Correísmo y Pachakutik imponen su reforma a la Ley de Comunicación

Nuevamente, una iniciativa del Ejecutivo fue enterrada en la Asamblea Nacional. La llamada Ley de Libre Expresión, entregada por el presidente Guillermo Lasso en su segundo día de gobierno, no alcanzó los 70 votos para ser aprobada en segundo debate.

Esta iniciativa unió el texto propuesto por Lasso con otro proyecto, presentado por los asambleístas Fernando Villavicencio (indep.) y Marjorie Chávez (PSC). El informe para segundo debate planteaba, por ejemplo, una reestructuración del Consejo de Regulación de la Comunicación para que funcione de forma independiente al Ejecutivo.

Sin embargo, el proyecto solo obtuvo 55 votos, con el apoyo de la bancada oficialista BAN, el PSC, la ID y pocos miembros de Pachakutik.

La reforma de la oposición

Ante esto, el Pleno de la Asamblea entró a analizar el informe de minoría, impulsado por el correísmo y el ala "rebelde" de Pachakutik.

Según explicó Marcela Holguín (UNES), una de las proponentes de este informe, no se trata de una nueva ley, como proponía el Ejecutivo, sino una reforma a la Ley de Comunicación.

"No estamos de acuerdo en que se excluya de la Ley de Comunicación el tema de las frecuencias. Debe mantenerse los porcentajes del espectro radioeléctrico (33% público, 33% privado, 34% comunitario), algo que no está en el informe de mayoría", aseguró.

Estas reformas además mantienen el funcionamiento del Consejo de Regulación de la Comunicación.

Las propuestas del informe de minoría provienen de Holguín y de la legisladora Dina Farinango (Pachakutik), que presentó en la Asamblea las propuestas de la Conaie.

El informe de minoría logró su aprobación con 73 votos a favor, provenientes de UNES, una parte de Pachakutik, los "rebeldes" de la ID y unos independientes.

La respuesta del gobierno

A través de un comunicado colgado en la cuenta de Twitter de la Secretaría de comunicación, El Gobierno “rechazó enfáticamente” la aprobación de las reformas a la Ley de Comunicación.

El comunicado señala que esta iniciativa busca “nuevamente restringir el derecho a la libertad de expresión y proporcionar mecanismos de persecución”.

Tras la aprobación de este nueva reforma a la Ley de Comunicación, el texto pasa ahora a análisis del Ejecutivo, que tiene 30 días para vetarlo.

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