Por tercera vez, el presidente Noboa insiste en el estado de excepción en siete provincias

El presidente Daniel Noboa está buscando la manera de sostener un estado de excepción focalizado, bajo el argumento de la inseguridad. Por ello, emitió un tercer decreto con la medida, este 2 de julio de 2024, con una duración de 60 días.

El decreto ejecutivo pretende mantener a los militares en las calles de las provincias y cantones más violentos del país: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.

Sin embargo, la Corte Constitucional (CC), al igual que durante la pandemia, dio de baja los estados de excepción porque no tener argumentos válidos. Los magistrados establecieron que los argumentos mencionados en los decretos no configuraban específicamente la causal de conflicto armado interno, ni lo justificaban de ninguna manera.

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Por eso, en esta ocasión, el documento de 49 páginas dedica las 45 primeras a la exposición de motivos. Entre ellos, "el incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados" en las jurisdicciones mencionadas.

Y ordena suspender los derechos de inviolavilidad de domicilio y de correspondencia, para realizar inspecciones, allanamientos y las requisas correspondientes por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

También queda suspendido el derecho de libre asociación y reunión "en estricta relación a los motivos del estado de excepción".

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En esta ocasión, tras los dos fracasos previos, el Gobierno inició una especie de campaña publicitaria a favor del estado de excepción. Y para ello, la Presidencia anunció que el nuevo decreto cuenta con un aval de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés).

En un video difundido en sus redes sociales, el Ejecutivo mostró a los integrantes de esta Asociación pronunciándose a favor del estado de excepción. José Estévez, uno de ellos, afirmó que las razones que llevaron a la primera declaratoria persisten en el país.

Aunque este decreto entra en vigencia inmediatamente, su permanencia dependerá del análisis mandatorio de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse en los próximos días.