Prefectura del Guayas tiene una cartera vencida e incobrable por USD 22 millones
El Prefecto del Guayas Carlos Luis Morales aseguró que el contrato para el dragado del río Guayas fue una burla para la provincia.
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Frente a un auditorio lleno de los 25 alcaldes de Guayas y presidentes de juntas parroquiales, el prefecto Carlos Luis Morales detalló las irregularidades encontradas en el Gobierno provincial en la gestión de su antecesor.
Dijo que la evaluación, realizada durante el cierre de los 60 días laborables, les permitirá ser una institución más técnica y menos política.
Estos son los principales resultados de la auditoría en la Prefectura
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Un 20% de la nómina no tiene sustento legal ni funciones
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Entre mayo de 2017 y los primeros meses de 2019, la Prefectura evidenció un incremento de contrataciones innecesarias, informó Morales.
Solo en contratos administrativos, el aumento fue del 43%, mientras que la plantilla de obreros creció 20%.
Lo grave dice el actual Prefecto es que la auditoría reveló que hasta el 20% de empleados no tenían un manual de funciones ni sustento legal para ser contratados.
Según Morales, con el despido del personal innecesario la Prefectura ahorrará USD 12 millones al año.
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Terminación unilateral del contrato para el dragado del río Guayas
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En tres semanas, la Prefectura convocará a un nuevo concurso internacional para adjudicar el contrato del dragado del río Guayas.
El dragado del islote El Palmar es una obra anunciada desde 2016 y que no se ha concretado hasta ahora.
"El Gobierno del Guayas anuncia la terminación del contrato de manera unilateral con la Armada por incumplimiento de su principal objetivo", dijo Morales.
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Maquinaria subtilizada y cuentas millonarias por cobrar
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Según el informe de Deloitte, 15 activos (maquinaria y equipos) de la Prefectura no podrán ser utilizados en el futuro. Esto representa una pérdida de USD 2,7 millones.
El pasado 10 de junio, Morales ya había anunciado que el Gobierno provincial tenía una cartera vencida por USD 51 millones.
A través de la auditoría se detectó que unos USD 22 millones son incobrables o de difícil recuperación. Gran parte del monto (USD 16 millones) corresponde a empresas disueltas por la Superintendencia de Compañías.
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