Para que las videoaudiencias sigan funcionando se necesitan USD 246.000 para licencias. El Ministerio de Finanzas tampoco ha transferido dinero para sueldos y pago a proveedores.
Ante los sucesivos recortes y atrasos en las asignaciones presupuestarias, el Consejo de la Judicatura demandó al Ministerio de Finanzas ante la Corte Constitucional (CC).
A través de una rueda de prensa, las autoridades de la Judicatura, recordaron que la Constitución establece la priorización de recursos para salud, educación y justicia.
María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, aclaró que pese a los retrasos y recortes no se ha suspendido el servicio de justicia durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
En este tiempo, 670 servidores judiciales han continuado trabajando en 250 unidades judiciales de flagrancia en todo el país y se han realizado más de 3.900 videoaudiencias.
Parte del reclamo de la Función Judicial tiene que ver con los recortes presupuestarios de los años 2019 y 2020, que suman USD 19,5 millones.
Según la Judicatura, las reducciones fueron unilaterales e incluso el 1 de julio de 2020, Finanzas planteó otro posible recorte y mantiene USD 1,2 millones en estado reservado, impidiendo a la institución ejecutar este presupuesto.
Estos recortes, dijo Maldonado, amenazan los servicios judiciales en cuanto a su oportunidad y calidad. Además, hay afectaciones a la continuidad de los proyectos de inversión.
Sueldos y proveedores
Además, la Judicatura pide a Finanzas el pago de USD 23 millones para pagar los sueldos de junio a los servidores judiciales. Este es el cuarto mes consecutivo de retraso en las asignaciones, por esta razón la Judicatura interpuso una acción ante la Corte Constitucional.
También piden la liberación de USD 2,4 millones para pagos a proveedores de obras, bienes y servicios.
Por ejemplo, se necesita este dinero para la compra de licencias de la plataforma tecnológica que se utiliza para las videoaudiencias, ya que evita hacerlas de manera presencial por el Covid-19.
Juan José Morillo, vocal del CJ, explicó que hay más de 2.000 jueces en el país. Pero solo el 50% de ellos tiene licencia de la plataforma, cuando lo óptimo sería que la tengan al menos el 80%.
Para que las videoaudiencias sigan funcionando, según Morillo, se necesitan USD 246.00 de urgencia, caso contrario a partir del 15 de agosto se suspenderá el servicio y todas las audiencias deberán realizarse de modo presencial.
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