Tres instituciones en la mira del colectivo ciudadano que quiere una reforma parcial de la Constitución
Pablo Dávila, Hernán Pérez Loose y José Ayala Lasso fueron a la Corte Constitucional, en Quito.
Ivonne Gaibor
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El polémico Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional y la Fiscalía General están en la mira del autodenominado Comité por la Institucionalización Democrática.
Este colectivo quiere llegar a un referendo para cambiar la Constitución -aprobada en 2008 y que, según el correísmo, debía durar 300 años- para eliminar a la primera, además de modificar la estructura y funcionamiento de las otras dos.
El miércoles 27 de julio de 2019 dieron el primer paso: pidieron que los jueces de la Corte Constitucional certifiquen que el referendo es la vía legal correcta para hacer ese cambio.
Y, aunque los jueces no tienen un plazo definido para responder, los integrantes del Comité -que se formó inspirado en una iniciativa del fallecido político Julio César Trujillo- esperan que el referendo (votación popular) se desarrolle durante el primer trimestre de 2020, explicó Hernán Pérez Loose, integrante del Comité.
Como contó ayer PRIMICIAS, las dos preguntas que deben calificar los jueces son:
El Consejo de Participación
El Comité no ve opciones: este organismo debe ser eliminado. Pablo Dávila, integrante del colectivo y exvocal del Consejo de Participación Transitorio, cree que hay un problema de fondo en el diseño institucional.
"Lo que estamos viendo en el funcionamiento y en la actuación de los actuales vocales ratifica que el Consejo es un órgano extremadamente peligroso".
Pablo Dávila
Él asegura que ocho de cada 10 personas desconfían del Consejo de Participación.
Pérez Loose destacó, además, que cada año al país le cuesta "varios millones de dólares mantener a toda la burocracia del Consejo".
José Ayala Lasso, excanciller e integrante del Comité, cree que con la actual conformación del Consejo, que se eligió por votación popular, se pretendió crear el caos en el país. "En el, añadió, pescan los más audaces y los más audaces están desde afuera dando instrucciones".
Asamblea Nacional
La reforma tiene dos ejes:
- Que la Asamblea retome las facultad para designar a las autoridades de control.
- La modificación la estructura para girar a una Asamblea Bicameral, con cámara baja y senado.
El trámite de los juicios políticos también se modificaría: los legisladores dejarían de ser juez y parte de estos procesos de fiscalización. La idea es que una Cámara proponga el juicio político y la otra -el Senado- lo resuelva.
Fiscalía General
El Comité cree que devolver autonomía a la Fiscalía permitirá reforzar las tareas de fiscalización.
"Debe tener la independencia necesaria como opera en cualquier parte del mundo", dijo Dávila.
Actualmente, el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo de la función judicial. En los últimos meses, por ejemplo, se hizo público que el Consejo tiene la atribución de designar a los fiscales e incluso decidir las comisiones de servicio solicitadas por los funcionarios de la Fiscalía.
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El exvocal del Consejo de Participación Transitorio admite que la selección de las autoridades de control pudo haber sido más fluida. Él cree que la eliminación del organismo puede hacerse a través de una reforma parcial a la Constitución, que dé paso a concursos de oposición y méritos en el Legislativo.
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