Vela: "No es posible llegar a alianzas programáticas de largo plazo en la Asamblea"

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, acepta que el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, más conocido como 'megaley', enfrenta un camino complejo en la Asamblea Nacional, debido a las diferencias políticas en el Pleno.

El Ejecutivo tiene prevista una estrategia de socialización del proyecto con todas las bancadas y con los sectores sociales. Las primeras reuniones empezaron este martes 28 de septiembre.

En entrevista con PRIMICIAS, la funcionaria habla sobre los posibles escenarios que enfrentará el gobierno una vez que inicie el análisis de la propuesta legal. Uno de ellos es la tan rumorada consulta popular, que no configura ninguna amenaza al Legislativo, aclaró.

¿Se puede tener una ley de calidad en 30 días con un proyecto de 364 artículos y disposiciones?

Yo creo que sí. El proyecto es extenso, pero tiene una lógica en su estructuración que facilita la lectura transversal y tiene un eje conductual, que es la generación de trabajo y la reactivación económica.

Si uno se aproxima a la lectura del proyecto, incluyendo la exposición de motivos, la lectura es fácil y rápida, sobre todo con legisladores que tienen tiempo en el ejercicio de la legislatura.

Es un proyecto económico urgente por dos razones: porque trata temas económicos y porque es necesario que en esos problemas se solucionen los cuellos de botella a corto plazo. Esto para llegar a inicios de 2022 en condiciones de una modificación en la situación actual.

Si eso no se produce rápidamente, todo el proceso de reactivación que se está iniciando, que aún es muy incipiente, no va a recibir una dinamización suficiente para que se pueda incrementar, en los próximos tres años, el número de empleos que necesitamos generar.

Inicialmente queremos generar dos millones de empleos, pero si uno tiene en cuenta que cada año se incrementan hasta 200.000 jóvenes que salen de la universidad y de los colegios y que necesitan encontrar un trabajo, la emergencia es mucho mayor.

El gobierno tiene solo cuatro años, no podemos pensar en que los empleos comiencen a generarse en el año cuatro.

Y el gobierno no quiere hacer de la política de subsidios, que son importantes y una herramienta de carácter social que se dirige a las personas en situaciones de pobreza y extrema pobreza, una política de mantener a la gente subsidiada.

La idea es subsidiar durante el tiempo necesario para que esa persona encuentre un trabajo digno y sea independiente y pueda mantener a su familia de forma autónoma.

¿Cuáles son las líneas rojas o temas innegociables del proyecto?

En un debate en la Asamblea, donde existen diferentes posiciones de carácter ideológico o de coyuntura, hay cosas dos fundamentales: que todos estemos de acuerdo en que el diagnóstico es el correcto y que la ley tiene una inspiración dada por la formación ideológica del gobierno y por el programa votado por el pueblo ecuatoriano.

La línea roja es no afectar el programa votado por el pueblo, no porque queramos cerrarnos a rajatabla.

Entonces, alrededor de estos ejes, conversemos el resto, mejoremos el proyecto, incluyamos las propuestas de otras agendas que vayan en el mismo camino de solucionar el problema del empleo.

El gobierno dijo que iba a hacer una socialización previa del proyecto, pero esto no sucedió.

Hay varias formas de trabajar alrededor de un proyecto, teniendo en cuenta que el gobierno tiene cuatro meses y que está obligado a presentar una serie de temas urgentes e indispensables.

Las prioridades del gobierno se han ido cumpliendo por etapas en estos meses: el programa de vacunación, la desnutrición crónica en los niños, proteger la vida de las mujeres y ahora es necesario pasar a la siguiente, la generación de trabajo.

Lo fundamental ahora es la reactivación económica que permita generar el número de empleos necesarios para que no vivamos en las condiciones de pobreza y pobreza extrema que tenemos en este momento y para que cada uno de ellos no tenga que vivir del subsidio, que permite sostenerse de una manera muy limitada.

La mejor forma de presentar el proyecto era hacerlo antes, pero tenemos un problema de tiempo, tenemos solo cuatro meses dentro del gobierno y esta era una prioridad que había que presentar antes de que termine el año.

Entonces se optó por terminar el proyecto, socializarlo internamente para verificar que el modelo correspondía a los objetivos fundamentales y presentar la ley. Por eso a partir de hoy (martes) inician los procesos de explicación y de diálogo con cada uno de los bloques legislativos.

Para eso tenemos tres equipos compuestos por personal de los ministerios de Gobierno, Trabajo, Finanzas, Producción y un legislador del bloque de Creo al frente, para estar en condiciones de trabajar con cada bloque, para la explicación, análisis y recepción de propuestas y de qué manera pueden ser involucrados dentro del proyecto.

