Dos gobiernos no han podido salvar a los medios incautados

El verbo incautar tiene dos acepciones: privar a alguien de alguno de sus bienes como consecuencia de un delito y apoderarse arbitrariamente de algo.

Aunque con matices, el Gobierno -encabezado entonces por el presidente Rafael Correa- hizo ambas cosas: la madrugada del 8 de julio de 2008 tomó el control de 195 empresas del grupo Isaías, expropietario de Filanbanco, entidad financiera que quebró en 2001 tras una retahíla de irregularidades.

Hasta 1998 Filanbanco estuvo en manos de los Isaías. Luego, pasó a regulación estatal. Una época en que la mitad de las entidades financieras cerró y el país padeció la peor crisis política y económica de su historia.

Los prófugos hermanos Roberto y William Isaías fueron sentenciados a ocho años de reclusión por peculado. Viven en Estados Unidos desde 2000 y Ecuador ha pedido, sin éxito, su extradición.

Ellos tenían deudas pendientes con el fisco por USD 661 millones: se demostró que entregaron -en calidad de préstamos sin garantías- esa cantidad a personas y compañías vinculadas.

Según la sentencia, emitida en 2012 y ratificada en 2014, hubo “una contabilidad irregular, que podría calificarse de ilegal”, basándose en una auditoría de la firma PriceWaterhouseCoopers.

Entre las empresas de los Isaías había aseguradoras, concesionarias de vehículos, un ingenio azucarero y la mayor empresa de contenidos por cable de Ecuador.

Sin embargo, lo que más trascendió para la opinión pública fue la incautación de 10 empresas de medios de comunicación, especialmente los dos canales de señal abierta: TC Televisión y Gamavisión.

A esos medios se sumaron las radios El Telégrafo y La Prensa, incautadas al grupo de Fernando Aspiazu Seminario (dueño del también quebrado Banco del Progreso) y en 2014, de Edimpres SA (diario Hoy), que entró en liquidación por decisión de la Superintendencia de Compañías.

Puerta giratoria

En total, incluyendo la editorial Uminasa del grupo Isaías que imprimía seis revistas, son 18 medios incautados desde 2008.

Pasaron primero a estar bajo control de la Agencia de Garantía de Depósitos (la extinta AGD), después al fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad; luego al Fideicomiso-Medios.

En 2015 quedaron a cargo de la Unidad de Gestión de Medios (Ugemed, a cargo del exministro Fernando Alvarado); en 2017 pasaron a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP) y, finalmente, desde el 3 de abril de 2018, a la Empresa de Medios Públicos.

Siempre bajo control de la Función Ejecutiva, pero extrañamente no pierden su calidad de medios privados. Se han convertido en un híbrido: ni privados ni públicos.

Y, por tanto, sin independencia editorial. Los contenidos políticos y judiciales han tenido injerencia de la Secretaría de Comunicación (Secom).

El drama de los trabajadores

Casi 12 años y dos presidentes después, ninguno ha resuelto el embrollo jurídico, económico y social que ha significado esta sui géneris acción estatal: más de 470 despidos en ese tiempo y casi la mitad de indemnizaciones sin pagar.

Algo similar a lo que ocurre con las recientes desvinculaciones de Medios Públicos EP.

El martes 18 de febrero de 2020, un grupo de extrabajadores se reunió en los exteriores de El Telégrafo, en Guayaquil, para reclamar sus pagos.

PRIMICIAS habló con una docena de extrabajadores, cuyos relatos se replican.

René Loor: “Trabajé en Cablevisión S.A. durante 27 años. Era camarógrafo. Me despidieron en 2018. Había irregularidades con los Isaías, luego con el Gobierno de Correa y en la época de Moreno la situación se agravó. No me pagan aún mi liquidación. Vivo de cualquier cosa que, a mis 53 años, pueda vender en la calle”.

El panorama es peor para los 30 empleados que sobreviven en las dos radios operativas de las cinco incautadas (Super K-800 y La Prensa): están impagos desde mediados de 2019.

“No nos dan solución. ¿Cómo se vive ocho meses sin recibir sueldo? Este gobierno ha tenido una indolencia extrema”, recalca el locutor Washington Sánchez, quien además lamenta que la administración privada (los Isaías) recién lo afilió al IESS en 2003, aunque él empezó a laborar en 1991.

“Hemos tenido la maldición de haber caído en las peores manos. No puedo tramitar mi jubilación patronal y tampoco usar los servicios de la seguridad social porque no han pagado al IESS en los últimos años”.

Allen Panchana Macay es PhD Candidate de la Universidad de Navarra en Media & Society. Su tesis doctoral versa sobre los medios públicos e incautados en Ecuador.