¿Cómo se votó en los cantones con "alto riesgo" de seguridad en la consulta?

Una vez declarado el conflicto armado interno, el Gobierno clasificó a los cantones según su grado de "riesgo", es decir, según la variación de criminalidad y violencia de cada uno. En marzo, después del despliegue de las Fuerzas Armadas, 38 cantones permanecieron en esa denominación.

Estas jurisdicciones pertenecen a una decena de provincias: Cañar, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo y Sucumbíos. Entre ellas, en la consulta y referendo, en los temas seguridad, hubo votaciones variadas.

Por ejemplo, Sucumbíos y Manabí estuvieron entre las que más apoyaron el 'No' en varias propuestas. Pero, no todos los cantones de esas provincias están en la lista de jurisdicciones riesgosas, según los informes de la Policía Nacional, hasta marzo.

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La única pregunta que venció en todos estos cantones fue la A, sobre el apoyo complementario de los militares a la Policía, para la seguridad interna. En las demás propuestas hubo variaciones en 13 ciudades.

De los 38 cantones, apenas en San Lorenzo, Balao, Balzar, El Triunfo, Empalme, Naranjal, Yaguachi, Buena Fe, Manta, Montecristi, Pedernales y Lago Agrio apoyaron el 'No' en una o varias preguntas.

En Montecristi, el 'No' ganó en siete de las nueve preguntas de seguridad; en Pedernales y San Lorenzo, fueron seis; y en Manta y en Lago Agrio, cuatro.

Por lo que, en los 25 cantones restantes, el 'Sí' fue rotundo en todos los temas de seguridad. Es decir, la población espera que el presidente Daniel Noboa solucione la crisis de violencia e inseguridad.

En las preguntas de referendo en estos cantones, por ejemplo, Montecristi, San Lorenzo y Pedernales, rechazaron la extradición de ecuatorianos. Y, en otros 11 cantones se opusieron a la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, para evitar las acciones de protección a medida.

Mientras que las preguntas de la consulta que tuvieron mayor resistencia estuvo la K, sobre la extinción de dominio. También la I, que busca que sea un delito portar armas de uso privativo de las fuerzas públicas. Y la J, que permitirá que los policías y militares usen las armas incautadas a los delincuentes.