La percepción de calidad de los servicios públicos alcanzó en 2018 la valoración más baja desde 2012, tanto en el área urbana como en el área rural. También está en descenso la confianza que tienen los ecuatorianos en la fuerza pública y del sistema de justicia.
Esos son algunos de los resultados más llamativos de la más reciente Encuesta Nacional Multipropósito publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) esta semana.
El documento indica que la percepción de calidad de los servicios públicos en Ecuador alcanzó una valoración de 6,31 sobre 10. Ese es el resultado obtenido con base en una muestra recopilada en diciembre de 2018, en 26.928 viviendas del área urbana y rural de todo el país.
La encuesta considera a 0 como pésimo y 10 como excelente.
Eso significa la valoración más baja de los servicios públicos desde 2013 y 2014, cuando este indicador alcanzó 6,94. A partir de ese año la cifra ha ido en constante descenso.
En contraste la calificación de la educación pública alcanzó en la Encuesta Nacional Multipropósito de 2018 su nivel más alto desde 2011, tanto en el acumulado nacional como en las área urbana y rural.
A escala nacional la educación pública fue valorada con un puntaje de 7,81, mientras que en 2011 fue de 6,95. Esta calificación, señala la ficha técnica de la encuesta, es la calificación promedio que los usuarios dan a la educación pública en los niveles básico, bachillerado y educación superior.
Menos confianza en la fuerza pública y en el sistema judicial
Otras valoraciones que llaman la atención es la de confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Las primeras lograron una valoración de 6,42, lo que significa la valoración más baja desde 2012, cuando alcanzó 6,68 y se mantuvo al alza alcanzado el pico de 6,94 en 2016.
En tanto que la Policía logra 6,17 puntos y es su valoración más baja desde 2013 cuando fue de 6,39 y algo más alta de los 6,05 puntos logrados en 2012.
La confianza en las instituciones del sector judicial también está a la baja. El Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública alcanzan sus niveles más bajos desde 2015, cuando se empezó a medir su confianza en la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo.
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