades de este material. Y hasta mayo de 2020 había 62.525 unidades, pero el 73% caducaron en 2015. Es decir, solo 16.740 están habilitadas.

Vehículos

• Buses y camiones ya cumplieron su vida útil.
• Vehículos blindados: Hay 33 tanquetas y cisternas, siete con daños técnicos, 26 han cumplido su vida útil. Es decir, ninguno está en óptimo estado.
• Se solicitó comprar cuatro tanquetas, repotenciar cinco vehículos blindados antimotines, el manteamiento de dos tanquetas y de dos cisternas.

Así se planificó distribuir los USD 15,8 millones de inversión:

¿Qué se ha hecho?

El primer informe de avance del proyecto de seguridad se presentó el 23 de julio 2020. En el documento se expuso que se preveían retrasos por la falta de personal técnico.

Además, Patricio Pazmiño fue nombrado patrocinador ejecutivo del proyecto. En esa época, el actual titular del Ministerio de Gobierno, era viceministro de María Paula Romo.

En agosto de 2020 se pidió las certificaciones presupuestarias para empezar a hacer las compras.

Según el sistema del Servicio de Contratación Pública (Sercop), entre julio y diciembre de 2020, el Ministerio de Gobierno ha lanzado 10 procesos contractuales relacionados con el fortalecimiento de la Policía.

Ninguno de los procesos ha concluido exitosamente. Cuatro están en la fase de calificación de participantes. Y los seis restantes fueron finalizados porque no hubo ofertas a nivel nacional.

Según la normativa, el camino que le queda a la Policía y al Ministerio es tramitar un certificado de no existencia de producción nacional y la autorización de contratación en el exterior.

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