Ola Bini, acusado de un presunto acceso ilegal a sistemas informáticos del Estado, se pronució en X sobre su situación legal.
Ola Bini, el informático sueco procesado desde 2019 en Ecuador por un presunto acceso ilegal a sistemas informáticos del Estado, dijo este 3 de marzo que duda de la imparcialidad de un tribunal que analiza su caso.
El tribunal revisará este lunes 4 de marzo la apelación a la sentencia en la cual se desistió de seguir la causa contra Ola Bini, amigo de Julian Assange.
En una serie de mensajes publicados en su cuenta en X, Bini recordó que el tribunal que verá este lunes la apelación de la sentencia, solicitada por la Fiscalía, es el mismo que hace cinco años le negó la libertad al rechazar la apelación que presentó él contra la prisión provisional que dictaron en su contra.
"Los tres jueces que negaron mi apelación y me mantuvieron en prisión son los mismos que van a escuchar la apelación mañana. Uno está bajo investigación por la Fiscalía", dijo Bini sobre los integrantes de la Sala Penal de la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha.
El informático explicó que en agosto de 2023 solicitaron la recusación del tribunal, pero que esta fue negada al considerar que no hay conflicto de interés. "¿Cómo es posible que no hay conflicto de interés? ¡El juez dijo en la recusación que soy culpable! ¡Ya tiene opinión!", afirmó Bini.
No obstante, el régimen de prisión provisional no equivale jurídicamente a una condena. Se trata de la medida más restrictiva para asegurar la comparecencia de un procesado mientras duran las investigaciones y el juicio. Se dicta cuando el juez percibe indicios de delito y riesgo existente de fuga o de obstrucción por parte del imputado.
Bini recordó que gracias a un habeas corpus pudo revertir la prisión preventiva y salir en libertad en un resolución judicial que, según él, "decidió que fue ilegal" tanto ponerle en prisión como negarle la apelación.
Ola Bini, sin traductor sueco
La audiencia de apelación a la sentencia que desistió de seguir el proceso contra Bini se había convocado en primer lugar para el jueves 7 de febrero, pero se suspendió ante la ausencia de un intérprete oficial de sueco.
"Mañana tengo el mismo derecho, pero en Ecuador no hay un intérprete calificado. Y al mismo tiempo, estamos en otro proceso de recusación, porque no pensamos es posible que voy a recibir un juicio legal", comentó el informático.
"Entonces, es imposible tener la audiencia mañana (lunes), pero yo temo que, aunque no debería pasar, van a instalarla y condenarme. Temo a estos jueces. No son imparciales. Ya decidieron a condenarme", aseveró Bini.
El sueco aseguró que si le condenan "va a ser una nulidad y violación muy grave" y anticipó que recurrirán hasta la última instancia posible.
"Vamos a necesitar ir a Corte Nacional. Vamos a necesitar ir a (corte) internacional, y exponer todas las violaciones, y los hechos de estos jueces", concluyó.
Un caso que dura cinco años
Bini, de 41 años, fue detenido el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón. Esto ocurrió unas horas después de que el Gobierno ecuatoriano, presidido entonces por Lenín Moreno (2017-2021), pusiera fin al asilo de Julian Assange en su embajada en Londres.
Esa decisión llevó al arresto del australiano, fundador de WikiLeaks en Reino Unido, sometido también a la petición de Estados Unidos para que sea extraditado a ese país. Ahí enfrentaría cargos por haber filtrado información reservada que avergonzó al Gobierno de Washington.
La Fiscalía de Ecuador había acusado a Bini por la sospecha de que el informático había accedido sin autorización al sistema de la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
El presunto objetivo era intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia.
No obstante, la defensa de Bini, que ha negado enfáticamente los cargos, criticó la acción fiscal y denunció una serie de irregularidades en el proceso que debió haberse sustanciado en 2019, pero que fue suspendido en repetidas ocasiones.
En enero de 2022, un Tribunal de Garantías Penales de la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha desistió de seguir el proceso contra Bini, pero la Fiscalía apeló el fallo.
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