Durante toda la semana vamos a socializar esto con las organizaciones sociales, porque esto va más allá de la Asamblea Nacional.

¿A quiénes ser refiere por organizaciones sociales?

A las organizaciones de trabajadores, los sindicalistas; las organizaciones vinculadas al mundo indígena, que son de diferente tipo, como la Fenocin, con la cual tendremos una reunión hoy (martes), con la Feine, la Conaie, Pachakutik.

También esperamos una socialización con los gobernadores para que se haga el mismo tipo de trabajo a escala territorial en las provincias.

Y con la academia que empezaremos a trabajar a partir de la próxima semana y los medios de comunicación. Así como algunas agrupaciones de personas que se han unido y que no tienen trabajo, que están tratando de organizarse para tener una vocería que les permita plantear cuáles son los problemas que tienen.

La Asamblea Nacional ha sido un punto de desencuentro político en estos meses, ¿cómo conseguirán los 70 votos que necesitan para aprobar la 'megaley'?

El problema tiene una base, el esquema con el que se organizan las agrupaciones políticas y si tienes 280 organizaciones políticas en el tablero. Entonces, el primer problema es la dispersión de la representación política, que hace que llegues a una Asamblea con una tremenda fragmentación.

Ahí hay un problema en la ingeniería constitucional que se refleja en la posibilidad de tener una Asamblea constituida por primeras minorías. No es posible tener grupos mayoritarios, que permitan llegar a alianzas programáticas de largo plazo que le dé un sustento permanente al gobierno.

Y en la Asamblea existen cinco grupos políticos y varios chiquitos. Tienes la bancada de UNES, que tiene dos grupos internos; la de Izquierda Democrática; la de Pachakutik, que en su interior refleja varias realidades, no es un grupo monolítico; luego la BAN y Creo, producto de una alianza; y algunos legisladores independientes.

En una asamblea de esta naturaleza tienen un peso más grande que las visiones nacionales, las visiones de carácter provincial y regional. Todo esto hace el proceso de conversación política muchísimo más complejo.

Si a eso le sumas una práctica que se ha desarrollado durante los últimos 14 años, que es llegar a la mesa con una posición política, no con una apertura para asumir los principios y valores propios y los temas que privilegia esa organización política, que todos deberíamos conocer.

Entonces la aproximación no se hace desde el problema y las propuestas al respecto, con entendimientos y desacuerdos. Pero cuando entras con una posición y, antes de ver el proyecto de ley, dices rechazo todo y no voy a aprobar nada ¿cómo negociamos, cómo hablamos, cómo nos ponemos de acuerdo sobre algo?

Si no hay la posibilidad de analizar la propuesta que tienes delante y ayudas a transformarla, no vamos a ir a ninguna parte.

¿Qué pasará si no hay consensos?

Si es imposible que entre los representantes del pueblo nos pongamos de acuerdo, la única alternativa que queda es proponer otro mecanismo: que el pueblo que los eligió a todos tenga la posibilidad de decir qué quiere frente a un tema y usamos un mecanismo de democracia directa, para tratar que el soberano desbloquee las posiciones puestas sobre la mesa.

Pero quisiera creer que, frente a los problemas que tiene el Ecuador, podemos hacer todos un esfuerzo por superar esas barreras y esas posiciones y dar una solución a la gente.

Además, hay algo que percibo, se ha perdido la confianza en el otro. Entonces, es difícil que cuando no confías en la buena fe de la persona puedas llegar a sentarte en la mesa y enfrentar los temas sin el temor de pensar "¿qué será lo que la otra persona me va a hacer?".

Tenemos una desconfianza tan grande entre todos que empiezan a decir: pónmelo por escrito. Pero después el acuerdo no sirve y volvemos a cero.

En esa línea, yo estoy dispuesta hacer todo lo posible por desbloquear esto, por generar los espacios de confianza y me hago cargo.

¿Estos diálogos que inician con la Asamblea, se van a dar con todos los legisladores o con los jefes de bancada?

Hemos consultado a cada grupo cómo desean manejar la relación y hemos sido respetuosos de lo que nos han dicho. Si este bloque legislativo quiere que primero se reúna el jefe de bloque y después el bloque en pleno, hemos aceptado eso.

Si el otro partido propone primero con el presidente del partido, el secretario y el jefe de bloque y después con el bloque, también hemos respetado esa propuesta. Estamos abiertos a reunirnos en la forma que cada uno se organice.

