Una semana decisiva para el Consejo de Participación en la Asamblea Nacional
Vista panorámica del pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador.
Asamblea Nacional
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El martes 16 de julio del 2019 se definirá gran parte del futuro político del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). Un mes después de la posesión de los nuevos consejeros, esta institución se ha tornado incómoda y la Asamblea la busca enfrentarla desde varios frentes.
La decisión que ha despertado la preocupación de los legisladores es la creación de una comisión que se encargaría de revisar el proceso de designación de la Corte Constitucional. La medida fue suspendida mediante una medida cautelar otorgada por la Justicia. Sin embargo, para los legisladores se configura un incumplimiento de funciones, causal de juicio político.
Pero más allá de la coyuntura y las acciones en contra del actual Consejo, el Legislativo busca cambiar a fondo a esa institución. A través de una enmienda, plantean eliminar la facultad de designación de las autoridades de control, incluida con la Constitución del 2008.
El CPCCS se encarga de seleccionar, mediante concursos de méritos y oposición, a los titulares de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado y la Contraloría. Además, debe designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo de la Judicatura.
El Consejo de Participación también nombra al procurador General del Estado y los titulares de las superintendencias, de las ternas enviadas por el Ejecutivo.
Tres frentes en la asamblea Nacional
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El inicio del juicio político contra Tuárez
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El presidente de la Asamblea, César Litardo, aseguró que el martes se realizará la sesión del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) en el que se tratará la iniciativa de juicio político en contra del cura José Carlos Tuárez, presidente del CPCCS.
Esta iniciativa fue planteada por el asambleísta Fabricio Villamar antes de la creación de la polémica comisión de revisión. Plantea un incumplimiento de la ley, por las irregularidades presentadas en la calificación de la candidatura de Tuárez. El sacerdote presuntamente presentó documentos falsos o alterados.
De ser calificado el proceso, este debe pasar a la Comisión de Fiscalización. Esa mesa legislativa tiene un plazo de 15 días para recibir las pruebas y descargos.
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Un nuevo juicio político contra cuatro vocales
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El martes mismo se prevé presentar una iniciativa de juicio político en contra de los cuatro miembros del CPCCS que votaron por la creación de la comisión para revisar la Corte Constitucional.
El asambleísta Raúl Tello (BADI), como presidente y representante de la Comisión de Participación Ciudadana, tenía previsto presentar un pedido de juicio político contra Tuárez y el consejero Walter Gómez. Sin embargo, debido a la creación de la comisión, se incluirá también en el pedido a Victoria Desintonio y Rosa Chalá.
Este segundo juicio político tiene el apoyo de Alianza PAIS, CREO, BIN y BADI. Estos bloques legislativos ya advirtieron al CPCCS con la posibilidad de iniciar este proceso de fiscalización si concretaban la creación de la comisión.
El Partido Social Cristiano y SUMA han anunciado su apoyo a este pedido, mientras que Revolución Ciudadana habla de un intento de desestabilización.
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La enmienda para cambiar la designación de autoridades de control
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El mismo martes, se ha anunciado que el Pleno conocerá la propuesta de enmienda constitucional para quitarle al CPCCS la facultad de designar autoridades de control. Esta se debe enviar a la Corte Constitucional para su pronunciamiento sobre si la enmienda es la vía correcta para cambiar la Constitución.
Para la aprobación de la iniciativa, es necesario el voto de al menos la tercera parte de los legisladores. Esto corresponde a al menos 46 asambleístas.
El trámite de la enmienda es el siguiente: tras el dictamen de la Corte Constitucional, el Pleno debe realizar un primer debate sobre la iniciativa de cambio a la Constitución. El segundo debate debe realizarse después de un año.
Para que la enmienda sea aprobada, se necesita el voto de las dos terceras partes de la Asamblea, es decir, 91 legisladores.
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