Las reformas prometidas por el Ejecutivo se demoran en diálogos previos

La agenda legislativa que el presidente Guillermo Lasso impulsará todavía está rodeada de incertidumbres. De los cuatro proyectos de reformas legales que el Mandatario anunció en su primer día de gobierno, solo uno ha llegado a la Asamblea y está en trámite, aunque en medio de cuestionamientos desde distintas bancadas.

El 24 de mayo de 2021, Lasso anunció cuatro prioridades en cuanto a su agenda legislativa. En todos los casos, dijo que ya había borradores elaborados por la Fundación Ecuador Libre y que, en algunos casos, entrarían en una etapa de socialización y diálogo.

Las cuatro reformas legales que iban a ser enviadas son:

• La reforma tributaria, que fue una de sus principales ofertas de campaña. Planteó la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y la eliminación del 2% a los ingresos de las microempresas.
• La reforma educativa, que contempla la modificación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt). También incluiría cambios en el sistema de ingreso a las universidades.
• También la reforma laboral, de la que no se ha adelantado casi nada pero que incluiría nuevas modalidades de contratación.
• Y la de libertad de expresión, que es la única que ha llegado a la Asamblea y que propone una nueva normativa que elimine las regulaciones a los medios de comunicación.

La Ley de Libertad de Expresión ya genera cuestionamientos

La Ley de Libertad de Expresión llegó a la Asamblea a pocos días de la posesión de Lasso, pero recién comenzó su tratamiento este 12 de julio. El proyecto fue remitido a la Comisión de Relaciones Internacionales que, aunque se dedica a otros temas, está dirigida por un asambleísta de Creo, Juan Fernando Flores.

La comisión comenzó el tratamiento del proyecto de ley con la comparecencia del secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla; el funcionario debió responder a los cuestionamientos de distintas bancadas.

Las críticas al proyecto en esta primera sesión no solo vinieron de UNES, sino también del PSC -exaliado del Gobierno-, Pachakutik y la ID.

Se centraron sobre todo en la iniciativa presidencial de eliminar el Consejo de Regulación de la Comunicación (el ex Cordicom). Esa institución se creó después de la consulta popular de 2011, en la que los ecuatorianos votaron a favor de que exista una Ley de Comunicación y un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos violentos, explícitamente sexuales o discriminatorios.

El argumento de Bonilla es que los tratados internacionales están por encima de cualquier normativa cuando se trata de derechos humanos. Pero, esa respuesta no caló en la comisión, que piensa que el Consejo no se puede eliminar.

Esta posición de los asambleístas, sin embargo, de entrada muestra que la nueva Asamblea hará cambios importantes en el proyecto del Ejecutivo. Por lo que aún no es posible determinar cómo terminará la propuesta en su aprobación.

Una mayoría a prueba

El mínimo avance en el tratamiento de la Ley de Libertad de Expresión, sin embargo, también muestra una relación tensa entre Ejecutivo y Legislativo. Esta va mucho más allá de la mayoría oficialista conformada para la elección de autoridades y repartición de comisiones.

Y esto marca un panorama complejo para las tres reformas pendientes: la tributaria, la laboral y la educativa. Por lo que la demora en su envío también responde justamente a la búsqueda de consensos con distintos sectores para evitar problemas en el Legislativo.

Aunque el bloque oficialista ha ido creciendo y a pesar de la buena relación entre Lasso y la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para pasar las iniciativas se necesitan los 70 votos. Y en los temas económicos y laborales, la resistencia puede ser más fuerte.

La oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) tiene solo 25 miembros, y los votos de Pachakutik y la ID no están asegurados para todos los temas. Para llegar a la mayoría simple, sin contar con UNES, el oficialismo necesitará de su apoyo para aprobar las leyes.

En todo caso, si el Gobierno llega a la Asamblea con propuestas de consenso con sectores sociales, el panorama para las reformas puede ser más favorecedor.

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