A puertas de un juicio, transportistas consiguen alza de pasajes

Luego de 48 horas de una nueva paralización, el Gobierno cedió ante el transportismo inter e intraprovincial y anunció un incremento del 15% en las tarifas de pasajes para compensar el incremento del precio del diésel.

La interrupción del servicio de varias cooperativas y el cierre de vías le sirvieron al gremio para concretar sus aspiraciones. Con esta negociación se puso fin a una relación tensa entre transportistas y el saliente Gobierno de Lenín Moreno.

Si bien con esa medida, aparentemente, la pulsada la gana el gremio, dos de sus máximos dirigentes todavía tienen una cuenta pendiente con la justicia y podrían enfrentar penas de uno a tres años de cárcel.

Se trata de Abel Gómez, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros (Fenacotip), y de Jorge Calderón, presidente de la Federación de Operadoras de Transporte de Taxis del Ecuador (Fedotaxi).

En diciembre de 2020, fueron llamados a juicio por el presunto delito de paralización de servicio público, puesto que convocaron al paro de transportistas de octubre de 2019, cuando se opusieron al levantamiento de los subsidios a la gasolina y al diésel.

La paralización del gremio fue el inicio. Luego se fueron sumando otros sectores, como los indígenas y los estudiantes. Las protestas terminaron en violentos enfrentamientos que, incluso, dejaron víctimas mortales y millones de dólares en pérdidas para el país.

La Fiscalía basó su acusación en una declaración pública de Gómez en la que exigía la derogación del decreto ejecutivo 883 o amenazaba con la paralización de actividades.

Gómez y Calderón esperan la fecha de su juicio. Mientras tanto, tienen prohibido salir del país y tampoco pueden negociar sus bienes.

¿Nuevos juicios a la vista?

"Por favor este es un tema de fuerza mayor", dijo Abel Gómez, durante la rueda de prensa conjunta con las autoridades de Gobierno para anunciar el alza de pasajes, para justificar el nuevo cierre de vías y pedir que no se 'judicialice' la protesta.

Sin embargo, Gabriel Martínez, ministro de Gobierno fue tajante. "No lo vamos a aceptar (el cierre de carreteras), hasta el último día de nuestro Gobierno".

Y solicitó, públicamente, a los gobernadores de cada provincia que presenten las denuncias penales correspondientes contra los responsables del cierre de vías.

Nuevamente, el tipo penal que puede utilizarse para sindicar a los transportistas es el de paralización de un servicio público.

Una relación tóxica

En décadas pasadas, los gremios de transportistas lograron todas sus reivindicaciones a través de la protesta social y la paralización de actividades.

Sin embargo, en la década del Gobierno de Rafael Correa, el mecanismo mutó hacia la influencia y la negociación política. El último paro nacional de transportistas fue en 2011.

Luego vino una estrecha relación entre la dirigencia y el expresidente Rafael Correa. En noviembre de 2012, los transportistas apoyaron públicamente la reelección del entonces mandatario.

A cambio, dos de sus dirigentes históricos fueron incluidos en las listas de candidatos a la Asamblea por Alianza PAIS. Y lograron sus curules. Se trata de José Zapata y Alberto Arias, exdirigentes de la Fenacotip y de la Federación de Choferes, respectivamente.

Además, a través de la negociación política, lograron otros beneficios como la compensación por el cobro de tarifas diferenciadas, el bono de chatarrización, la exención tributaria para la importación de llantas y de aceites.

Con el gobierno de Moreno cambió la tónica y la eliminación del subsidio a la gasolina y el diésel fue el punto de ruptura. Se desató un paro.

Ahora, con un alza de pasajes que regirá desde mayo de 2021, el costo político y la presión social del transportismo deberán ser sobrellevadas y negociadas por el Presidente electo Guillermo Lasso, quien asumirá el poder el 24 de mayo.