Boluarte envía al Congreso un proyecto sobre adelanto electoral

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, mandó al Congreso la noche del 1 de febrero de 2023, un proyecto de ley que propone un adelanto de elecciones.

Esto, luego de que esta tarde los parlamentarios rechazaran una iniciativa que planteaba celebrar comicios en diciembre, como salida a la crisis social y política que vive el país.

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció que el Gobierno presentó en el Congreso "un proyecto de ley que, por mandato constitucional, tiene el carácter de urgente".

Allí, el Ejecutivo propone que la primera vuelta se celebre el segundo domingo de octubre de 2023, es decir el día 8.

Según Otárola, el Consejo de Ministros impulsa este proyecto como seguimiento al mensaje de Boluarte, quien este domingo advirtió al país acerca de la necesidad de buscar consensos.

El anuncio se dio tras la votación que rechazó en su segundo intento, la iniciativa del Legislativo que planteaba celebrar comicios en diciembre, tras tres días de negociaciones.

Con el respaldo de 54 de los 130 congresistas que integran el hemiciclo peruano, la iniciativa del legislador fujimorista Hernando Guerra García quedó lejos de sumar los 87 votos necesarios para dar paso al adelanto electoral para 2023.

El proyecto de ley proponía que los comicios tengan un carácter complementario. Es decir, que las autoridades elegidas ejerzan sus funciones hasta fines de julio de 2026, cuando debía concluir el mandato del expresidente Pedro Castillo, destituido el 7 de diciembre y reemplazado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.

Sin embargo, 68 legisladores rechazaron la iniciativa legislativa y otros dos se abstuvieron.

Tras la votación, que se postergó tres días, el titular del Congreso, José Williams, anunció que este jueves se debatirá en el pleno una tercera iniciativa para adelantar elecciones este año que, en este caso, incluye una consulta sobre una asamblea constituyente.

La propuesta fue del congresista Jaime Quito Sarmiento, de Perú Libre, y responde a uno de los reclamos de las protestas sociales, que también exigen la renuncia de Boluarte y el cierre del Legislativo y que, en menos de dos meses, dejan un saldo de 65 personas fallecidas.