El 16,2% de la población económicamente activa no puede ejercer cargos públicos

En los últimos 22 años, 1,34 millones de personas han sido registradas como deudores del sector público. Esto les impide ejercer cargos públicos mientras no soliciten y justifiquen su rehabilitación ante el Ministerio del Trabajo.

Ellos representan el 97% del total de ciudadanos que han sido puestos en esa categoría, que incluye además a quienes han sido destituidos, están en mora con pensiones alimenticias o tienen interdicciones judiciales.

En la lista también constan los jubilados, quienes han renunciado a sus cargos o cuyos puestos han sido suprimidos o han vendido sus renuncias.

Pero, en los registros del Ministerio no constan las cifras de rehabilitaciones, por lo que al tomar en cuenta el total que plantea la entidad, con excepción de los jubilados, esta lista representa al 16,2% de la población económicamente activa, que alcanza los 8,5 millones.

El desglose

La elevada cifra de deudores de entidades públicas se debe a que abarca diversas subcategorías. Según la Ley de Servicio Público (Losep) y su Reglamento, cuentan como deudores quienes estén en mora con:

• El Gobierno Nacional.
• Los gobiernos autónomos descentralizados.
• El Servicio de Rentas Internas (SRI).
• El Banco Central del Ecuador.
• Instituciones financieras abiertas o cerradas pertenecientes al Estado.
• Entidades de derecho privado financiadas con al menos el 50% de recursos públicos.
• Empresas públicas.
• Con cualquier entidad u organismo del Estado.
• O que sean deudores del Estado por contribución o servicio que tenga un año de ser exigible.
• O que se encuentren en estado de incapacidad civil judicialmente declarada.

Estas cifras son relativamente bajas entre 1999 y 2018. Pero en 2019 y en lo que va de 2022 las inhabilitaciones por deberle al Estado alcanzan picos de casi medio millón de personas.

En el caso de las destituciones, el año con el mayor número fue 2007. Cuando empezó a gobernar Rafael Correa, la cifra alcanzó el récord de casi 1.700. El segundo registro más alto se dio con Lenín Moreno, en 2018, con 461 destituciones.

Desde 2012, además, el Ministerio del Trabajo registra en la lista de impedidos para ocupar cargos públicos a quienes tienen una mora de más de dos pensiones alimenticias, como lo señala la Losep.

Desde entonces, 1.698 personas han entrado en la lista, con el pico más alto entre 2014 y 2016. Sin embargo, hay una masiva diferencia con la cifra total de deudores, que a inicios de año bordeaba los 75.000.