Colombia plantea a Ecuador revisar "caso por caso" deportación de presos

El Gobierno de Colombia, a través de dos de sus ministerios, señaló el 10 de enero del 2024 que no podrá recibir deportaciones masivas de presos desde Ecuador, pues la legislación obliga a estudiar "caso por caso".

La Cancillería y el Ministerio de Justicia del vecino país se pronunciaron en un comunicado conjunto frente al anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de deportar a más de 1.500 prisioneros a Colombia.

"El trámite de repatriación de connacionales en el exterior obliga a estudiar caso por caso las solicitudes, ya que este es un proceso individual -no masivo-, que responde a criterios objetivos y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad", indicaron.

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Inicialmente, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, había afirmado que si Ecuador expulsa a 1.500 colombianos presos en cárceles, el Gobierno tendrá que recibirlos con independencia de si tienen o no cuentas pendientes con la ley.

Lo sostuvo el 10 de enero de 2024, horas después de que el presidente Daniel Noboa asegurara que la repatriación de los presos de Colombia empezará el 11 de enero.

Y las declaraciones del Ministro de Justicia cambiaron ante el contexto de violencia que ha llevado a Ecuador a declarar el conflicto armado interno. Un día antes había asegurado, a Noticias Caracol, que "una repatriación masiva no va a existir”.

"Si los expulsan, en primer lugar, los están expulsando es de la cárcel; es decir, los están dejando en libertad y al llegar a la frontera, por supuesto que un ciudadano colombiano puede entrar a Colombia", manifestó Osuna en declaraciones a la prensa.

El Ministro respondió así al anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que en medio de la crisis de violencia que vive su país y que se originó en las cárceles, dijo que puede comenzar a sacar a los extranjeros presos para reducir el hacinamiento y controlar mejor la situación.

"Colombia dijo que nos querían ayudar y yo dije perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas", manifestó Noboa en una entrevista con Radio Canela, el 10 de enero.

En ella se refirió a los ofrecimientos de apoyo para enfrentar la violencia recibidos de varios países, entre ellos Colombia.

Noboa decretó el 8 de enero el estado de excepción en momentos en que se registraban disturbios en cárceles del país contra el traslado de reos.

La medida provocó el 9 de enero la reacción de grupos violentos que causaron terror con atentados con explosivos, y secuestros de policías e, incluso, encapuchados armados -ahora detenidos- ingresaron en un al canal TC Televisión, en Guayaquil.

Expulsiones por la frontera

El presidente Noboa agregó que esos presos colombianos "tienen ya sentencias de cinco años o más, ejecutoriadas" y, por lo tanto, pueden ser devueltos a su país de origen.

"De acuerdo a la ley ecuatoriana y tratados internacionales, podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera y muchas gracias, quédense por allá", agregó Noboa.

Al respecto, el ministro Osuna explicó que si el Gobierno ecuatoriano concreta ese plan, las autoridades colombianas tendrán que examinar la situación judicial de cada uno de los presos que sean expulsados por la frontera.

"Al llegar a Colombia, si (un preso) tiene alguna deuda pendiente con la Justicia colombiana, pues tendrá que ser capturado y si no la tiene, pues seguirá su vida en libertad en Colombia", explicó.

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Los dos países comparten una frontera terrestre de 586 kilómetros con varios pasos limítrofes, de los cuales el más importante es el de las ciudades de Ipiales (Colombia) y Tulcán (Ecuador).

Osuna aclaró que este procedimiento es diferente de una repatriación de presos, para lo cual hay que completar unos trámites legales en los que se examina la situación particular de cada uno y la posibilidad de que completen la condena en su país de origen. Además, el reo debe solicitar esa medida.

"Si es una expulsión, pues quiere decir que simplemente llegan a la frontera y ya dependerá de la situación de cada uno de ellos frente a la justicia colombiana", agregó el ministro.

Osuna reconoció que una situación de estas supondría un esfuerzo adicional para el sistema carcelario colombiano que también tiene graves problemas de hacinamiento.

"Si usted me pregunta si en la cárcel de Ipiales hay 1.500 cupos, por supuesto que no. Si hay una expulsión, miraremos si las personas deben ser capturadas y pasar a disposición de un juez", dijo el Ministro.