El consorcio Soterramiento Zona Cero Portoviejo, integrado por dos constructoras, firmó un contrato con CNEL en 2017 por USD 12 millones. Hay una serie de pugnas, multas e irregularidades. La fiscalización también ha sido cuestionada.
El soterramiento de cables en el centro de Portoviejo, la capital de Manabí, es una promesa incumplida tras el terremoto del 16 de abril de 2016. Fue la zona más afectada por la tragedia.
La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) firmó en 2017 un contrato con el consorcio Soterramiento Zona Cero Portoviejo. Y estas obras forman parte del Plan de Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por el terremoto (Priza).
Pugnas entre contratista y el fiscalizador han ocasionado que la obra en la capital manabita lleve casi dos años de atrasos. Aunque, ahora, el Consorcio a cargo ofrece terminar los trabajos en octubre de 2020.
La historia empieza en julio de 2017, cuando CNEL adjudica el contrato al Consorcio Soterramiento Zona Cero Portoviejo para intervenir nueve manzanas del centro de esa ciudad.
La obra debía durar 300 días. Sin embargo, más de tres años después aún no concluye.
Por eso, el exfiscalizador del contrato, Aníbal Guerra, pidió a CNEL y a la gerencia del Plan Priza revocar el contrato.
Guerra esgrimió tres causales:
- Se excedió el monto de las multas que solo pueden llegar hasta el 6,6% del contrato.
- El plazo para entregar la obra era el 17 de diciembre de 2019, lo cual se incumplió, pese a que los trabajos tienen, aparentemente, un avance del 99%. Sin embargo, el fiscalizador encontró errores en tuberías que no empatan.
- Abandono de la obra por más de 60 días, porque en enero se paralizaron los trabajos y se retomaron en marzo.
Exfiscalizador al ataque
Obreros trabajan en el plan Priza en el centro de Portoviejo, el 17 de septiembre de 2020. Cortesía El Diario
Los trabajos del plan Priza en Portoviejo se mantienen, pese a las objeciones del exfiscalizador. Imagen del 17 de septiembre de 2020. Cortesía El Diario
Obreros en los ductos subterráneos que construye el plan Priza en Portoviejo, el 17 de septiembre de 2020. Cortesía Comisión Anticorrupción Manabí
En declaraciones a PRIMICIAS, el exfiscalizador Guerra asegura que en un principio se acogió su resolución y se inició el proceso para declarar la terminación unilateral del contrato.
“Pasaron los meses y, para mi sorpresa, se dejó caer la terminación. Y, de pronto, aparecen notificaciones de que se reanuda el trabajo con el mismo Consorcio”, critica.
El exfiscalizador menciona más problemas, entre ellos, no tener el personal suficiente, ni trabajar 24/7; no contar con la maquinaria y cuentas impagas a la seguridad social.
“Es la primera vez que me toca experimentar algo inaudito: se ignoran los informes emitidos por el fiscalizador de la obra”, reitera Aníbal Guerra.
Costos aumentaron
La obra tuvo un costo inicial de USD 9,6 millones y se basaba en estudios del Municipio de Portoviejo.
Tras un acuerdo entre el Cabildo, CNEL y el consorcio se redujeron el número de manzanas a intervenir, a cambio de aumentar trabajos como: arreglo de calles, calzadas y soterrar líneas telefónicas, además del cableado eléctrico.
Posteriormente, por un reajuste, el monto del contrato subió a USD 10,6 millones. Y en 2020, a USD 12 millones.
Guerra también denuncia que los trabajos se hacen sin fiscalización: el CNEL asumió directamente esa tarea ante las pugnas entre el exfiscalizador y el contratista.
El Consorcio Soterramiento Zona Cero de Portoviejo está conformado por dos empresas: Gilauco, de Guayaquil, y la cuencana Inmobiliaria Inmocayas C. Ltda.
El Consorcio sin planos
Santiago Serrano, apoderado del consorcio, asegura a PRIMICIAS que la empresa fue víctima de un boicot por parte del exfiscalizador.
Indica que mediante las multas se intentó asfixiar al consorcio y Serrano sospecha que había fines políticos.
De hecho, el consorcio envió una carta a CNEL, en la que denuncia irregularidades del exfiscalizador:
- Aplicación de multas con términos de referencia equivocados.
- Retención de planillas por falta de aprobaciones del cronograma.
- Aplicación equivocada de cláusulas del contrato.
- Falta de respuesta documental.
- Ausencia de fiscalización en la obra.
El contratista insiste que el 99% de la obra civil ya está lista y que las redes eléctricas no se han colocado “porque no se entregan los planos”.
Según Serrano, la obra ha demorado tanto “justamente por las trabas diarias del exfiscalizador. Es como pedirme que corra con los pies amarrados“.
Todo turbio
Ignacio Navia, de la Comisión Anticorrupción de Manabí y del colectivo Ciudadanos Unidos por Portoviejo, apoya la postura del exfiscalizador.
En un documento enviado a la Contraloría, la Comisión Anticorrupción asegura que el consorcio recibió como anticipo el 50% del monto del contrato en julio de 2017. Sin embargo, los trabajos recién empezaron en febrero de 2018.
“Desde junio de 2018 empiezan las complicaciones por paralizaciones del personal obrero, técnico y administrativo; incumplimiento patronales y laborales”, señala el texto.
Por eso, la Comisión Anticorrupción asegura que “el consorcio demostró no estar calificado para una obra de esta magnitud”.
“El uso del anticipo despertaba muchas sospechas y yo pedí que se levante el sigilo bancario. No se hizo caso”.
Aníbal Guerra, exfiscalizador de plan Priza, Portoviejo
Según el exfiscalizador, si los trámites se agilizan y se realiza una nueva contratación, “en cuatro meses estaría lista la obra”.
De hecho, los retrasos en la ejecución del plan Priza fue uno de los motivos para que el Ministerio de Energía ordenara la intervención de CNEL en 2019.
CNEL en apuros
Limberg Macías asumió la gerencia de Priza en mayo de 2020 y reconoce que se encontró con una serie de problemas en las obras. Sobre Portoviejo, asegura que tomó decisiones técnicas.
“El fiscalizador pidió más dinero por el tiempo extendido de la obra”. Intentó llegar a un acuerdo, pero hubo intransigencia. Ahora la fiscalización la hace directamente CNEL.
Para Macías, la obra está casi lista y “revocar el contrato haría que el centro de Portoviejo no esté listo para fin de 2020”. Por eso, pidió al consorcio que siga, pero corrigiendo errores.
Serrano reconoce que dentro de los 80 metros de tubería, 20 tienen problemas porque no empataron, pero promete corregirlos.
Macías coincide en señalar fines políticos detrás del exfiscalizador. “Usted no puede decir que no está de acuerdo con un contrato complementario y luego haber firmado”.
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