Con siete votos a favor, la Comisión de Participación Ciudadana aprobó dar paso al enjuiciamiento político de José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación, y del consejero Walter Gómez. El asambleísta Raúl Tello (BADI) representará a la mesa legislativa en el proceso. El pedido se enviará al Consejo de la Administración Legislativa (CAL).
La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea aprobó con siete votos a favor y dos en contra, dar paso al juicio político en contra de José Carlos Tuárez y Walter Gómez, presidente y vocal del Consejo de Participación Ciudadana.
¿Los argumentos? Incumplimiento de funciones, por las irregularidades en la calificación de Tuárez y la participación de Gómez en actos “proselitistas”.
La Comisión se reunió, este 9 de julio de 2017, y recibió los argumentos de Gómez. Él dijo que, aunque llevan casi un mes en funciones (fueron posesionados el 13 de junio), no han podido trabajar pues han pasado “en defensa”.
Aseguró, además, que él no ha realizado actos de proselitismo político. La Comisión le solicitó explicaciones sobre su participación en un evento en Guayaquil el 21 de junio, en el que habría promovido actividades políticas.
Tras la presentación de Gómez, el presidente de la Comisión, Raúl Tello (BADI), mocionó el inicio de un juicio político contra él y contra el sacerdote católico Tuárez.
Este último se negó a responder las preguntas de los legisladores en una anterior sesión de la Comisión.
Tello señaló que los funcionarios caen en un “incumplimiento de funciones“. La moción fue aprobada con siete votos de los legisladores de Creo, PSC, BADI y AP.
En contra votaron los asambleístas Ronny Aleaga y Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana.
El asambleísta Tello será el delegado de la Comisión para iniciar el trámite de juicio político y presentarlo ante el Consejo de la Administración Legislativa (CAL).
Este pedido de juicio político se suma al presentado por el asambleísta Fabricio Villamar, también en contra de Tuárez, por incumplimiento de funciones.
La Comisión también resolvió seguir un proceso de fiscalización en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), en su actual administración y la transitoria. Esas instituciones se encargaron de la calificación de las candidaturas al Consejo de Participación.
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