Esto incluye a UNES y el PSC.

Sí. Con todos.

Usted mencionó la posibilidad de acudir a un mecanismo de democracia directa, en caso de que haya un bloqueo legislativo. Esto podría darse en los próximos 30 días de tratamiento de la ley. ¿Eso quiere decir que, en este escenario, la consulta vendría entre noviembre y diciembre? Para que la propuesta esté vigente en enero.

Sí. El Presidente lo ha dicho y esa es la línea que tenemos: si no se produce ningún acuerdo, hasta diciembre se plantearía la consulta.

Pero quisiera manejar esto con mucha prudencia, porque en algunos legisladores la intención de abrir un camino de democracia directa, si no se llega a ningún acuerdo, ha sido interpretado como una amenaza. Nada más lejos de lo que el gobierno hace.

Necesitamos una gran minga nacional para solucionar los problemas más graves que tiene el país, todos juntos.

Una golondrina no hace verano y en estas circunstancias del Ecuador se necesita de todos.

Es indispensable que lleguemos a acuerdos, pero también tengo que mirar la realidad. Si cada propuesta que el gobierno ha presentado ha motivado una respuesta diciendo: no, no, no. ¿Hasta cuando seguimos en el no?

Otro escenario posible es que la Asamblea apruebe el texto con un espíritu diferente, que en el proceso se cambie el contenido.

Sí. Ese es un escenario posible, dadas las circunstancias. En esas condiciones, si el proyecto llega desnaturalizado, el veto es una alternativa, que depende de tener la posibilidad de retomar la parte esencial del proyecto.

Pero también puede suceder que tengan los votos contrarios para ratificarse en un proyecto con esencia diferente. Y pienso que en algunos casos, algunos grupos políticos lo deben haber estado pensando: ustedes me mandan esto y yo vacío de contenido el texto y te mando el contenido que yo quiero.

Si ese es el proyecto que pasa, respetaremos las decisiones que tome la Asamblea. Sin embargo, el daño sería para el pueblo ecuatoriano. Porque muy probablemente el resultado de semejante ejercicio será no producir el cambio necesario y no va a haber una solución para el problema que estamos planteando.

Se han analizado varias alternativas para hacer la propuesta y se ha optado por la que, según el análisis del gobierno, es la mejor forma de lograr el objetivo final. Pero si la propuesta final de la Asamblea contradice la original, pensamos que no va a dar resultado.

Pero siempre cabe la posibilidad de que, en la práctica, el proyecto funcionando logre algo. Y habrá que buscar otras alternativas para conseguir que el objetivo final se logre.

¿Esto implica que el Ejecutivo no utilizaría su capacidad legal de un veto total?

Si el proyecto fuese un 'Frankenstein' que se contradijera internamente, que la mitad dijera una cosa y la otra mitad lo contrario, que realmente no se pudiera poner en práctica cabría un veto total.

En un caso extremo. Pero en ese escenario estamos en el peor de los mundos, porque hemos hecho un esfuerzo para llegar a un entendimiento y hemos perdido todo el tiempo y al final terminó en nada y estamos al final en foja cero. O sea ni le habríamos dado una respuesta a la gente que está esperando y habríamos perdido una oportunidad de tener el proyecto vigente.

Todo eso implicaría que el país se vaya retrasando más. Ya no podríamos tener una solución en 2022, sino que tendríamos que trabajar durante 2022 para ver si en 2023 es factible llegar a eso. Y las condiciones de vida de la gente no van a mejorar.

Saliendo un poco del tema de la 'megaley', el presidente Lasso prometió llamar a una consulta para definir el futuro del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). ¿Esto se incluiría en la consulta, en caso de llegar a un bloqueo legislativo? Si no hay dicho bloqueo, ¿la consulta sigue en los planes del Ejecutivo?

La propuesta que hizo el Presidente de la República alrededor del Consejo de Participación Ciudadana, lo planteaba como un ejemplo de lo que había que reformar. Lo que hemos visto desde 2008 es que no le ha dado al país una mejor opción de la que tenía antes. Ha generado muchos problemas.

En este tiempo se ha demostrado que no es un problema de conformación del Consejo sino de carácter estructural. Entonces hay varios caminos para poder hacer un cambio. Pero es un ejemplo de los problemas que tienen que ver con la institucionalidad el país y se necesita una coherencia entre los principios constitucionales y la estructura institucional que debe hacer viable esa declaración. Y eso no existe.

El gobierno no ha renunciado a hacer esa consulta.

Mire la entrevista completa aquí:

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