Partidos y movimientos poco transparentes: ni siquiera tienen página web

Uno de los requisitos legales para el funcionamiento de las organizaciones políticas nacionales es que cuenten con páginas web, pero solo el 35% tienen un sitio web operativo.

El Código de la Democracia establece dos funciones específicas para que las organizaciones políticas cuenten con esta herramienta:

• La publicación de los documentos de los candidatos a las elecciones primarias de cada agrupación.
• Y la publicación de toda la contabilidad de las organizaciones políticas.

El objetivo final es la transparencia. Los partidos y movimientos de carácter nacional reciben financiamiento estatal, es decir, fondos públicos. Y las reglas para el financiamiento privado tienen claros límites y prohibiciones.

Sin embargo, hasta el 2 de octubre, solo el 26% de las organizaciones presentaba documentación de sus estados financieros. Y de esas seis agrupaciones, solo dos tienen la información anual prácticamente completa, Creo y Concertación.

Centro Democrático solo transparenta información de dos de sus ocho años de vida: brinda información más detallada, que incluye los nombres y montos de los contribuyentes privados.

Hay casos como el de Fuerza Compromiso Social, cuya página web existe pero a duras penas tiene información. Pero, en la mayoría de los casos (9), existen los dominios de lo que alguna vez fueron las páginas web de las organizaciones políticas y que ya no existen.

Y otras cinco agrupaciones no tienen página web conocida ni registrada: Ecuatoriano Unido, Libertad es Pueblo, Justicia Social, Juntos Podemos y Construye, anterior Ruptura.

Los antecedentes legales

Ya en 2016, el 28 de enero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió una resolución en la que exigió que las organizaciones políticas nacionales presenten sus páginas web en un plazo de 30 días. Pero en ese entonces, la autoridad electoral prefirió no difundir quienes cumplieron con la medida.

El principal motivo de esa resolución era transparentar la información económica de los partidos y movimientos. Y, en ese entonces, el CNE les otorgó un plazo de 90 días “contados desde el cierre del ejercicio anual”, para que los “recursos utilizados para su funcionamiento político organizativo” sean publicados.

Se supone que la Dirección de Fiscalización y Control del Gasto Electoral les indicaría el formato que debía utilizar para subir la información. Y que era indispensable contar la fuente, el monto y el origen de los ingresos y el monto y destino de los gastos realizados.

Cuatro años y medio después, las organizaciones políticas siguen incumpliendo el Código de la Democracia. Y el control por parte de las autoridades electorales tampoco se ve reflejado en sus acciones.