La jueza Irene Pérez aceptó la petición de medidas cautelares planteada por el asambleísta independiente Fabricio Villamar. Con la decisión, la magistrada ordena suspender inmediatamente las funciones de la comisión, creada un día antes por el Consejo de Participación.
El 10 de julio del 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social creó una comisión para 'revisar' el proceso de designación de la Corte Constitucional.
La iniciativa se aprobó con cuatro votos a favor de los consejeros, quienes dijeron que no se trata de un proceso para la destitución de los magistrados de la Corte.
Sin embargo, la jueza de la causa consideró en su sentencia que la creación de la comisión “evidencia la actual y eminente amenaza de los derechos constitucionales”.
Estos derechos son: la seguridad jurídica, el debido proceso y la buena administración pública.
Por esta razón, la jueza Pérez ordena al presidente del CPCCS, José Carlos Tuárez, “la suspensión inmediata de las funciones” de dicha comisión.
El asambleísta Fabricio Villamar presentó el pedido de medidas cautelares antes de la sesión del CPCCS. Tras la decisión de efectivamente crear la comisión, se presentaron cuatro denuncias penales en contra de cuatro consejeros.
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