Pedidos de investigación, silencios y sospechas por caso 'narco generales'

La polémica por la presunta existencia de 'narco generales' en las fuerzas del orden obligó al gobierno ecuatoriano a tomar medidas frente a la opinión pública. Estas incluyen la revisión del patrimonio de los altos mandos de la Policía Nacional.

La afirmación de que el narcotráfico ha penetrado el sistema judicial y las fuerzas del orden en Ecuador, hecha por el embajador estadounidense, Michael Fitzpatrick, en entrevista exclusiva con PRIMICIAS, desencadenó una serie de cuestionamientos hacia las instituciones del área.

Mientras el Ejecutivo y la Policía Nacional dieron señales de apertura para las investigaciones del caso y pidieron detalles a Estados Unidos, así como la lista de generales que han perdido la visa a ese país, hay otras entidades que permanecen en hermético silencio: la Fiscalía General, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.

Aunque el diplomático estadounidense no apuntó directamente a la Policía al hablar de los 'narco generales', esta es la entidad en donde se concentró el escrutinio y la que reaccionó.

Los 19 generales en servicio activo, según dijeron la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y la comandante general, Tanya Varela, firmaron un consentimiento para la auditoría de sus cuentas y bienes. La misma Ministra entregó la solicitud en la Contraloría General, para que inicie los exámenes especiales.

Una petición similar se extendió a la Superintendencia de Bancos y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Y el Departamento de Personal de la misma Policía realizará una revisión íntegra de los procesos de ascenso de todos los generales.

Además, los 19 uniformados pusieron sus cargos a disponibilidad del presidente Guillermo Lasso, para que el Mandatario puede hacer los ajustes necesarios en caso de requerirlo.

Sin embargo, tanto el Ministerio de Gobierno como la Policía apuntan a la investigación de los cuatro generales que fueron reincorporados a las filas, luego de una decisión judicial, y a quienes les fueron retiradas sus visas estadounidenses: Víctor Araus, Édgar Correa, Paulo Terán y Pablo Rodríguez.

Y precisamente, la defensa del general Araus acusó a la Policía Nacional de haber remitido a la Embajada de Estados Unidos la información que detonó el caso ahora conocido como de los 'narco generales'. El cual, dijo, se trata de una represalia contra su cliente, por haber interpuesto una medida judicial contra la Comandante General.

Pero la ministra Vela negó esa posibilidad, después de decir que no confía en ninguno de los cuatro uniformados y que deberían ser también investigados. Y recordó que el retiro de los visados “es una decisión soberana del país norteamericano”.

En la lista de entidades que abrirán una investigación sobre el caso está la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que remitirá un oficio a la Embajada de Estados Unidos para que entregue los nombres de los ‘narco generales’, al igual que de otros funcionarios públicos que hayan perdido sus visas.

Las entidades que guardan silencio

Pese a que la Fiscalía General no ha informado si iniciará una investigación de oficio, la ministra Vela, en su carta al embajador Fitzpatrick, envió un comentario indirecto a la fiscal Diana Salazar para que solicite la asistencia penal internacional de Washington para investigar el caso.

Otro funcionario que llama a la actuación, pero sobre los jueces que también han perdido sus visas, es Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. En entrevista con Teleamazonas, el magistrado dijo que las declaraciones del diplomático preocupan y que el Consejo de la Judicatura debería pedir información para iniciar una investigación propia.

El país merece una respuesta, tiene que investigarse con prontitud, oportunidad y objetividad.

Iván Saquicela

Pero la Judicatura no se ha pronunciado al respecto, aunque a través de sus redes sociales reiteró "su compromiso de tutelar la correcta administración de justicia y los derechos ciudadanos, a través de sanciones disciplinarias hacia aquellos servidores judiciales que incurran en infracciones".

Tampoco lo ha hecho el Ministerio de Defensa, que solo participó en un comunicado conjunto, difundido por el Ministerio de Gobierno, el 13 de diciembre. Mientras que desde las Fuerzas Armadas guardan total silencio.

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